Símbolo del aparato represivo del chavismo durante más de dos décadas, El Helicoide podría encarar ahora una transformación histórica. Tras anunciar una ley de amnistía general para los presos políticos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha propuesto convertir el emblemático recinto en un centro social y deportivo, una iniciativa que ha reabierto un intenso debate nacional sobre memoria, justicia y reparación.
Desde la oposición y organizaciones de derechos humanos, sin embargo, reclaman que El Helicoide no sea reconvertido sin antes asumir su pasado, y plantean que el edificio albergue un museo de la dictadura chavista, destinado a preservar la memoria de las víctimas de la represión y a evitar que los abusos queden en el olvido.
De proyecto futurista a centro de detención
El Helicoide, llamado así por su estructura en espiral, fue concebido a mediados de los años cincuenta como un ambicioso proyecto arquitectónico. Diseñado por los arquitectos Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst, aspiraba a convertirse en el centro comercial más moderno de América Latina, con más de 350 locales, hotel de cinco estrellas, cine, helipuerto y acceso íntegro en automóvil mediante rampas de varios kilómetros.
La quiebra de la empresa promotora y la falta de financiación paralizaron las obras a comienzos de los años sesenta. Décadas después, el Estado venezolano fue ocupando el recinto con dependencias policiales y de inteligencia, hasta que terminó funcionando como centro de detención para presos comunes y, sobre todo, presos políticos.
Un lugar marcado por la represión
Durante el chavismo, El Helicoide pasó a ser una de las cárceles más temidas del país. Allí operan el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana, según han documentado ONG como Foro Penal.
Numerosos exdetenidos han denunciado hacinamiento, celdas sin ventilación ni luz natural, torturas, descargas eléctricas, palizas y negación de atención médica. En ese centro murieron figuras emblemáticas de la oposición, como el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel o el concejal Fernando Albán.
El exdiputado opositor Renzo Prieto, que pasó cuatro años recluido en El Helicoide, describió las condiciones como “inhumanas”, con presos durmiendo en el suelo, rodeados de ratas y escuchando las torturas infligidas a otros detenidos.
El debate: reconciliación o memoria
La propuesta de Delcy Rodríguez de transformar El Helicoide en un centro social busca, según el Gobierno, “reparar las heridas de la confrontación política” y favorecer la convivencia nacional. La iniciativa se produce en paralelo a la ley de amnistía general, que excluye delitos graves como homicidios, narcotráfico o violaciones de derechos humanos.
No obstante, voces opositoras sostienen que reconvertir el edificio sin un proceso previo de verdad y justicia supondría borrar uno de los símbolos más claros de la represión estatal. Para dirigentes como Roberto Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional, El Helicoide debería convertirse en un museo que documente los abusos cometidos y rinda homenaje a las víctimas.
Denuncias internacionales
En 2023, una misión independiente de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que las autoridades venezolanas utilizaron la tortura y los malos tratos como herramientas para generar un clima de miedo en la sociedad civil. El informe subrayó el impacto simbólico de las salas de tortura de El Helicoide como elemento disuasorio contra la disidencia política.
El centro volvió recientemente al foco internacional después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara el cierre de una “cámara de torturas” en Caracas, en el contexto del acercamiento diplomático con el Gobierno venezolano.
Un futuro aún por decidir
Mientras las familias de los detenidos siguen esperando a las puertas del recinto la liberación de sus allegados —más de 700 personas continúan encarceladas, según Foro Penal—, el destino final de El Helicoide permanece abierto.
El proceso de transición política en Venezuela determinará si este edificio, concebido como símbolo del progreso en los años cincuenta y convertido después en epicentro del terror estatal, se transforma en un espacio de convivencia o en un lugar de memoria que recuerde las peores páginas de la historia reciente del país.