El hermano de Sánchez cobró un total de 340.572 euros de la Diputación de Badajoz entre julio de 2017 y mayo de 2025, según un documento oficial de la administración pacense. La cifra, desglosada año a año, sitúa en el centro del debate político y judicial al entorno familiar del presidente del Gobierno en vísperas de un juicio que contará con 11 acusados.
El hermano de Sánchez, David Sánchez —conocido artísticamente como David Azagra— desempeñó primero el cargo de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales y posteriormente fue nombrado jefe de la oficina de artes escénicas. La documentación oficial detalla la evolución de sus retribuciones durante casi ocho años.
El hermano de Sánchez y el detalle de los 340.572 euros
El documento al que se ha tenido acceso refleja una progresión salarial desigual. En 2017, el hermano de Sánchez percibió 22.603,82 euros. En 2018, su salario se elevó hasta los 48.212,58 euros. En 2019 ingresó 49.281,91 euros, mientras que en 2020 la cifra descendió a 37.747,08 euros.
En 2021 cobró 12.695,58 euros; en 2022, 36.885,78 euros; en 2023 el salario ascendió hasta 55.560,66 euros; en 2024 alcanzó los 57.627,07 euros; y finalmente en 2025 la cuantía se redujo a 19.957,88 euros.
La suma total de estas percepciones arroja los 340.572 euros que ahora centran la controversia política y judicial. La oposición ha cuestionado la naturaleza del puesto y la adecuación del proceso de contratación.
Juicio con once acusados por presunta prevaricación
La Audiencia Provincial de Badajoz juzgará al hermano de Sánchez el próximo mes de mayo. Se enfrenta a peticiones de pena de hasta tres años de cárcel por un presunto delito relacionado con la creación “a dedo” de su plaza.
En el banquillo se sentarán once acusados por supuesta prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Entre ellos figura el ex presidente de la Diputación de Badajoz y ex líder regional socialista, Miguel Ángel Gallardo.
El procedimiento judicial se desarrollará entre el 28 de mayo y el 4 de junio y contará con la declaración de una treintena de testigos, incluidos directores de conservatorios provinciales y agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación.
Las dudas sobre la creación del puesto del hermano de Sánchez
El caso se remonta a abril de 2023, cuando la Diputación nombró al hermano de Sánchez jefe de la oficina de artes escénicas con un salario superior a 55.000 euros anuales. Diversas asociaciones y partidos denunciaron que la plaza habría sido diseñada específicamente para él.
La magistrada instructora del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz consideró que la plaza pública pudo haberse creado con un destinatario concreto. En las diligencias se incorporaron correos electrónicos y mensajes intervenidos que, según la investigación, apuntarían a un conocimiento previo de la convocatoria por parte de personas vinculadas al entorno profesional del acusado.
La defensa sostiene que el proceso se ajustó a la legalidad y que el hermano de Sánchez accedió al puesto conforme a los procedimientos administrativos vigentes.
La declaración y las lagunas de memoria
En su comparecencia judicial en enero de 2025, el hermano de Sánchez aseguró en repetidas ocasiones no recordar detalles clave relacionados con su trabajo en la Diputación. Manifestó no recordar aspectos de su entrevista de selección, funciones específicas del cargo ni determinadas decisiones administrativas.
También afirmó no precisar cuándo comenzó a residir en Portugal ni los detalles exactos de su asistencia presencial al puesto. Estas declaraciones han sido interpretadas por las acusaciones como contradictorias, mientras que la defensa insiste en que no existe prueba concluyente de irregularidad penal.
Dificultades en la localización
Recientemente trascendió que la Audiencia Provincial tuvo dificultades para localizar al hermano de Sánchez para notificarle formalmente la citación judicial. Tras un requerimiento para que facilitara su domicilio, el acusado respondió que acudiría personalmente a recoger la notificación.
Este episodio añadió un nuevo capítulo a un proceso que ya concentra una elevada atención mediática.
Un proceso con amplia acusación popular
En la causa ejercen la acusación varias formaciones políticas y asociaciones, entre ellas Partido Popular, Vox y distintas organizaciones cívicas. El juicio analizará si existió prevaricación en la creación y adjudicación del puesto, así como posibles responsabilidades derivadas.
El resultado del procedimiento marcará un punto decisivo en una causa que ha trascendido el ámbito provincial y ha adquirido dimensión nacional por la vinculación familiar con el presidente del Gobierno.
Por el momento, el hermano de Sánchez mantiene su posición de defensa y niega haber cometido irregularidad alguna. Será el tribunal el que determine si la contratación se ajustó plenamente a derecho o si existieron conductas constitutivas de delito.
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