Los agentes localizaron ocho contenedores de una sustancia corrosiva e inflamable en l’Alcúdia, en unas instalaciones que ya habían sido denunciadas por almacenar otros 14 000 kilos sin licencia ambiental.
La inspección destapó mucho más que un depósito irregular de productos químicos. En la misma nave funcionaban un taller de reparación de vehículos sin registrar y una actividad de transporte de mercancías que tampoco contaba con las autorizaciones ambientales exigidas.
La Guardia Civil investiga a un hombre de 26 años por el almacenamiento de residuos peligrosos sin autorización y por desarrollar distintas actividades sin los permisos correspondientes. El recinto, además, carecía de medidas básicas de seguridad para almacenar una sustancia química corrosiva e inflamable.
Ocho toneladas de una sustancia química peligrosa sin licencia
La actuación tuvo lugar en una nave industrial del polígono de l’Alcúdia (Valencia). Agentes del Puesto Principal de Carlet realizaron una nueva inspección en unas instalaciones que ya estaban bajo la atención de la Guardia Civil.
En febrero de 2026, la misma unidad había denunciado el almacenamiento de 14 000 kilos de etanolamina en ese mismo recinto, también sin la correspondiente licencia ambiental.
Durante la segunda inspección, los agentes encontraron ocho contenedores industriales tipo GRG, siglas de Gran Recipiente para mercancías a Granel, que contenían aproximadamente 8 000 kilos de etanolamina.
El responsable de la nave no pudo justificar la tenencia de los productos ni acreditar cuál era su destino. Tampoco había completado los trámites necesarios para obtener la licencia ambiental que permitiera desarrollar esa actividad.
La reiteración del almacenamiento irregular en el mismo emplazamiento constituye uno de los elementos más relevantes del caso: la nave ya había sido denunciada meses antes por una cantidad todavía mayor de la misma sustancia.
Qué es la etanolamina y por qué preocupa su almacenamiento
La etanolamina es un compuesto químico utilizado en diferentes aplicaciones industriales. Su manipulación y almacenamiento requieren precauciones específicas, especialmente por sus propiedades peligrosas.
La información facilitada por la Guardia Civil identifica el producto localizado como una sustancia corrosiva e inflamable. Los agentes advirtieron de que puede desprender gases fácilmente inflamables cuando entra en contacto con fuentes de ignición o calor.
Además, una ficha de datos de seguridad de etanolamina comercializada para uso químico recoge riesgos como las quemaduras graves en la piel y las lesiones oculares graves, así como la necesidad de emplear equipos de protección adecuados durante su manipulación.
El peligro no depende únicamente de la cantidad almacenada. También resulta determinante que el recinto disponga de instalaciones adecuadas, ventilación, medios de extinción y sistemas capaces de contener posibles fugas o derrames.
En este caso, la inspección detectó deficiencias precisamente en esos ámbitos.
Una nave sin ventilación adecuada, extintores ni sistemas contra derrames
Los agentes comprobaron que el almacenamiento de los productos químicos se realizaba sin las condiciones de seguridad necesarias.
Entre las deficiencias observadas figuraban:
- Ausencia de ventilación adecuada en la nave.
- Falta de extintores y otros medios de extinción de incendios.
- Inexistencia de sistemas apropiados para prevenir o controlar posibles derrames.
- Almacenamiento de neumáticos al final de su vida útil sin cumplir las condiciones exigidas para su gestión.
La combinación de una sustancia corrosiva e inflamable con unas instalaciones que no reúnen las medidas de seguridad necesarias plantea un riesgo potencial para los trabajadores, las personas que pudieran encontrarse en las inmediaciones y el entorno.
La Guardia Civil ha advertido de que este tipo de situaciones puede favorecer el almacenamiento o la distribución irregular de productos peligrosos y generar consecuencias para la seguridad de las personas y el medio ambiente.
No obstante, la información difundida sobre la operación no señala que se haya producido un incendio, una fuga o un episodio de intoxicación. El riesgo descrito deriva de las características del producto y de las deficiencias detectadas en el recinto.
Un taller clandestino de reparación de vehículos
La inspección también permitió descubrir que la nave se utilizaba para realizar trabajos de reparación de turismos sin cumplir los requisitos administrativos correspondientes.
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el establecimiento no estaba inscrito como taller en el Registro de Industria y tampoco disponía de la declaración responsable ambiental necesaria.
La actividad se desarrollaba, por tanto, sin acreditar los trámites exigibles para su funcionamiento.
Los agentes encontraron además piezas de vehículos usados y neumáticos de segunda mano almacenados sin que el responsable pudiera acreditar la existencia de un contrato con un gestor autorizado de residuos.
Tampoco constaba el seguro de responsabilidad civil que debía cubrir estas actividades.
La acumulación de componentes usados y neumáticos plantea un problema adicional cuando no existe un sistema acreditado de gestión. Los residuos procedentes de la actividad de reparación de vehículos deben recibir un tratamiento adecuado y no pueden quedar almacenados indefinidamente al margen de los controles correspondientes.
En la misma nave coincidían así tres ámbitos de actividad sujetos a requisitos diferentes: el almacenamiento de productos químicos, la reparación de automóviles y la gestión de residuos.
Dos camiones para transporte nacional e internacional sin las autorizaciones exigidas
Los agentes localizaron también dos tractocamiones con sus respectivos semirremolques. Según las comprobaciones realizadas, estos vehículos se destinaban al transporte de mercancías desde l’Alcúdia hacia otros puntos de España y del extranjero.
Sin embargo, esa actividad se desarrollaba sin las autorizaciones ambientales correspondientes y sin el proyecto técnico exigible.
El hallazgo amplía el alcance de las irregularidades detectadas. La nave no solo servía para almacenar sustancias peligrosas y reparar vehículos, sino que también albergaba una actividad de transporte de mercancías que carecía de los requisitos administrativos señalados por los investigadores.
La Guardia Civil comunicó las infracciones a las autoridades competentes en materia de medio ambiente, industria y actividad municipal.
La Guardia Civil solicita el cierre de la actividad
Ante las deficiencias detectadas, los agentes solicitaron al Ayuntamiento de l’Alcúdia el cierre de la actividad por carecer de licencia ambiental.
También requirieron al responsable para que acreditase la retirada de los residuos peligrosos mediante una empresa autorizada para su gestión.
Esta medida resulta especialmente relevante por la naturaleza de la sustancia almacenada y por la ausencia de sistemas adecuados para prevenir o controlar posibles derrames.
La retirada de los productos debe realizarse mediante los procedimientos correspondientes y con intervención de gestores autorizados. No basta con trasladar los contenedores a otro emplazamiento: es necesario garantizar que su transporte y tratamiento cumplen las exigencias aplicables a este tipo de residuos.
La actuación permitió esclarecer tres hechos relacionados con el almacenamiento de residuos peligrosos sin autorización y sin las medidas de seguridad y contención exigibles, además del desarrollo de actividades sin las licencias y el seguro de responsabilidad civil correspondientes.
Una nave que ya había sido denunciada meses antes
Uno de los datos que más llama la atención es el antecedente de febrero de 2026. La Guardia Civil ya había denunciado entonces el almacenamiento de 14 000 kilos de etanolamina en las mismas instalaciones.
En noviembre, los agentes volvieron a encontrar otros 8 000 kilos de esa sustancia.
La sucesión de inspecciones pone de manifiesto la importancia de mantener controles sobre instalaciones industriales en las que se almacenan productos químicos y se desarrollan actividades potencialmente peligrosas.
La existencia de una denuncia anterior no permite concluir por sí sola que se haya cometido un nuevo delito ni anticipar la responsabilidad definitiva del investigado. Sí acredita que la nave ya había sido objeto de una actuación policial por hechos relacionados con el almacenamiento de la misma sustancia.
Por el momento, la información difundida no precisa el destino final que pretendía darse a los 8 000 kilos localizados ni aporta detalles sobre una eventual resolución sancionadora o judicial.
Seguridad industrial y control de residuos: una responsabilidad que no admite atajos
El caso de l’Alcúdia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles administrativos y técnicos en actividades industriales que implican sustancias peligrosas.
Las licencias ambientales, los registros industriales, los seguros de responsabilidad civil y los contratos con gestores autorizados no son simples formalidades. Son instrumentos destinados a comprobar que una actividad puede desarrollarse sin trasladar riesgos innecesarios a trabajadores, vecinos y al medio ambiente.
Cuando una misma nave concentra almacenamiento químico, reparación de vehículos y transporte de mercancías sin acreditar los permisos correspondientes, la supervisión adquiere una importancia todavía mayor.
La Guardia Civil ha trasladado las infracciones a las administraciones competentes y ha solicitado el cierre de la actividad. La investigación deberá determinar las responsabilidades que correspondan y las medidas definitivas que adopten las autoridades.
Ocho toneladas de etanolamina, una nave sin medios básicos de seguridad y una actividad que ya había sido denunciada por almacenar otros 14 000 kilos meses antes. Son los principales elementos de un caso que evidencia por qué el control del almacenamiento de productos peligrosos debe ser una prioridad para las administraciones.


