LaLiga reclama a la Comisión Europea que incluya NordVPN, Proton VPN, ExpressVPN y Surfshark en su lista de vigilancia antipiratería por el uso de servicios afiliados para sortear bloqueos y restricciones.
La batalla contra la piratería de fútbol ha entrado en un nuevo terreno. LaLiga ha pedido a la Comisión Europea que tenga en cuenta a cuatro de los principales proveedores de VPN en la próxima Counterfeit and Piracy Watch List, al considerar que determinados contenidos de terceros promocionan estos servicios como herramientas para acceder a retransmisiones bloqueadas.
La petición no supone que las VPN sean ilegales ni que Bruselas haya decidido sancionar a estas compañías. Se trata de una aportación de un grupo de interés dentro de la consulta europea para elaborar la edición de 2027 de la lista. La propia Comisión advierte de que la inclusión en este mecanismo no constituye una declaración de que exista una infracción legal.
LaLiga pone el foco en NordVPN, Proton VPN, ExpressVPN y Surfshark
LaLiga ha identificado en su presentación a NordVPN, Proton VPN, ExpressVPN y Surfshark.
La organización sostiene que el problema no reside en la tecnología VPN en sí misma, sino en determinados modelos de promoción comercial asociados a estos servicios.
Según la documentación difundida sobre la presentación de LaLiga, el organismo ha puesto el foco en páginas web, tutoriales, influencers y programas de afiliación que explicarían a los usuarios cómo utilizar una VPN para sortear restricciones geográficas o bloqueos relacionados con emisiones piratas.
La cuestión adquiere especial relevancia porque los proveedores de VPN pueden recibir ingresos por las suscripciones generadas desde determinados enlaces de afiliados.
LaLiga argumenta que, cuando estos contenidos promocionan expresamente el uso de una VPN para eludir medidas contra la piratería, el proveedor deja de ser, según su interpretación, un mero intermediario técnico neutral.
¿Qué es una VPN y por qué preocupa a LaLiga?
Una VPN (Virtual Private Network) crea una conexión cifrada entre el dispositivo del usuario y un servidor remoto. Entre otras funciones, permite ocultar la dirección IP pública y hacer que determinadas páginas interpreten que el usuario se conecta desde otra ubicación.
La tecnología tiene numerosos usos legítimos.
Una empresa puede utilizar una VPN para proteger las comunicaciones de sus trabajadores. Un usuario puede emplearla para mejorar su privacidad en redes públicas. También puede utilizarse para acceder a servicios empresariales internos o proteger determinados intercambios de información.
El problema aparece cuando esa misma infraestructura se utiliza para sortear restricciones destinadas a impedir el acceso a contenidos protegidos.
En el ámbito deportivo, una VPN puede utilizarse para conectarse a un servidor situado en otro país y acceder a una retransmisión que no está disponible en el territorio del usuario.
También puede emplearse para intentar esquivar determinadas medidas de bloqueo contra páginas que distribuyen partidos ilegalmente.
El conflicto no es contra las VPN, según LaLiga
LaLiga ha insistido en que su objetivo no es prohibir las redes privadas virtuales.
Su argumento se dirige contra determinados usos y modelos de comercialización que, a su juicio, facilitan el acceso a contenidos pirateados.
La diferencia es importante. Una VPN es una herramienta tecnológica de uso general y no está concebida específicamente para infringir derechos de propiedad intelectual.
La controversia se centra en si un proveedor debe asumir responsabilidades cuando terceros utilizan su marca y sus programas comerciales de afiliación para promocionar expresamente técnicas destinadas a eludir bloqueos.
Ese es precisamente uno de los puntos que LaLiga pretende trasladar al debate europeo.
Bruselas prepara la lista europea de piratería de 2027
La Comisión Europea abrió en junio de 2026 la consulta pública para preparar la edición de 2027 de la Counterfeit and Piracy Watch List.
El plazo para presentar contribuciones terminó el 21 de septiembre de 2026, mientras que la publicación de la nueva edición está prevista para el segundo trimestre de 2027.
La lista europea pretende identificar servicios y mercados que, según las informaciones aportadas por las partes interesadas, participan, facilitan o se benefician de infracciones sustanciales de derechos de propiedad intelectual.
Pero existe una precisión fundamental.
La propia Comisión Europea señala expresamente que la lista no es exhaustiva y no constituye una constatación de infracciones legales. Su finalidad es identificar los servicios considerados problemáticos y fomentar que sus operadores, autoridades y gobiernos adopten medidas para reducir las infracciones.
Por tanto, la petición de LaLiga es actualmente eso: una petición dentro de un procedimiento europeo de consulta.
LaLiga ya ha llevado las VPN a los tribunales
La ofensiva europea tampoco aparece de la nada.
En febrero de 2026, LaLiga informó de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba había acordado medidas cautelares solicitadas contra NordVPN y ProtonVPN en relación con la protección de los derechos audiovisuales de sus clubes.
Según LaLiga, las resoluciones establecieron medidas para impedir desde España el acceso a determinadas direcciones IP en las que se había constatado la emisión ilegal de contenido audiovisual protegido. La organización interpretó además que los proveedores VPN afectados entraban dentro del ámbito del Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea.
El episodio muestra hasta qué punto la lucha contra la piratería ha dejado de limitarse a cerrar páginas web.
El conflicto alcanza ahora a una cadena tecnológica mucho más amplia, que puede incluir operadores de acceso, servidores DNS, CDN, proxies y VPN.
Francia también ha ampliado la batalla contra el ecosistema pirata
La estrategia de LaLiga ha encontrado otro precedente relevante en Francia.
En marzo de 2026, la organización anunció varias resoluciones del Tribunal Judicial de París contra la piratería de sus competiciones.
Según LaLiga, las decisiones permitían actuar contra 35 sitios que retransmitían ilegalmente partidos y extendían las medidas al ecosistema técnico utilizado para distribuir las emisiones, incluyendo proveedores de acceso, DNS alternativos, servicios VPN, CDN y proxies.
El cambio es significativo.
Durante años, la lucha contra la piratería audiovisual se concentró principalmente en localizar y cerrar las páginas que ofrecían las emisiones.
Ahora los titulares de derechos están intentando actuar también contra las infraestructuras que permiten mantener operativo ese ecosistema.
El gran debate: combatir la piratería sin convertir una herramienta legal en sospechosa
La petición europea de LaLiga abre un debate mucho más amplio que el fútbol.
Las VPN se utilizan diariamente para privacidad, ciberseguridad, trabajo remoto y protección de comunicaciones. Por ello, cualquier regulación que afecte a estos servicios puede tener consecuencias para millones de usuarios que no tienen ninguna relación con la piratería.
La cuestión jurídica y tecnológica será determinar hasta dónde llega la responsabilidad de un proveedor cuando su infraestructura es utilizada para cometer una infracción.
La posición de LaLiga es que determinados modelos de afiliación pueden hacer que el proveedor se beneficie indirectamente de la promoción de técnicas de elusión.
La posición contraria podría sostener que responsabilizar al proveedor por el uso que terceros hacen de una herramienta de propósito general puede establecer un precedente problemático para otros servicios tecnológicos.
La propia Comisión Europea establece un límite
Este matiz es especialmente importante para entender la situación actual.
La Counterfeit and Piracy Watch List no es una lista de servicios declarados ilegales por Bruselas.
La Comisión explica que recoge servicios y mercados señalados por las partes interesadas y que su objetivo es identificar los casos considerados más problemáticos para fomentar acciones contra la disponibilidad de productos o contenidos que infringen derechos de propiedad intelectual.
Por ello, aunque la petición de LaLiga pueda tener consecuencias reputacionales para los proveedores señalados, no significa que NordVPN, Proton VPN, ExpressVPN o Surfshark hayan sido declaradas ilegales.
Tampoco implica que todos sus usuarios estén utilizando estos servicios para piratear fútbol.
La batalla por los derechos audiovisuales se endurece
El trasfondo económico es considerable.
Los derechos audiovisuales constituyen una de las principales fuentes de ingresos del fútbol profesional. La distribución ilegal de partidos compite directamente con los operadores que pagan por emitirlos y con las plataformas que comercializan suscripciones.
LaLiga ha intensificado durante los últimos años sus acciones contra la distribución ilegal de sus competiciones.
En julio de 2026, la organización informó de la operación internacional ‘Tarjeta Roja’, desarrollada en varios países latinoamericanos durante el Mundial de 2026, que permitió bloquear más de 1 800 dominios y direcciones electrónicas vinculados a retransmisiones ilegales de eventos deportivos.
La estrategia actual va un paso más allá: intentar dificultar no solo la existencia de las páginas piratas, sino también los mecanismos que permiten a los usuarios eludir determinadas barreras de acceso.
¿Qué puede ocurrir ahora?
La decisión final corresponde a la Comisión Europea, que debe analizar las aportaciones recibidas durante la consulta y preparar la edición de 2027 de la lista.
Hasta entonces, la situación puede resumirse en cuatro puntos:
- LaLiga ha solicitado que cuatro grandes VPN sean consideradas para la lista europea: NordVPN, Proton VPN, ExpressVPN y Surfshark.
- El argumento se centra especialmente en contenidos de afiliados y tutoriales que promocionan el uso de VPN para eludir bloqueos o restricciones.
- La Comisión Europea todavía no ha declarado ilegales estos servicios.
- La inclusión en la Counterfeit and Piracy Watch List no constituye por sí misma una constatación de una infracción legal.
La decisión de Bruselas será observada con especial atención por el sector audiovisual y por la industria tecnológica.
LaLiga y las VPN: una batalla que puede cambiar Internet
La petición de LaLiga contra las VPN representa un nuevo capítulo de la lucha contra la piratería audiovisual.
El fútbol pretende proteger un negocio basado en derechos exclusivos, mientras que los proveedores de VPN defienden herramientas utilizadas también para fines legítimos de privacidad y seguridad.
El punto decisivo estará en determinar cuándo el uso de una tecnología legal puede convertirse en un mecanismo para facilitar una infracción y qué responsabilidad debe asumir su proveedor.
La pelota está ahora en el tejado de Bruselas. La Comisión deberá decidir si las acusaciones y evidencias aportadas justifican incluir estos servicios en la próxima lista de vigilancia.
Y el resultado puede sentar un precedente relevante para algo que va mucho más allá de LaLiga: la frontera entre combatir la piratería y preservar el funcionamiento legítimo de herramientas de privacidad en Internet.
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