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    Inmobiliario

    FAI alerta de un desplome del 30% en los alquileres por el decreto

    noviembre 16, 2026No hay comentarios10 minutos
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    La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias advierte de que la nueva regulación puede reducir las operaciones de alquiler hasta un 30%. Su estudio recoge 5 758 viviendas y operaciones afectadas antes de la convalidación.

    La nueva normativa de vivienda amenaza con añadir más tensión a un mercado que ya sufre una oferta insuficiente y precios elevados. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) prevé que las operaciones de alquiler residencial habitual puedan caer entre un 25% y un 30% durante los próximos meses tras la convalidación del Real Decreto-ley 29/2026.

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    La advertencia llega después de que la Diputación Permanente del Congreso aprobara la continuidad de la norma el 12 de noviembre de 2026. Según el presidente de FAI, José María Alfaro, las agencias están detectando propietarios que se plantean abandonar el alquiler residencial cuando se acercan las renovaciones o el vencimiento de sus contratos.

    La federación considera que las medidas pueden provocar el efecto contrario al que persigue el Gobierno: reducir la vivienda disponible para quienes buscan un alquiler estable. Su previsión se apoya en una encuesta a más de 600 agencias inmobiliarias y en los datos que estas han comunicado sobre inmuebles retirados, cambios de modalidad y operaciones bloqueadas.

    FAI advierte de una caída de hasta el 30% en las operaciones de alquiler

    La previsión de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias dibuja un escenario preocupante para los próximos meses. La organización estima que el volumen de operaciones de alquiler residencial habitual podría reducirse entre un 25% y un 30% como consecuencia de la incertidumbre generada por los cambios normativos.

    José María Alfaro ha asegurado que las inmobiliarias están recibiendo consultas de propietarios que dudan si mantener sus viviendas en el mercado. La preocupación aparece especialmente cuando se aproxima la actualización, renovación o finalización de un contrato.

    «La medida es absolutamente contraproducente, como se está viendo ya en el parque actual de vivienda disponible para arrendar», ha afirmado el presidente de FAI.

    La federación sostiene que el problema no se limita a una posible reducción de nuevas firmas. También incluye viviendas que dejan de ofrecerse para residencia habitual, inmuebles que pasan a la compraventa y propietarios que optan por otras fórmulas de arrendamiento.

    Es importante precisar que el descenso del 25% al 30% es una previsión de FAI, no una caída ya constatada en las estadísticas oficiales. Su evolución dependerá de las decisiones de los propietarios y del comportamiento efectivo del mercado durante los próximos meses.

    Más de 600 inmobiliarias detectan problemas tras los cambios normativos

    Para respaldar su advertencia, FAI ha difundido los resultados de un estudio exprés elaborado a partir de las respuestas de más de 600 agencias inmobiliarias de las principales ciudades y capitales de provincia.

    El dato más llamativo es que el 88,9% de las agencias consultadas aseguró haber detectado incidencias en el mercado del alquiler relacionadas con los cambios normativos. El 11,1% restante afirmó que su actividad no había experimentado modificaciones.

    Entre los efectos señalados por las inmobiliarias destacan:

    • 78,1% detectó retirada de viviendas del alquiler residencial habitual.
    • 72,4% señaló un freno en la firma de contratos.
    • 56,6% observó traslados de inmuebles hacia la compraventa.
    • 38,9% identificó cambios hacia modalidades alternativas, como el alquiler de temporada o por habitaciones.

    Estos porcentajes describen las respuestas de las agencias encuestadas y no deben interpretarse como porcentajes del conjunto de viviendas españolas. Tampoco son una estadística oficial sobre la evolución nacional del mercado.

    Aun con esa cautela, los resultados reflejan la preocupación de una parte del sector inmobiliario por las consecuencias que puede tener la regulación sobre las decisiones de los propietarios.

    5 758 viviendas y operaciones afectadas según FAI

    La federación también ha recopilado cifras sobre los movimientos comunicados por las agencias antes de la convalidación del decreto.

    El balance incluye 2 067 viviendas retiradas del alquiler residencial habitual, otras 1 224 trasladadas a la compraventa y 944 desviadas hacia modalidades alternativas de arrendamiento.

    En conjunto, son 4 235 inmuebles retirados o desviados del mercado de alquiler habitual. A esa cantidad se añaden 1 523 firmas de contratos bloqueadas, lo que eleva a 5 758 el número de viviendas y operaciones afectadas que recoge el estudio.

    Incidencia comunicadaCifra
    Viviendas retiradas del alquiler habitual2 067
    Viviendas trasladadas a la compraventa1 224
    Viviendas desviadas a otras modalidades de alquiler944
    Total de viviendas retiradas o desviadas4 235
    Firmas de contratos bloqueadas1 523
    Total de viviendas y operaciones afectadas5 758

    La distinción entre inmuebles y operaciones es relevante: las 5 758 unidades no representan necesariamente viviendas distintas, sino la suma de las categorías comunicadas por FAI, que incluyen tanto cambios en el destino de los inmuebles como contratos cuya firma se habría paralizado.

    La organización interpreta estos datos como una señal de que las nuevas reglas pueden estar desincentivando la oferta residencial. Sin embargo, para medir el impacto real sobre todo el mercado será necesario contrastar estas cifras con las estadísticas oficiales de contratos, oferta y precios.

    Qué medidas incluye el Real Decreto-ley 29/2026

    El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 7 de octubre y entró en vigor, con las salvedades previstas en su texto, el día 8. La Diputación Permanente del Congreso acordó convalidarlo el 12 de noviembre, decisión publicada en el BOE al día siguiente.

    La norma reúne medidas sobre arrendamientos, protección de inquilinos, fiscalidad y vivienda pública. Entre sus disposiciones más relevantes para el mercado del alquiler figuran:

    • Regulación de los alquileres temporales y por habitaciones: exige que exista una causa temporal real y acreditada. Si no se justifica esa necesidad, el contrato puede considerarse de vivienda habitual.
    • Límite al precio del alquiler por habitaciones: la suma de las rentas de las habitaciones no puede superar, en los términos previstos por la norma, el precio del arrendamiento de la vivienda completa.
    • Prórrogas extraordinarias: contempla mecanismos para extender determinados contratos de vivienda habitual hasta un máximo de dos años adicionales, si se cumplen los requisitos legales.
    • Limitación de las actualizaciones de renta: establece reglas extraordinarias para las actualizaciones comprendidas entre su entrada en vigor y el 31 de diciembre de 2027.
    • Protección frente a desahucios: incorpora medidas para determinados hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
    • Cambios fiscales: introduce incentivos y modificaciones tributarias vinculadas al uso residencial de las viviendas.

    La norma también contempla medidas para aumentar el parque público y asequible. El debate está en si esas actuaciones serán suficientes para compensar los posibles efectos disuasorios que denuncia parte del sector privado.

    Alquiler temporal y por habitaciones: el cambio que preocupa a los propietarios

    Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la regulación de los contratos temporales y de habitaciones.

    El decreto establece que los alquileres de temporada deben responder a una causa temporal expresa, real y acreditable. Cuando no exista esa justificación, el contrato podrá recibir el tratamiento jurídico de un arrendamiento de vivienda habitual, con las garantías y obligaciones correspondientes.

    La medida pretende evitar que se utilicen contratos temporales para cubrir necesidades residenciales permanentes sin aplicar las protecciones previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

    También introduce un límite para el alquiler por habitaciones: la suma de las rentas individuales no podrá superar el importe que correspondería al alquiler de la vivienda completa, en los términos establecidos por la norma.

    El Gobierno defiende que estas disposiciones cierran vías utilizadas para eludir las garantías del alquiler habitual. Desde la perspectiva de los propietarios y de parte del sector inmobiliario, sin embargo, el aumento de obligaciones y la incertidumbre sobre la calificación de los contratos pueden influir en la decisión de poner una vivienda en alquiler.

    La cuestión es especialmente importante en las ciudades con una elevada demanda de estudiantes, trabajadores desplazados y residentes que necesitan contratos de duración limitada.

    El Gobierno defiende la protección de los inquilinos y la función social de la vivienda

    El Ejecutivo justifica la reforma como una respuesta a la crisis de acceso a la vivienda. El texto del Real Decreto-ley sostiene que determinados contratos temporales y por habitaciones pueden utilizarse para evitar las garantías del alquiler residencial y reducir la oferta destinada a quienes necesitan un hogar estable.

    La norma también recoge medidas de protección para inquilinos vulnerables, incentivos fiscales al alquiler asequible y actuaciones para ampliar el parque público.

    Uno de los argumentos centrales del Gobierno es que España necesita aumentar la oferta de vivienda y evitar que los inmuebles destinados a residencia permanente se desvíen hacia usos que dificulten el acceso de las familias.

    El propio decreto cita un déficit residencial de 750 000 viviendas, atribuido al Banco de España. También recoge que, según los datos de Eurostat correspondientes a 2025, el 26,8% de los hogares españoles que vivían de alquiler a precios de mercado destinaba más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda.

    El desacuerdo no está, por tanto, en la existencia de un problema de acceso a la vivienda, sino en la eficacia de las herramientas elegidas para resolverlo. Mientras el Gobierno apuesta por ampliar las garantías y regular determinadas modalidades de alquiler, FAI advierte de que las nuevas obligaciones pueden provocar que algunos propietarios opten por no alquilar.

    El riesgo de reducir la oferta en un mercado que ya está tensionado

    La advertencia de FAI llega en un contexto de dificultades para encontrar vivienda en alquiler, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas con mayor demanda laboral y residencial.

    Si una parte de los propietarios decide retirar sus inmuebles, venderlos o cambiar su modalidad de arrendamiento, el número de viviendas disponibles para contratos habituales podría reducirse todavía más.

    Ese escenario tendría consecuencias para quienes buscan piso: menos alternativas, más competencia entre candidatos y mayores dificultades para encontrar una vivienda que se ajuste a sus ingresos y necesidades.

    No obstante, la previsión de FAI todavía debe comprobarse con datos posteriores a la entrada en vigor y convalidación de la norma. El estudio refleja la percepción de las agencias consultadas y las incidencias que estas comunican, pero no permite concluir por sí solo que el decreto vaya a provocar una caída nacional del 30%.

    La evaluación deberá tener en cuenta también cuántos propietarios mantienen sus viviendas en el mercado, cuántos contratos se firman y cómo evolucionan los precios y la oferta en los próximos trimestres.

    La política de vivienda se enfrenta a una prueba decisiva

    La polémica vuelve a poner sobre la mesa una de las grandes contradicciones del mercado inmobiliario español: proteger a los inquilinos sin expulsar a los propietarios del alquiler residencial.

    Las garantías contractuales pueden aportar estabilidad a quienes viven de alquiler, pero su eficacia depende también de que exista una oferta suficiente. Si las medidas reducen los incentivos para alquilar, el resultado podría perjudicar precisamente a las personas que necesitan encontrar vivienda.

    La responsabilidad del Gobierno no termina con aprobar nuevas obligaciones. También debe demostrar que sus políticas aumentan la disponibilidad de pisos, aceleran la construcción y ofrecen seguridad jurídica a quienes ponen sus inmuebles en el mercado.

    Por ahora, la cifra del 30% es una previsión de FAI, no un resultado confirmado. Pero la advertencia de las agencias inmobiliarias merece atención: si el alquiler habitual pierde viviendas más rápido de lo que se incorporan nuevas, la crisis de acceso puede agravarse en lugar de resolverse.

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