La tensión crece en el municipio gallego de Sada tras una denuncia que pone en entredicho la gestión del Ayuntamiento frente al ruido nocturno. Cinco vecinos del barrio de A Ponte han decidido dar un paso más y exigir responsabilidades económicas por lo que consideran una dejación institucional.
Vecinos hartos: denuncias ignoradas y noches sin descanso
Lo que comenzó como simples quejas vecinales ha terminado convirtiéndose en un conflicto legal. Cinco residentes de A Ponte han presentado una reclamación patrimonial de 36.000 euros contra el Concello de Sada, al que acusan directamente de “inactividad” frente a los excesos de la hostelería.
Según los afectados, llevan desde el verano de 2023 soportando ruidos constantes y música hasta altas horas de la madrugada, coincidiendo con la reapertura de un establecimiento en la zona. Denuncian que esta situación ha provocado graves trastornos en su descanso y calidad de vida, sin que las autoridades hayan actuado con contundencia.
Pero el punto más polémico va más allá del ruido: aseguran que las mediciones acústicas realizadas ni siquiera fueron incorporadas a los expedientes administrativos, lo que pone en duda la transparencia y eficacia del proceso. Además, denuncian el silencio del consistorio ante los requerimientos de la Valedora do Pobo, una institución clave en la defensa de los derechos ciudadanos en Galicia.
El Concello se defiende: expediente abierto y sanción en curso
Desde el Concello de Sada rechazan las acusaciones de pasividad. Admiten que existe un expediente de reclamación patrimonial en curso, actualmente en fase de audiencia, donde los denunciantes podrán presentar alegaciones.
Además, el Ayuntamiento recuerda que ya se abrió un expediente sancionador contra el local señalado, tras una medición realizada el 8 de agosto, en pleno periodo festivo, donde se detectó que el establecimiento superaba en dos puntos el límite legal de ruido permitido.
No obstante, desde el gobierno local intentan rebajar la gravedad del asunto, asegurando que la zona “no es ni de lejos una área de movida como en el pasado”, destacando que actualmente solo hay tres locales de hostelería y ninguna discoteca.
Un conflicto que refleja un problema mayor
Aunque la polémica gira en torno a un único establecimiento, los vecinos denuncian un problema estructural: la falta de control efectivo sobre la actividad hostelera y la ausencia de respuesta institucional ante reiteradas quejas ciudadanas.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa un debate cada vez más presente en España: el equilibrio entre el ocio nocturno y el derecho al descanso. Mientras algunos ayuntamientos endurecen las normativas, otros parecen quedar atrapados entre intereses económicos y la presión vecinal.
¿Responsabilidad institucional o exageración vecinal?
El futuro del caso dependerá ahora del dictamen del órgano consultivo, que deberá determinar si existe responsabilidad patrimonial por parte del Concello. Pero más allá del resultado jurídico, la pregunta sigue en el aire:
¿Estamos ante una negligencia institucional que vulnera derechos básicos o frente a una sobrerreacción en un contexto urbano normal?
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