La polémica está servida. Lo que la Xunta presenta como una medida técnica para aliviar la sanidad pública, la oposición lo denuncia como un giro que podría favorecer a las empresas frente a los trabajadores.
La Xunta abre la puerta a las mutuas en las bajas médicas
El conselleiro de Emprego, José González, defendió en el Parlamento gallego que las mutuas colaboren en la realización de pruebas diagnósticas en procesos de baja laboral. Según explicó, esta medida no altera la competencia exclusiva de los médicos de atención primaria, que seguirán siendo los únicos responsables de conceder altas o prolongar incapacidades temporales.
González argumentó que esta propuesta no es una ocurrencia aislada, sino que forma parte del acuerdo social firmado en julio de 2024 entre el Gobierno central y los sindicatos, lo que legitima el uso de los recursos de las mutuas para reducir la carga del sistema sanitario.
Un problema económico de miles de millones
El debate no surge en el vacío. Según un estudio presentado por la Xunta —elaborado por universidades gallegas—, el absentismo laboral generó en Galicia un impacto económico de 4 217 millones de euros en 2024.
Los datos son contundentes:
- Galicia registra un 7,6 % de jornadas laborales perdidas, frente al 6,3 % nacional
- España lidera el ranking de la Unión Europea en absentismo
- La comunidad gallega ocupa posiciones altas en duración de bajas y casos superiores a 12 meses
Para el presidente autonómico, Alfonso Rueda, la situación exige actuar “por responsabilidad”, negando que las medidas supongan recortes de derechos.
Tres frentes: prevención, control y fraude
El plan defendido por la Xunta se articula en tres ejes clave:
- Prevención de bajas, mediante mejora del bienestar laboral
- Control de prolongaciones innecesarias, competencia autonómica
- Lucha contra posibles abusos del sistema
Desde el Ejecutivo gallego insisten en que no se trata de cuestionar a trabajadores ni médicos, sino de optimizar recursos ante un problema estructural.
La izquierda denuncia un enfoque “clasista”
Las críticas no se hicieron esperar. El diputado socialista Julio Torrado acusó a la Xunta de adoptar un enfoque “clasista” que, en su opinión, favorece a las mutuas —y por tanto a las empresas— frente a los trabajadores.
Torrado puso el foco en las causas estructurales del absentismo:
- Los trabajadores con salarios inferiores a 600 euros tienen tres veces más riesgo de problemas de salud mental
- Colectivos como las cuidadoras sufren altas tasas de lesiones musculoesqueléticas
El socialista denunció además que “poner en el punto de mira a médicos y profesionales es indigno”, defendiendo que el problema debe abordarse desde su raíz.
El trasfondo: ¿control necesario o sospecha generalizada?
La controversia revela un choque de modelos:
- Para la Xunta, el absentismo es un problema económico y de eficiencia
- Para la oposición, es una cuestión social vinculada a precariedad laboral y condiciones de trabajo
Mientras tanto, formaciones como el BNG han criticado que el Gobierno gallego evite abordar cuestiones como las horas extra no pagadas o la siniestralidad laboral, desviando el foco hacia los trabajadores.
Un debate que trasciende Galicia
El propio conselleiro recordó que el Gobierno central también reconoce el problema del absentismo, lo que evidencia que no se trata de un fenómeno local, sino nacional e incluso europeo.
Sin embargo, la clave está en el enfoque:
¿Se combate mejorando las condiciones laborales o reforzando el control sobre las bajas?
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