España se ha convertido en uno de los principales destinos de solicitantes de protección internacional en la Unión Europea, pero sigue situándose entre los países que menos asilo conceden. Los datos vuelven a abrir el debate sobre la política migratoria, la gestión de fronteras y el modelo de integración impulsado desde Bruselas.
España, entre los países que más solicitudes recibe
España fue en 2025 el tercer país de la Unión Europea que más peticiones de asilo registró, únicamente por detrás de Alemania y Francia.
Según el informe anual presentado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el territorio español recibió 144.396 solicitudes de protección internacional, aunque esta cifra supone un descenso del 13,7% respecto al año anterior.
Los principales países de origen de los solicitantes fueron:
- Colombia
- Perú
- Senegal
Pese a estas cifras, España continúa mostrando una de las políticas más restrictivas de reconocimiento de protección internacional dentro de la Unión Europea.
A la cola de Europa en concesión de asilo
El dato más llamativo del informe es la baja tasa de reconocimiento.
España concedió protección internacional únicamente en el 11,2% de los casos analizados, una cifra muy inferior a la media europea, situada en torno al 35%.
Esto coloca al país en el antepenúltimo puesto de toda la Unión Europea, solo por delante de Croacia y Chipre.
La diferencia refleja una interpretación mucho más restrictiva de los criterios de asilo respecto a otros socios comunitarios.
Desde CEAR consideran que una de las razones es la existencia de mecanismos alternativos de regularización mediante la legislación de extranjería, circunstancia que históricamente ha reducido el reconocimiento de solicitudes de refugio.

Bruselas endurece el control migratorio
El informe se presenta en un momento especialmente relevante tras la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La nueva normativa impulsada por Bruselas pretende reforzar el control fronterizo, acelerar los procedimientos y facilitar las devoluciones de inmigrantes que no obtengan protección internacional.
Diversas organizaciones humanitarias consideran que este nuevo modelo supone un endurecimiento significativo de la política migratoria europea.
Entre las medidas más controvertidas figura la creación de una lista común de países considerados «seguros», cuyos ciudadanos tendrán mayores dificultades para obtener asilo.
En esa lista aparecen países como:
- Turquía
- Colombia
- Egipto
- Túnez
Una decisión que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El debate sobre las devoluciones gana intensidad
Otra de las medidas que más preocupación genera es el futuro Reglamento de Retorno impulsado por la Unión Europea.
El sistema contempla la posibilidad de trasladar inmigrantes irregulares a centros de deportación situados en terceros países, incluso aunque no exista una vinculación previa con esos territorios.
El modelo recuerda al sistema impulsado por Italia con centros de recepción en Albania y representa un cambio profundo en la estrategia migratoria europea.
Los defensores de estas medidas consideran que permiten combatir las mafias de tráfico de personas y reforzar el control de las fronteras exteriores.
Sus detractores advierten, en cambio, del riesgo de que Europa delegue responsabilidades jurídicas y humanitarias en países con estándares democráticos más débiles.
Menos llegadas, pero más peligrosas
Aunque las cifras de entrada irregular han disminuido en determinadas rutas, los riesgos para quienes intentan llegar a Europa continúan aumentando.
El informe destaca que las llegadas a Canarias descendieron un 62% durante 2025, mientras que la ruta hacia Baleares experimentó un incremento superior al 24%.
Las organizaciones que trabajan sobre el terreno alertan además de un deterioro físico y psicológico cada vez mayor entre los migrantes que alcanzan territorio español.
Las travesías son más largas, más peligrosas y están cada vez más condicionadas por las nuevas políticas de contención migratoria impulsadas tanto por Bruselas como por distintos gobiernos nacionales.
Crece la presión sobre el sistema de acogida
Más allá de las cifras de entrada, el informe también pone el foco sobre los problemas de integración y acceso a servicios básicos.
Las entidades sociales denuncian dificultades relacionadas con:
- El acceso al empadronamiento.
- La obtención de vivienda.
- El acceso al Ingreso Mínimo Vital.
- Los procesos administrativos de regularización.
Además, alertan de un aumento de los delitos de odio registrados durante el último año.
Un debate que seguirá creciendo
La inmigración vuelve a consolidarse como uno de los grandes asuntos políticos y sociales de Europa.
Mientras Bruselas endurece progresivamente sus mecanismos de control fronterizo, países como España continúan enfrentándose al reto de gestionar decenas de miles de solicitudes de protección internacional cada año.
La gran cuestión sigue abierta: ¿debe priorizarse el control de fronteras o ampliarse las vías legales de protección y acogida? La respuesta marcará buena parte del futuro migratorio de Europa durante la próxima década.

