El bloqueo afecta a 15 vacantes entre el Tribunal Supremo y el TSJM. Fuentes del CGPJ atribuyen la decisión al sector próximo a Sánchez y sitúan el desbloqueo después de las elecciones.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta una nueva crisis interna a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según fuentes del propio órgano consultadas por Libertad Digital, los nueve vocales del sector izquierdista más próximo al Gobierno de Pedro Sánchez habrían decidido frenar los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo hasta después de los comicios.
La decisión tiene una consecuencia inmediata: varias salas del Alto Tribunal continúan con vacantes que llevan meses pendientes de cubrir y otras plazas ya han sido convocadas sin que exista todavía un acuerdo para su provisión.
La clave está en la aritmética del actual CGPJ. El Pleno necesita 13 de sus 21 votos para efectuar los nombramientos. Con los vocales divididos en bloques, ningún sector puede imponer por sí solo a sus candidatos.
Quince plazas pendientes entre el Supremo y Madrid
El atasco no se limita a una única vacante.
Según las fuentes citadas por Libertad Digital, el CGPJ tiene pendientes seis nombramientos en el Tribunal Supremo que proceden de vacantes ya existentes: cuatro en la Sala Segunda, Penal, y dos en la Sala Tercera, Contencioso-Administrativo.
En la Sala Penal, las vacantes se produjeron tras las jubilaciones de Ángel Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo, además de otra plaza correspondiente al turno de juristas.
En la Sala Tercera está pendiente la presidencia, vacante desde la jubilación de Pablo Lucas en julio de 2026, junto con otra plaza de magistrado.
A estas seis vacantes se suman otras nueve plazas cuyas convocatorias fueron aprobadas durante los plenos celebrados en septiembre:
- 4 plazas en la Sala Primera, Civil.
- 1 plaza en la Sala Segunda, Penal.
- 1 plaza en la Sala Tercera, Contencioso-Administrativo.
- 3 plazas en la Sala Cuarta, Social.
Además, está convocada la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El resultado es un escenario especialmente delicado para la cúpula judicial española: numerosas plazas pendientes y un órgano de gobierno dividido que necesita una mayoría cualificada para desbloquearlas.
La acusación de un bloqueo hasta después de las elecciones
La parte más controvertida de la información procede de las fuentes internas consultadas por Libertad Digital.
Estas fuentes aseguran que los nueve vocales próximos al Gobierno habrían decidido no realizar los nombramientos antes del 29 de noviembre y sostienen que la decisión habría sido comunicada después de meses de negociaciones.
Según este relato, el bloque conservador habría descubierto la intención de aplazar las decisiones cuando esperaba avanzar en los acuerdos, provocando un fuerte enfrentamiento interno.
Las mismas fuentes vinculan la posición de estos vocales con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al afirmar que actuarían siguiendo sus instrucciones.
Esta última afirmación debe entenderse como una acusación procedente de fuentes del CGPJ, no como una instrucción pública del ministro acreditada documentalmente. Esa distinción resulta esencial para no convertir una fuente interesada en un hecho probado.
Un CGPJ dividido en tres bloques
El actual Consejo presenta una división que complica cualquier negociación.
Según la información publicada, existen:
- 10 vocales conservadores.
- 9 vocales del sector izquierdista próximo al Gobierno.
- 1 vocal izquierdista independiente de ese bloque, Carlos Hugo Preciado.
Esta configuración convierte al último vocal en una pieza decisiva.
Carlos Hugo Preciado, elegido a propuesta de Sumar, habría apoyado en varias ocasiones posiciones respaldadas por el sector conservador. Las fuentes citadas por Libertad Digital aseguran que esa actitud le habría convertido en objetivo de las críticas de los nueve vocales próximos al Gobierno.
La situación revela una paradoja institucional: un vocal elegido desde la izquierda puede terminar siendo decisivo precisamente porque no vota automáticamente con el resto del bloque progresista.
La batalla por la Comisión Permanente
El conflicto sobre los nombramientos del Supremo llega después de otra disputa dentro del CGPJ.
La semana pasada, el Pleno aprobó por 12 votos frente a 9 una nueva composición de sus comisiones.
El acuerdo contó con el respaldo del sector conservador y de Carlos Hugo Preciado, después de que los conservadores retiraran su propia propuesta para apoyar una alternativa negociada.
El resultado permitió establecer una Comisión Permanente con una composición considerada equilibrada y formada por cuatro mujeres y cuatro hombres, incluida la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló.
Sin embargo, nueve vocales del sector próximo al Gobierno se opusieron al acuerdo.
El conflicto no se centró únicamente en la composición por sexos o en el pluralismo. Según las fuentes citadas, uno de los principales desacuerdos estaba relacionado con la incorporación a la Comisión Permanente de José María Fernández Seijo y Ricardo Bodas.
El sector que respaldó el acuerdo sostuvo que la independencia de criterio de cada vocal debía prevalecer sobre la disciplina de bloques.
Preciado, la pieza que altera las mayorías
La posición de Carlos Hugo Preciado puede ser determinante en esta nueva etapa del CGPJ.
Su voto permite romper la división matemática entre los 10 conservadores y 10 vocales izquierdistas.
Aunque su procedencia política se sitúa en el espacio progresista, las fuentes consultadas por Libertad Digital lo presentan como un vocal dispuesto a respaldar propuestas del sector conservador cuando considera que son adecuadas.
Por eso, su posición se ha convertido en uno de los elementos más sensibles de la política interna del Consejo.
El enfrentamiento no es meramente personal. Tiene una dimensión institucional: el voto de un vocal independiente puede determinar qué candidatos consiguen la mayoría necesaria para llegar al Supremo.
¿Por qué son tan importantes los nombramientos del Supremo?
El Tribunal Supremo ocupa la cúspide de la jurisdicción ordinaria española. Sus magistrados participan en decisiones que afectan a asuntos penales, civiles, contencioso-administrativos y sociales de enorme trascendencia.
Por eso, las vacantes acumuladas no son una cuestión menor.
La renovación de magistrados condiciona la composición de las salas y la capacidad del Alto Tribunal para absorber su carga de trabajo.
En este caso, además, existe un componente político evidente porque algunas de las vacantes corresponden a salas especialmente relevantes, como la Sala Segunda, encargada de los asuntos penales.
Y precisamente esta sala se encuentra en pleno proceso de renovación.
El antecedente: la batalla por la Sala Penal
El actual enfrentamiento no aparece de la nada.
Durante los últimos meses, la renovación de la Sala Segunda ha provocado fuertes tensiones entre los bloques del CGPJ.
Libertad Digital ya informó en septiembre de que el Gobierno de Sánchez tenía entre sus candidatos preferidos para la Sala Penal a José Ricardo de Prada y Silvina Bacigalupo, según fuentes jurídicas consultadas entonces.
De Prada adquirió especial notoriedad por su participación en la sentencia de la primera época del caso Gürtel, una resolución que tuvo consecuencias políticas decisivas y que contribuyó al contexto que desembocó en la moción de censura contra Mariano Rajoy.
El otro nombre, Silvina Bacigalupo, había formado parte en 2015 del equipo de expertos que asesoró al entonces candidato Pedro Sánchez y participó posteriormente en la elaboración de propuestas electorales socialistas.
Estos antecedentes explican por qué la elección de los nuevos magistrados de la Sala Penal se ha convertido en una batalla especialmente sensible dentro del CGPJ.
El bloqueo afecta también al TSJM
La disputa no se limita al Tribunal Supremo.
La presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también se encuentra convocada.
La importancia política de esta plaza es evidente por el peso institucional de Madrid y por la cantidad de procedimientos judiciales de relevancia nacional que se tramitan en la región.
Cualquier retraso en su cobertura prolonga una situación de interinidad en una de las presidencias judiciales más relevantes del país.
La cuestión que queda en el aire: ¿por qué esperar al 29-N?
Si se confirma que los nombramientos se aplazan hasta después de las elecciones generales, la fecha del 29 de noviembre adquiere una relevancia política extraordinaria.
La explicación oficial del CGPJ no consta en la información publicada que sustenta esta acusación. Lo que existe son fuentes internas que sostienen que el sector próximo al Gobierno habría tomado la decisión de esperar al resultado electoral.
El problema es evidente: los magistrados deberían ser elegidos por criterios profesionales e institucionales, no en función del calendario político.
Por eso, cualquier decisión de aplazar nombramientos por motivos electorales tendría que ser explicada públicamente y con máxima transparencia.
No es lo mismo retrasar un acuerdo porque los candidatos todavía no han sido suficientemente evaluados que hacerlo deliberadamente para conocer antes el resultado de unas elecciones generales.
Una pugna que pone a prueba la independencia del CGPJ
La controversia vuelve a situar al Consejo General del Poder Judicial en el centro del debate sobre la independencia judicial.
El actual CGPJ fue renovado después de años de bloqueo político y llegó con el compromiso de recuperar la normalidad institucional.
Sin embargo, las disputas internas entre bloques muestran que la lógica partidista continúa pesando sobre el órgano de gobierno de los jueces.
La existencia de sensibilidades ideológicas diferentes dentro del Consejo no constituye por sí misma un problema. Lo preocupante sería que los nombramientos judiciales quedaran condicionados por intereses partidistas.
Ese es precisamente el punto que deberá aclararse en las próximas semanas.
El 29-N como nueva fecha de la batalla judicial
La cercanía de las elecciones convierte cada decisión del CGPJ en un asunto especialmente sensible.
Si los nombramientos se mantienen paralizados hasta después del 29 de noviembre, el resultado electoral podría modificar el contexto político en el que se produzcan las negociaciones.
Y si finalmente se desbloquean inmediatamente después de los comicios, aumentarán inevitablemente las preguntas sobre si la espera estaba relacionada con el proceso electoral.
Por ahora, lo único que puede afirmarse con seguridad a partir de la información disponible es que existen numerosas vacantes pendientes y que las fuentes consultadas atribuyen al bloque próximo al Gobierno la intención de retrasar los nombramientos hasta después del 29-N.
La pelota está ahora en el tejado de los 21 miembros del CGPJ.
Su obligación será demostrar que las decisiones sobre el Tribunal Supremo responden a criterios profesionales, jurídicos y de interés institucional.
Porque si el órgano encargado de gobernar a los jueces termina convertido en otro campo de batalla electoral, la cuestión dejará de ser quién consigue una mayoría.
La pregunta será mucho más grave: quién decide realmente el futuro de la Justicia española y con qué criterios.
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