Bomberos, policías y trabajadores sociales cuestionan su papel en algunos lanzamientos, pero la ley no reconoce una objeción de conciencia general para los empleados públicos.
El debate ha vuelto al primer plano en Madrid tras el desahucio de una mujer de 87 años y la creciente movilización por la vivienda. Algunos profesionales de Bomberos y Samur Social reclaman no ser movilizados para determinados lanzamientos al considerar que esas actuaciones no forman parte de sus competencias o que la intervención puede terminar legitimando una situación para la que no existe una alternativa residencial adecuada.
La cuestión, sin embargo, tiene una dimensión estrictamente jurídica: ¿puede un empleado público negarse por razones de conciencia a cumplir una orden relacionada con un desahucio?
La respuesta no es un simple sí o no. Depende del puesto concreto, las funciones atribuidas, quién dicta la orden y si esa orden es conforme al ordenamiento jurídico.
La regla general: el empleado público debe cumplir sus funciones
El Estatuto Básico del Empleado Público establece que quienes trabajan para las Administraciones deben desempeñar con diligencia las tareas que tienen asignadas y actuar conforme a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Además, el artículo 54 establece que los empleados públicos deben obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de sus superiores, salvo cuando estas constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. En ese caso, deben ponerlo en conocimiento de los órganos de inspección correspondientes.
La normativa disciplinaria también contempla como falta muy grave la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, con la excepción de aquellas que sean manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico.
Por tanto, no existe una libertad general para que un funcionario decida individualmente qué órdenes profesionales cumple y cuáles no en función de sus convicciones personales.
La Administración, al mismo tiempo, tampoco puede exigir a un trabajador que ejecute una actuación manifiestamente ilegal.
¿Existe una «objeción de conciencia» para los desahucios?
Aquí se encuentra uno de los puntos centrales del debate.
El Tribunal Constitucional ha establecido que la objeción de conciencia no constituye un derecho general que permita quedar exento de cualquier obligación legal por motivos personales. Su reconocimiento depende del supuesto concreto y de su regulación jurídica.
Esto resulta especialmente relevante en el caso de los desahucios.
Un bombero, policía o trabajador social no dispone, por el mero hecho de considerar injusto un lanzamiento, de un derecho general a apartarse de sus funciones.
Otra cuestión distinta es que la actuación que se le ordene realizar no corresponda a las funciones de su puesto, que exista un defecto jurídico en la orden o que la intervención pueda vulnerar otras obligaciones profesionales.
En esos casos, el trabajador dispone de mecanismos administrativos y, cuando proceda, judiciales para cuestionar la actuación.
El caso de los bomberos: una cuestión de competencias
La controversia planteada por determinados bomberos madrileños tiene precisamente este enfoque.
Según la información publicada por EL PAÍS, la plataforma Bomberxs contra los Desahucios sostiene que los profesionales pueden ser enviados a un lanzamiento sin conocer previamente que el aviso está relacionado con un desalojo. El medio cita un informe del Centro Sira, según el cual el 70,8 % de los profesionales encuestados que habían participado en un desahucio afirmaron que desconocían previamente que el aviso estaba relacionado con un lanzamiento.
La reivindicación que recoge la información no se formula como una objeción de conciencia clásica.
El planteamiento es diferente: los bomberos cuestionan que determinadas actuaciones formen parte de las competencias propias del servicio de extinción de incendios y emergencias.
La diferencia jurídica es importante.
Un trabajador puede plantear que una determinada tarea no corresponde a las funciones de su puesto. Eso no equivale automáticamente a poder desobedecer una orden por motivos ideológicos.
La discusión pasa entonces por determinar qué servicio se está solicitando, qué normativa regula sus competencias y qué autoridad ha ordenado la intervención.
La Policía tiene un régimen diferente
En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existe además una normativa específica.
La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atribuye a estos cuerpos funciones relacionadas con la seguridad pública, la Policía Judicial y el auxilio en determinadas actuaciones.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Policía Judicial presta auxilio a juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal dentro de sus competencias.
Además, cuando se trata de unidades de Policía Judicial, la ley contempla expresamente el auxilio a la autoridad judicial en actuaciones que requieran presencia policial, así como la ejecución material de actuaciones que impliquen coerción cuando sean ordenadas por la autoridad judicial o fiscal.
Eso no significa que cualquier policía tenga que ejecutar cualquier actuación relacionada con un desahucio.
Significa que el análisis debe hacerse atendiendo a la naturaleza concreta de la intervención y a la competencia de la autoridad que la ordena.
La distinción resulta fundamental porque un lanzamiento judicial no es lo mismo que una actuación policial ordinaria.
¿Quién ejecuta realmente un lanzamiento?
También conviene diferenciar entre la ejecución jurídica de un desahucio y el dispositivo de seguridad que puede acompañarlo.
La Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Cuerpo de Auxilio Judicial funciones específicas de asistencia a los órganos judiciales y, entre ellas, la ejecución de embargos, lanzamientos y otros actos cuando corresponda.
Por tanto, la presencia de policías, bomberos o servicios sociales en un lanzamiento no convierte automáticamente a estos profesionales en los responsables de ejecutar el desahucio.
Su participación puede responder a finalidades diferentes: seguridad, prevención de riesgos, asistencia social, atención sanitaria o intervención ante una situación de emergencia.
Esta diferencia es especialmente relevante para entender el conflicto planteado por algunos trabajadores públicos.
Samur Social: el problema de qué ocurre después del lanzamiento
La controversia tiene otra dimensión cuando intervienen los servicios sociales.
Según EL PAÍS, trabajadores de Samur Social cuestionan determinadas intervenciones cuando la alternativa habitacional disponible no responde a las necesidades de la familia afectada.
El ejemplo citado es Las Caracolas, en Vallecas, un centro de emergencia temporal con 300 plazas.
El recurso proporciona alojamiento y atención básica, pero no constituye necesariamente una solución residencial permanente para una familia que pierde su vivienda.
Aquí aparece una tensión distinta.
Los servicios sociales pueden estar obligados a atender a una persona vulnerable después o durante un lanzamiento, pero eso no significa necesariamente que tengan capacidad para impedir jurídicamente la ejecución de una resolución judicial.
La cuestión de fondo es si existe una alternativa habitacional adecuada, quién tiene la competencia para proporcionarla y en qué circunstancias la legislación permite suspender o retrasar el lanzamiento.
El Gobierno acaba de ampliar la protección frente a los desahucios
El debate llega además en un momento especialmente sensible para la política de vivienda.
El Gobierno ha aprobado recientemente nuevas medidas que amplían hasta 2030 determinadas protecciones frente a los desahucios de personas vulnerables y ha introducido otras medidas relacionadas con los contratos de alquiler.
Los decretos llegan después de las movilizaciones desencadenadas por el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo desahucio ha provocado protestas y una intensa discusión política sobre el acceso a la vivienda.
La tramitación parlamentaria de las medidas se produce, además, en un escenario de fuerte división política y con apoyos parlamentarios todavía sujetos a negociación.
El conflicto sobre los trabajadores públicos se inserta, por tanto, en una discusión mucho más amplia: hasta dónde debe llegar la protección pública frente a un lanzamiento y dónde comienza la obligación de ejecutar una resolución judicial firme.
Una cosa es cuestionar una orden y otra desobedecerla
Este es probablemente el punto jurídico más importante.
Un empleado público puede formular objeciones, pedir instrucciones por escrito, denunciar una posible irregularidad, recurrir una decisión administrativa o comunicar que considera que una actuación no corresponde a sus funciones.
Pero eso no equivale automáticamente a disponer de un derecho a negarse unilateralmente a cumplir la orden.
El Estatuto Básico del Empleado Público establece precisamente una excepción para las órdenes que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
La frontera, por tanto, no se sitúa simplemente entre «estar a favor o en contra de un desahucio».
Se sitúa entre una orden profesional legítima y una actuación que pueda ser manifiestamente ilegal o ajena a las funciones legalmente atribuidas.
La objeción de conciencia tiene límites
La jurisprudencia constitucional resulta especialmente clara sobre este aspecto.
El Tribunal Constitucional ha señalado que la libertad ideológica no implica por sí misma un derecho a quedar exento de cualquier obligación legal que entre en conflicto con las propias convicciones. La objeción de conciencia puede existir en determinados ámbitos cuando el ordenamiento la reconoce o permite, pero no puede convertirse en una excepción general al cumplimiento de las leyes.
Existen ámbitos en los que el legislador sí ha reconocido mecanismos específicos de objeción de conciencia.
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha examinado la objeción de conciencia de profesionales sanitarios en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y ha destacado que su ejercicio debe compatibilizarse con la obligación de las Administraciones de garantizar la prestación correspondiente.
Ese régimen específico no puede trasladarse automáticamente a los desahucios.
¿Qué puede hacer un trabajador que considera ilegal una orden?
En términos generales, el marco jurídico permite distinguir varios escenarios:
- La orden forma parte de sus funciones y es legal. El empleado público debe cumplirla.
- La orden genera dudas sobre sus competencias. Puede plantear la cuestión por los cauces internos correspondientes y solicitar que se concrete la instrucción.
- La orden es manifiestamente ilegal. El Estatuto Básico del Empleado Público contempla expresamente la obligación de ponerlo en conocimiento de los órganos de inspección correspondientes.
- Existe un derecho específico de objeción reconocido por la ley. El trabajador puede acogerse al procedimiento establecido para ese supuesto concreto.
- Existe un conflicto laboral o profesional. La cuestión puede terminar siendo examinada por la jurisdicción competente.
Por eso, negarse sin más no es jurídicamente equivalente a ejercer un derecho de objeción de conciencia.
El debate de fondo: funciones públicas y decisiones judiciales
El caso plantea una discusión que va más allá de un desahucio concreto.
Los servicios públicos intervienen en situaciones en las que existen intereses contrapuestos: propietarios e inquilinos, seguridad y protesta, ejecución judicial y protección de personas vulnerables.
La cuestión esencial es qué corresponde decidir a cada institución.
Los jueces dictan y ejecutan las resoluciones que les atribuye la ley. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad garantizan la seguridad y cumplen las funciones que tienen legalmente asignadas. Los servicios sociales atienden las necesidades sociales dentro de sus competencias. Los bomberos intervienen en emergencias y situaciones de riesgo.
Cuando estos ámbitos se mezclan, aumentan las posibilidades de conflicto.
El caso de Madrid demuestra que el debate sobre los desahucios no se limita ya al propietario y al inquilino. También alcanza a los empleados públicos que deben intervenir en el dispositivo y que pueden cuestionar dónde empieza y termina su responsabilidad profesional.
La clave jurídica está en la orden concreta
La pregunta «¿puede un trabajador público negarse a participar en un desahucio?» tiene, por tanto, una respuesta más precisa:
No existe un derecho general de los empleados públicos a negarse a participar en un lanzamiento simplemente por motivos de conciencia.
Pero tampoco significa que una Administración pueda ordenar cualquier actuación a cualquier profesional.
Hay que comprobar qué puesto ocupa el trabajador, cuáles son sus funciones, quién dicta la orden, qué actuación concreta se solicita y si existe una cobertura legal para ella.
En última instancia, el debate sobre los desahucios vuelve a poner frente a frente dos obligaciones públicas: garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
La discusión sobre cómo equilibrarlas corresponde al legislador y a los tribunales dentro de sus respectivas competencias. Para los empleados públicos, la cuestión inmediata es más concreta: cumplir las órdenes legales y utilizar los mecanismos establecidos cuando consideren que una instrucción vulnera la ley o excede sus funciones.
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