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    El Gobierno destina 642.000 euros a un colegio en Marruecos mientras persisten las quejas en Ceuta

    noviembre 5, 2026No hay comentarios10 minutos
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    El Ejecutivo declara de emergencia las obras del Colegio Español Luis Vives de Larache, cerrado temporalmente desde octubre. En Ceuta, las familias denuncian goteras y deficiencias, aunque el Estado también ha financiado reparaciones en centros de la ciudad.

    642.000 euros para reparar el colegio español de Larache

    El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la tramitación de emergencia de unas obras de reparación en el Colegio Español Luis Vives, situado en Larache (Marruecos), por un importe máximo de 641.923,88 euros. El acuerdo fue adoptado por el Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2026, a propuesta del Ministerio de Cultura.

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    La decisión llega en un momento delicado para las infraestructuras educativas de Ceuta. Durante los últimos meses, familias, sindicatos y representantes políticos han denunciado filtraciones de agua, humedades, desperfectos en techos y problemas eléctricos en distintos colegios públicos de la ciudad autónoma.

    La coincidencia de ambos escenarios ha abierto un debate sobre las prioridades de las administraciones y la atención que reciben las instalaciones educativas. Sin embargo, para valorar correctamente la comparación hay que distinguir entre los centros españoles en el extranjero, las competencias de mantenimiento en Ceuta y las actuaciones que ya ha financiado el propio Estado en la ciudad.

    El acuerdo del Ejecutivo establece un importe máximo de 641.923,88 euros para reparar el colegio de Larache. No significa que esa cantidad se haya abonado íntegramente ni que las obras estén terminadas. La referencia oficial acredita que el Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia.

    El cierre del Luis Vives obligó a reorganizar las clases

    La intervención se produce después de que el Ministerio de Educación ordenara el cierre temporal del Colegio Español Luis Vives el 16 de octubre. La decisión obligó a trasladar a los alumnos a otras instalaciones de Larache mientras se resuelven los problemas del edificio.

    La reorganización afectó a las distintas etapas educativas:

    • Infantil y Primaria: los alumnos fueron trasladados al Centro Assanabil.
    • Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: las clases comenzaron a impartirse en el Instituto Cervantes de Larache.

    El traslado tampoco habría resuelto todas las dificultades para las familias. Según la información publicada por La Gaceta, algunos padres han expresado su malestar por las condiciones de las instalaciones provisionales, con quejas sobre el tamaño de las aulas, la climatización, la falta de cortinas y el estado del patio de recreo.

    La situación evidencia que la reparación del edificio no es una actuación meramente estética. El cierre de un centro y la dispersión de sus estudiantes afectan a la organización de las familias, al trabajo de los docentes y a la continuidad de la actividad educativa.

    La documentación oficial consultada, no obstante, no detalla el catálogo de desperfectos que justificó la intervención ni ofrece una fecha concreta para la reapertura del colegio. Tampoco identifica en el acuerdo del Consejo de Ministros a la empresa que ejecutará los trabajos.

    Ceuta acumula denuncias por goteras, humedades y problemas eléctricos

    Mientras se tramita la reparación del colegio español en Marruecos, en Ceuta se han sucedido las reclamaciones por el estado de varios centros educativos.

    Uno de los casos más señalados ha sido el del CEIP Juan Morejón. En febrero de 2026, las familias denunciaron episodios de inundaciones y filtraciones que afectaban a aulas y otras dependencias. También alertaron de la entrada de agua en zonas próximas a instalaciones eléctricas y de los problemas que podían derivarse de esa combinación.

    La preocupación de los padres no se limitaba a un episodio puntual de lluvia. Según sus testimonios, algunas deficiencias se habían repetido durante el curso anterior y las intervenciones realizadas hasta entonces no habían resuelto de forma definitiva las incidencias.

    Las denuncias también alcanzaron a otros centros. La formación local Ceuta Ya! señaló en febrero problemas de goteras y filtraciones en colegios como el Ciudad de Ceuta, Juan Carlos I y Pablo Ruiz Picasso. Por su parte, CCOO reclamó un plan urgente para reparar las instalaciones y advirtió de la existencia de desperfectos que, a su juicio, requerían actuaciones estructurales.

    En abril, El Faro de Ceuta informó de que los daños provocados por los temporales habían afectado a una veintena de colegios, equipamientos culturales y edificios patrimoniales. La Ciudad cifró entonces en 1,619 millones de euros el coste estimado de las intervenciones de emergencia necesarias para reparar los daños en el conjunto de esos inmuebles.

    Las incidencias descritas incluían:

    • Filtraciones en cubiertas y azoteas.
    • Humedades persistentes en paredes y dependencias interiores.
    • Deterioro de falsos techos y desprendimientos.
    • Daños en luminarias e instalaciones eléctricas.
    • Problemas en patios, accesos y elementos exteriores.

    La combinación de agua y electricidad merece especial atención en cualquier edificio escolar. Las administraciones deben garantizar que las instalaciones utilizadas por menores y trabajadores cumplen las condiciones necesarias de seguridad.

    El dato que matiza la polémica: el Estado también contrató obras en Ceuta

    La comparación entre Larache y Ceuta necesita un dato que resulta esencial para entender el reparto de responsabilidades: el Gobierno central también ha contratado reparaciones de emergencia en colegios de Ceuta durante 2026.

    El Boletín Oficial del Estado publicó el 9 de julio el anuncio de formalización de los contratos correspondientes a las obras de reparación de filtraciones y daños causados por las lluvias en el CEIP Ciudad de Ceuta.

    El expediente, identificado como 26/146OB, fue tramitado por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, dependiente de la Administración General del Estado. La documentación oficial recoge dos adjudicaciones:

    • 291.500 euros para las obras de reparación, adjudicadas a Tusser Ingeniería y Obras S. L.
    • 18.000 euros para la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud.

    En conjunto, los contratos suman 309.500 euros.

    El BOE justifica el procedimiento de emergencia por una situación sobrevenida e inaplazable que suponía un grave peligro para la seguridad y salubridad de alumnos y profesores, así como para las condiciones de utilización del edificio. La adjudicación se produjo el 11 de mayo de 2026 y se recibieron seis ofertas para cada uno de los dos contratos.

    Este dato impide sostener que el Estado haya destinado recursos a reparar un colegio en Marruecos mientras ha descartado cualquier actuación de emergencia en Ceuta. Existe una intervención estatal documentada en un centro de la ciudad autónoma.

    Pero tampoco elimina las preguntas sobre el estado de los demás colegios y la rapidez con la que se atienden sus necesidades. El contrato del CEIP Ciudad de Ceuta no demuestra que todas las incidencias denunciadas en otros centros estén solucionadas.

    ¿Quién tiene las competencias sobre los colegios de Ceuta?

    La distribución de responsabilidades es otro elemento fundamental de esta controversia.

    En Ceuta, el mantenimiento ordinario de los colegios públicos de Infantil y Primaria corresponde a la Ciudad Autónoma, mientras que la Administración General del Estado conserva competencias educativas y puede intervenir en actuaciones concretas a través de sus organismos y departamentos.

    Esta distinción explica por qué no todas las reparaciones se tramitan desde la misma administración. También obliga a evitar que las instituciones utilicen el reparto competencial como argumento para eludir sus responsabilidades ante las familias.

    El caso del CEIP Juan Morejón ilustra esa discusión. Las informaciones publicadas en febrero recogieron las reclamaciones de padres y representantes sindicales, que reclamaban una respuesta efectiva ante las filtraciones y los problemas eléctricos. Las familias también habían trasladado sus preocupaciones a las administraciones competentes.

    Por tanto, la comparación con Larache no debe ocultar que existen distintos responsables administrativos. El Gobierno central responde de las decisiones relativas al colegio español en Marruecos y de las actuaciones que corresponden a sus organismos. La Ciudad debe responder por el mantenimiento ordinario de los centros que tiene bajo su responsabilidad.

    La coordinación entre ambas administraciones resulta especialmente importante cuando los daños afectan a la seguridad de los menores y exigen intervenciones que no pueden esperar a los calendarios ordinarios de mantenimiento.

    Qué significa declarar una obra de emergencia

    La declaración de emergencia permite a una administración actuar con mayor rapidez cuando concurren circunstancias que justifican no utilizar los procedimientos ordinarios de contratación.

    El artículo 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, regula esta posibilidad. Su aplicación exige una situación de emergencia que justifique la necesidad de actuar de manera inmediata para evitar daños o atender una necesidad inaplazable.

    Este procedimiento no equivale a una adjudicación sin límites ni elimina las obligaciones de justificar las actuaciones. La Administración debe documentar las circunstancias que motivan la emergencia, delimitar los trabajos necesarios y tramitar las actuaciones correspondientes.

    En el caso de Larache, el Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia por un máximo de 641.923,88 euros. En el caso del CEIP Ciudad de Ceuta, el BOE recoge que la situación de extrema urgencia justificó la contratación acelerada de las reparaciones.

    La cuestión que queda pendiente es conocer el detalle técnico de las obras en Larache, su calendario y las condiciones que permitirán recuperar la actividad ordinaria del centro.

    Dos escenarios educativos y una exigencia común: instalaciones seguras

    La situación de Larache y las denuncias de Ceuta ponen sobre la mesa una misma exigencia: los centros educativos deben disponer de instalaciones seguras y adecuadas para alumnos, profesores y personal.

    En Marruecos, el cierre del Colegio Español Luis Vives ha obligado a reorganizar las clases y ha llevado al Gobierno a activar una intervención de emergencia cercana a los 642.000 euros.

    En Ceuta, las denuncias de familias y sindicatos reflejan problemas que afectan a distintos centros, aunque también existen actuaciones de reparación financiadas por el Estado y por la administración local.

    La transparencia sobre el gasto resulta imprescindible. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué obras se ejecutan, cuánto cuestan, qué empresa las realiza, qué plazos se manejan y qué centros continúan pendientes de reparación.

    También es necesario que las administraciones publiquen información actualizada sobre el estado de las instalaciones y las medidas adoptadas para eliminar riesgos eléctricos, filtraciones y daños estructurales.

    El debate no debería reducirse a enfrentar a los alumnos de un colegio español en Marruecos con los escolares de Ceuta. La prioridad debe ser que ningún estudiante tenga que recibir clase en un edificio con problemas de seguridad pendientes de resolver.

    La pregunta que deben responder las administraciones es concreta: ¿qué centros siguen necesitando reparaciones, qué presupuesto se ha comprometido para cada uno y cuándo estarán terminadas las obras?


    Fuentes documentales y verificación

    • La Moncloa: referencia oficial del Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2026, que recoge la declaración de emergencia de las obras del Colegio Español Luis Vives de Larache por un máximo de 641.923,88 euros.
    • Boletín Oficial del Estado: anuncio de formalización del expediente 26/146OB para reparar filtraciones y daños en el CEIP Ciudad de Ceuta, publicado el 9 de julio de 2026.
    • El Faro de Ceuta: información del 12 de abril de 2026 sobre daños en colegios y otros edificios públicos tras los temporales.
    • El Pueblo de Ceuta: información del 2 de febrero de 2026 sobre las inundaciones y los problemas eléctricos denunciados en el CEIP Juan Morejón.
    • RTVCE y Ceuta al Día: informaciones de febrero de 2026 sobre las reclamaciones de representantes políticos y sindicales por el mantenimiento de los centros.

    Nota de verificación: los 641.923,88 euros de Larache constituyen el importe máximo recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros. Los 309.500 euros de Ceuta corresponden a dos contratos formalizados para el CEIP Ciudad de Ceuta. Son actuaciones distintas y no deben confundirse con el presupuesto global de reparaciones de la Ciudad Autónoma.

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