La quema o destrucción de estos equipos públicos puede derivar en cárcel, multa penal y una factura de decenas de miles de euros.
Quemar, arrancar o inutilizar un cinemómetro no es una simple gamberrada. En Sevilla y su entorno, la difusión de vídeos sobre ataques a radares ha reabierto un debate incómodo: hasta dónde llega la protesta contra la presión recaudatoria del tráfico y cuándo esa protesta cruza la línea del delito.
La respuesta legal es clara. Destrozar un radar puede suponer penas de prisión, multas económicas y la obligación de pagar la reparación o sustitución del aparato. Y si los daños se causan mediante incendio, el castigo puede ser aún mayor.
Según la información difundida por Diario de Sevilla, la Guardia Civil investiga varios ataques a radares en Sevilla y su entorno después de que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales. La calificación definitiva dependerá de la investigación y, en su caso, de la autoridad judicial.
Qué penas prevé el Código Penal por destrozar un radar
La Dirección General de Tráfico advierte de que la vandalización de estos dispositivos puede encajar en un delito de daños regulado en los artículos 263 a 267 del Código Penal. No se trata, por tanto, de una infracción administrativa de tráfico, sino de una posible responsabilidad penal.
En los supuestos agravados a los que alude la DGT, el artículo 263.2 prevé de uno a tres años de prisión y multa de 12 a 24 meses. Esta agravación puede aplicarse, entre otros casos, cuando los daños recaen sobre bienes de dominio o uso público o cuando se causan para impedir el libre ejercicio de la autoridad.
Es un punto relevante, porque los radares son dispositivos de titularidad pública destinados al control del tráfico. Por eso, aunque en el debate público haya quien reduzca estos ataques a una reacción airada contra las sanciones, la ley los sitúa en un plano mucho más serio.
Cuándo puede llegar a cinco años de prisión
El escenario más grave aparece cuando los daños se cometen mediante incendio o con medios de especial potencia destructiva. En ese caso, el artículo 266.2 del Código Penal contempla penas de tres a cinco años de prisión y multas de 12 a 24 meses, siempre que concurran las circunstancias agravadas del artículo 263.2.
Esto afecta de lleno a algunos de los vídeos difundidos en Sevilla, donde, según la información publicada, se observa cómo se prende fuego a un radar o se arranca por completo de su instalación. Ahora bien, conviene subrayarlo: será un juez quien determine la calificación penal concreta de cada episodio, una vez acreditados los hechos y la autoría.
La diferencia no es menor. No es lo mismo dañar parcialmente un equipo que quemarlo o destruirlo por completo. La gravedad del daño y la forma de ejecutarlo pueden influir directamente en la condena.
La multa penal no es fija y depende de la situación económica
Uno de los aspectos que más confusión genera es la cuantía de la multa. En España, la multa penal no funciona como una sanción cerrada con una cifra automática. Se calcula mediante el sistema de días-multa, de forma que el juez fija tanto la duración como la cuota diaria.
Según el artículo 50 del Código Penal, la cuota diaria puede oscilar entre 2 y 400 euros. Eso significa que la cantidad final no será la misma para todos los condenados, sino que dependerá de sus circunstancias personales y económicas.
En la práctica, esto introduce un elemento importante: destrozar un radar no solo expone a quien lo hace a la cárcel, sino también a una sanción económica que puede escalar de forma notable según el caso.
El coste del radar también corre a cargo del responsable
A la pena de prisión y a la multa penal se suma otra consecuencia directa: la responsabilidad civil. Es decir, quien cause los daños debe asumir el coste de reparación o reposición del dispositivo.
La propia DGT detalló en febrero de 2025 que un radar fijo tiene un coste aproximado de 67 000 euros, mientras que un radar de tramo ronda los 66 000 euros. Son cifras relevantes porque desmontan cualquier intento de presentar estos ataques como actos menores sin impacto económico.
En otras palabras, además del castigo penal, la factura puede ser muy elevada para el autor. Y esa factura no sale del aire: afecta a recursos públicos que después deben volver a destinarse a reponer equipos destruidos.
Sevilla, redes sociales y un debate que va más allá del vandalismo
Los últimos ataques investigados en Sevilla han ganado visibilidad por su difusión en redes. Ese detalle no es menor, porque convierte un hecho delictivo presunto en un fenómeno de imitación, exhibición y desafío público a la autoridad.
También abre un debate político y social de fondo. Existe un malestar evidente de muchos conductores con la política sancionadora y con la proliferación de radares. Pero ese malestar, por legítimo que sea en el terreno de la crítica pública, no ampara la destrucción de bienes públicos. Una cosa es cuestionar la estrategia recaudatoria de la administración y otra muy distinta asumir que la violencia contra instalaciones públicas puede normalizarse.
Ese matiz es esencial en un momento en el que parte del debate digital tiende a trivializar conductas que, según el Código Penal, pueden acabar en prisión. El daño no se limita al aparato. También erosiona la seguridad jurídica y traslada el mensaje de que la frustración basta para justificar cualquier acto.
Qué se investiga exactamente en los ataques a radares
Por ahora, la Guardia Civil trata de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. A partir de ahí, la clave estará en determinar varios elementos:
- La autoría de los hechos.
- El alcance real de los daños causados en cada radar.
- El método utilizado, especialmente si hubo incendio.
- La naturaleza pública del bien afectado.
- La eventual intención de impedir la acción de la autoridad.
De esa valoración dependerá si los hechos se encuadran en un tipo básico o en un delito de daños agravado. De nuevo, la prudencia jurídica obliga a separar las imágenes difundidas en redes de la futura calificación penal.
Destrozar un radar no es protesta, es un posible delito
Conviene insistir en la idea central. Según la DGT y la regulación citada del Código Penal, destrozar un radar puede acarrear:
- De uno a tres años de prisión en supuestos agravados.
- De tres a cinco años de prisión si los daños se cometen mediante incendio y concurren esas agravantes.
- Multa de 12 a 24 meses, calculada con el sistema de días-multa.
- Pago de la reparación o reposición del dispositivo dañado.
En un contexto de creciente tensión entre conductores y administración, conviene no perder de vista lo esencial: la crítica a los radares puede formularse por vías políticas, judiciales o sociales, pero la destrucción de un bien público coloca al autor ante un escenario penal severo. Y en Sevilla, con la investigación ya en marcha, esa advertencia deja de ser teórica para convertirse en una posibilidad muy real.


