La esposa de Pedro Sánchez puso como garantía una vivienda en pleno centro de Madrid para obtener financiación bancaria pocas semanas después de que el juez Peinado concluyera la instrucción y propusiera juzgarla por cuatro presuntos delitos.
Un movimiento financiero en plena cuenta atrás judicial
A escasas semanas de afrontar una fase decisiva en el procedimiento judicial que investiga sus actividades al frente de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Begoña Gómez ha realizado un significativo movimiento patrimonial.
Según información registral conocida este fin de semana, la esposa del presidente del Gobierno formalizó el pasado mes de abril una hipoteca sobre una vivienda situada en el centro de Madrid, utilizando el inmueble como garantía para obtener un préstamo de 240.000 euros concedido por BBVA.
La operación se produjo apenas días después de que el magistrado Juan Carlos Peinado diera por concluida la instrucción del conocido como caso Begoña Gómez y apreciara indicios suficientes para proponer la apertura de juicio oral por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
Una vivienda en pleno corazón de Madrid
El inmueble utilizado como aval se encuentra en la calle del Prado, una de las zonas más cotizadas del centro de Madrid, a escasos metros de la plaza de Santa Ana y muy cerca del Congreso de los Diputados.
La vivienda cuenta con una superficie cercana a los 113 metros cuadrados y hasta abril figuraba compartida entre Begoña Gómez y su hermano Miguel Ángel Gómez.
Sin embargo, según la documentación registral, ambos formalizaron la disolución de la copropiedad el pasado 29 de abril, convirtiéndose Gómez en la única titular del inmueble.
Tan solo un día después, el 30 de abril, se firmó la operación hipotecaria con la entidad bancaria.
¿Búsqueda de liquidez ante un escenario judicial complejo?
La secuencia temporal de los acontecimientos ha despertado numerosas preguntas.
La hipoteca se formalizó apenas dos semanas después de que el juez Peinado dictara el auto de finalización de la instrucción, un momento procesal especialmente relevante porque acerca la posibilidad de que la esposa del presidente tenga que afrontar responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.
Fuentes jurídicas consultadas por distintos medios recuerdan que en este tipo de causas es habitual que los tribunales establezcan fianzas de responsabilidad civil antes incluso de celebrarse el juicio.
Estas cantidades sirven para garantizar que, en caso de condena, el investigado pueda responder económicamente por los daños ocasionados.
Más de 113.000 euros reclamados por la Complutense
Uno de los elementos clave del procedimiento es el software desarrollado para la cátedra que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense.
La propia universidad remitió al juzgado un informe cifrando en 113.509 euros el gasto de fondos públicos destinado al desarrollo de dicha herramienta tecnológica.
La documentación fue enviada expresamente para que pudiera tenerse en cuenta en materia de eventual responsabilidad civil.
Es decir, si finalmente existiera una condena, esa cantidad podría ser reclamada a los responsables que determinase la Justicia.
Pero el importe podría ser superior.
Los expertos recuerdan que la responsabilidad civil no se limita necesariamente al dinero invertido por una administración pública, sino que puede extenderse a otros posibles perjuicios económicos que pudieran acreditarse durante el procedimiento.
Una audiencia decisiva ante el juez Peinado
La operación financiera se conoce precisamente cuando Begoña Gómez debe comparecer en una audiencia preliminar convocada por el juez instructor.
A dicha vista también están llamados otros investigados de la causa, entre ellos la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El objetivo será analizar las posiciones de las partes y avanzar en el proceso que podría desembocar en la apertura formal de juicio oral.
El patrimonio de Begoña Gómez vuelve bajo el foco
La información sobre la hipoteca vuelve a situar el patrimonio de la esposa del presidente en el centro del debate público.
La vivienda de la calle del Prado no es la residencia habitual de la familia Sánchez-Gómez.
La pareja continúa siendo propietaria de otro inmueble situado en la exclusiva urbanización de Prado de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas residenciales con mayor renta per cápita de España.
Al estar casados en régimen de separación de bienes, ambas propiedades mantienen una situación jurídica diferenciada.
La presión judicial se intensifica sobre el entorno de Sánchez
La operación inmobiliaria se produce en un momento especialmente delicado para el entorno político y familiar del presidente del Gobierno.
Las investigaciones que afectan a distintos dirigentes y personas vinculadas al PSOE han elevado la presión sobre La Moncloa durante los últimos meses.
Mientras el Ejecutivo insiste en denunciar una supuesta persecución política y judicial, los procedimientos continúan avanzando en los tribunales.
La decisión de hipotecar una vivienda para obtener liquidez en pleno avance del procedimiento judicial añade ahora un nuevo elemento de análisis sobre la estrategia financiera y patrimonial de la esposa del presidente.
¿Simple operación patrimonial o medida preventiva?
Por el momento no existe ninguna explicación pública por parte de Begoña Gómez sobre los motivos concretos que la llevaron a solicitar el préstamo.
Sin embargo, la coincidencia temporal entre la obtención de los 240.000 euros y el cierre de la instrucción judicial alimenta las especulaciones sobre si se trata de una simple operación financiera o de una medida preventiva ante posibles obligaciones económicas derivadas del proceso.
La respuesta definitiva, previsiblemente, llegará conforme avance un procedimiento judicial que sigue situándose en el centro de la actualidad política española.
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