La Universidade de Santiago deja escapar 25 contratos clave por un fallo burocrático sin responsables. El impacto económico y científico desata críticas internas.
Un error administrativo que cuesta millones
Lo que ha ocurrido en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) no es un simple descuido: es un golpe directo a su prestigio académico y a su capacidad investigadora. La institución gallega ha perdido 25 contratos Ramón y Cajal, una de las principales vías de captación de talento científico en España, por no completar correctamente un trámite administrativo dentro del plazo establecido.
El resultado es demoledor: cerca de 7 millones de euros que debían reforzar su estructura investigadora han quedado en el aire. Y, sin embargo, la universidad ha decidido no depurar responsabilidades ni imponer sanciones.
Qué ocurrió: un fallo que deja fuera a la USC
El Consello de Goberno de la USC aprobó en noviembre remitir la solicitud a la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Sin embargo, pese a que el plazo finalizaba el 11 de diciembre, la documentación nunca fue enviada.
La consecuencia llegó el 9 de abril de 2026, cuando la AEI —dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades— notificó oficialmente que la USC quedaba fuera de la convocatoria 2025, adjudicándole cero plazas de las 494 ofertadas en toda España.
Un auténtico varapalo que impacta directamente en departamentos, institutos de investigación y, sobre todo, en los investigadores que aspiraban a estos contratos.
7 millones perdidos: el coste real del fallo
Cada contrato Ramón y Cajal está valorado en aproximadamente 60 000 euros anuales durante cinco años, lo que supone 300 000 euros por investigador. Multiplicado por las 25 plazas solicitadas, la cifra asciende a unos 7 millones de euros.
Este dinero, financiado en gran parte por el Estado, no solo habría servido para atraer talento, sino también para fortalecer la competitividad científica de la universidad.
Además, el modelo exige que las universidades conviertan estos contratos en plazas estables al finalizar el programa, lo que implica una estrategia a largo plazo que ahora queda completamente frustrada.
Sin sanciones: una decisión polémica
A pesar de la magnitud del error, fuentes del equipo rectoral han confirmado que la USC opta por “hacer borrón y cuenta nueva”, descartando la apertura de expedientes o cualquier tipo de sanción.
Esta decisión ha generado inquietud, ya que plantea una cuestión incómoda:
¿Cómo es posible que una negligencia de este calibre no tenga consecuencias internas?
La nueva rectora y su primer gran problema
El incidente ha estallado justo en el relevo de poder. La nueva rectora, Rosa Crujeiras Casais, se ha encontrado con esta crisis apenas un día antes de su toma de posesión.
El problema no es menor: además del daño reputacional, la USC no puede asumir con fondos propios contratos equivalentes, lo que limita gravemente su margen de actuación a corto plazo.
La excusa tecnológica: ¿fallo humano o sistema deficiente?
Desde la dirección de la USC se apunta a una “falla de comunicación” y a la falta de herramientas digitales como causa principal. La solución planteada pasa por informatizar y sistematizar la burocracia interna para evitar que vuelva a ocurrir.
Sin embargo, este argumento abre otro debate:
¿Puede una institución de este nivel justificar un error de millones en la falta de automatización?
Mirando a 2026: más plazas, pero sin garantías
La universidad ya trabaja con la vista puesta en la próxima convocatoria de Ramón y Cajal 2026, donde prevé solicitar un mayor número de plazas.
Pero la duda persiste:
¿bastará con pedir más contratos para compensar una gestión que ha demostrado ser claramente deficiente?
Un precedente preocupante para la gestión pública
Este episodio no solo afecta a la USC. Refleja un problema estructural más amplio en la gestión de fondos públicos destinados a la investigación en España:
burocracia excesiva, falta de control interno y ausencia de responsabilidades claras.
Porque cuando se pierden millones de euros públicos sin consecuencias, el mensaje que se envía es inquietante.
¿Estamos ante un simple error administrativo o ante un síntoma más de la falta de rigor en la gestión universitaria pública?
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