Julio Martínez Sola asegura ante la Audiencia Nacional que asumió que una comisión vinculada al rescate acabaría beneficiando al entorno del expresidente. El juez Calama mantiene abierta la investigación y rechaza que el rastreo de cuentas sea una pesquisa «prospectiva».
El caso Plus Ultra eleva de nuevo la presión judicial sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El que fuera presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, se ratificó este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el escrito presentado en julio y sostuvo que daba por hecho que la comisión del 1% vinculada a las gestiones para conseguir financiación pública estaba destinada al denominado por él «grupo Zapatero».
La cifra no es menor. El rescate aprobado en 2021 con cargo al fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ascendió a 53 millones de euros, mientras que el importe comprometido en concepto del citado 1% habría alcanzado los 530 000 euros.
La declaración duró cerca de tres horas y añade un testimonio relevante a una investigación que intenta determinar si alrededor del rescate público existió una presunta estructura de intermediación y pagos ilícitos.
Pero hay una precisión fundamental: Martínez Sola explicó que no entregó personalmente ese dinero a Zapatero ni dijo conocer de primera mano el destino final de los fondos. Su afirmación ante el juez es que asumía que el dinero era para el entorno del expresidente. Esa diferencia será esencial a la hora de valorar judicialmente su testimonio.
Zapatero permanece investigado —no condenado— por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, según la documentación aportada. El expresidente tiene derecho a la presunción de inocencia y las hipótesis investigadas deberán ser acreditadas mediante pruebas durante el procedimiento.
El 1% del rescate de Plus Ultra, en el centro de la investigación
El testimonio de Martínez Sola coloca nuevamente el foco sobre una cifra concreta: 530 000 euros.
Según la versión trasladada a la Audiencia Nacional por antiguos responsables de Plus Ultra, existió un acuerdo por el que se abonaría un 1% por determinadas labores de «acompañamiento» relacionadas con la financiación que necesitaba la compañía.
La aerolínea atravesaba una situación crítica en 2020, después de que las restricciones derivadas de la pandemia paralizaran buena parte del tráfico aéreo.
Martínez Sola sostiene que inicialmente se intentó conseguir financiación mediante un préstamo del Banco Santander, pero que esa alternativa no prosperó.
Posteriormente entraría en escena el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, según el relato que el antiguo presidente de la aerolínea ha trasladado al juez.
Una llamada desde un número oculto y diez minutos de conversación
Uno de los episodios más llamativos de la declaración se remonta al 30 de abril de 2020.
Según Martínez Sola, recibió una llamada desde un número oculto. Al otro lado del teléfono estaba, según su versión, José Luis Rodríguez Zapatero.
La conversación habría durado aproximadamente diez minutos.
El empresario sostiene que explicó al expresidente socialista la complicada situación financiera de Plus Ultra y su necesidad de acceder a financiación.
El contacto se habría producido después de que el empresario venezolano y exconsejero de Plus Ultra Rodolfo Reyes preguntara qué contactos con personas influyentes podían utilizarse para intentar conseguir ayuda.
Según el relato aportado a la causa, Reyes remitió a Martínez Sola a Manuel Fajardo, quien le habría indicado que Zapatero podía ayudar y que tanto el expresidente como Julio Martínez Martínez se pondrían en contacto con él.
Martínez Sola: daba por hecho que el dinero era para el «grupo Zapatero»
El aspecto más comprometedor políticamente de la declaración aparece al abordar la remuneración.
Martínez Sola sostiene que existía la «pretensión de cobrar» por las gestiones y que la compañía terminó aceptándolo debido a su delicada situación.
El antiguo responsable de Plus Ultra reconoce, sin embargo, una limitación importante de su propio testimonio: no sabía exactamente qué gestiones había realizado Zapatero.
Tampoco afirma haberle entregado directamente el dinero.
Según su declaración, los pagos fueron realizados a Julio Martínez Martínez y a sociedades vinculadas con este empresario, al que la investigación sitúa como una persona próxima a Zapatero.
Es aquí donde Martínez Sola introduce su conclusión: asegura que daba por hecho que ese 1% estaba destinado al denominado «grupo Zapatero», expresión con la que engloba al expresidente y a Martínez Martínez.
Por tanto, hay que distinguir entre lo que el testigo asegura haber conocido directamente y lo que reconoce como una deducción o convencimiento personal.
Cómo se habrían distribuido los 530 000 euros
Los datos aportados por los antiguos directivos permiten reconstruir parcialmente los pagos investigados.
Según sus escritos, las cantidades se abonaron entre 2020 y 2025 mediante diferentes sociedades y conceptos.
De los 530 000 euros comprometidos, se habrían pagado 249 000 euros a Análisis Relevante, otros 98 617 euros a Voli Analítica y 110 799 euros a Domotic Europe.
A ello se sumarían aproximadamente 69 000 euros en especie, correspondientes a billetes de clase business facilitados por Plus Ultra durante 2021 y años posteriores.
Las cantidades descritas suman aproximadamente 527 416 euros, una cifra muy próxima al compromiso de 530 000 euros mencionado en la documentación.
El hecho de que existieran pagos no demuestra por sí solo que fueran ilícitos ni que Zapatero fuese su destinatario final. Precisamente determinar la naturaleza de esas operaciones, sus beneficiarios y la contraprestación real constituye una parte central de la investigación.
Las facturas y unos informes que los exdirectivos califican de irrelevantes
Existe otro elemento que incrementa las sospechas investigadas por el juez.
Según la documentación aportada, se emitieron aproximadamente 40 facturas con importes comprendidos entre 6 050 y 7 250 euros y bajo conceptos relacionados con honorarios mensuales y elaboración de informes.
Los antiguos responsables de Plus Ultra sostienen ahora que no existieron realmente algunos de esos informes o que los pocos documentos elaborados carecían de utilidad sustancial para la aerolínea.
Llegaron incluso a describir esa actividad documental como supuestamente «encubridora» de los pagos.
Esta afirmación procede de personas actualmente investigadas y deberá ser contrastada con facturas, contratos, documentación societaria, movimientos bancarios y el resto de pruebas incorporadas a la causa.
La palabra «mordida» aparece en una conversación policial
La investigación contiene asimismo una conversación intervenida por la Policía Nacional entre el antiguo consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, y Rodolfo Reyes.
En ella aparece una expresión especialmente delicada:
«Así que por ahí vendrá la mordida», según la documentación recogida en la información facilitada.
La frase se ha incorporado a los informes policiales utilizados en la investigación.
No obstante, su significado penal no puede establecerse únicamente a partir de una expresión aislada. Corresponderá al juez analizar el contexto completo de la conversación y relacionarlo con los movimientos económicos y demás pruebas.
La declaración choca con lo que Martínez Sola dijo en el Senado
La ratificación ante la Audiencia Nacional presenta además una importante contradicción con las declaraciones públicas realizadas por el propio Martínez Sola apenas unos meses antes.
En febrero de 2026, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, sostuvo que «no hubo trato de favor, ni injerencias ni ayudas ilícitas» en el rescate.
Defendió entonces que Plus Ultra había atravesado un procedimiento reglado, sujeto a controles e informes, y negó que la compañía hubiera recibido un regalo de las administraciones.
Ahora reconoce ante el juez que existió una remuneración por gestiones y sostiene que asumió que ese dinero guardaba relación con el «grupo Zapatero».
La diferencia entre ambas versiones será previsiblemente uno de los elementos que deberán ser aclarados durante la investigación.
Zapatero está investigado por tres presuntos delitos
José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra investigado desde mayo por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental dentro de esta causa.
Según la documentación aportada, el juez Calama investiga la posible existencia de una estructura organizada de intermediación ante organismos públicos a cambio de beneficios económicos.
La investigación no equivale a una declaración de culpabilidad.
El procedimiento deberá determinar si existieron realmente las conductas delictivas investigadas y, en su caso, cuál fue la participación de cada persona.
La UDEF rastrea las cuentas de Zapatero y su entorno
Uno de los frentes más sensibles del procedimiento está precisamente en el dinero.
El juez autorizó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a investigar numerosas cuentas relacionadas con Zapatero y otras personas de su entorno.
Entre ellas figuran cuentas asociadas al expresidente, sus hijas Alba y Laura, Julio Martínez Martínez, su secretaria Gertrudis Alcázar y diferentes empresas relacionadas con la investigación.
Zapatero recurrió esa decisión.
Su defensa argumentó que se había concedido a la Policía una autorización excesivamente genérica y cuestionó tanto su alcance temporal como el acceso a determinadas comunicaciones bancarias.
Calama ha rechazado el recurso.
Calama niega que exista una investigación «prospectiva»
La respuesta del magistrado es contundente en un aspecto esencial.
El juez sostiene que «en ningún caso se trata de una investigación prospectiva» y rechaza imponer las limitaciones reclamadas por la defensa del expresidente.
Según Calama, las actuaciones policiales persiguen obtener información complementaria o aclaratoria sobre productos bancarios que ya habían sido objeto de autorización judicial.
El magistrado defiende que no se están abriendo indiscriminadamente nuevas líneas de investigación.
También rechaza que se esté autorizando la captura indiscriminada de correspondencia privada y sostiene que las comunicaciones solicitadas deben estar vinculadas a las cuentas y productos financieros investigados.
La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto igualmente al recurso de Zapatero.
Según la información aportada, Anticorrupción llegó a advertir de que una cosa es ejercer legítimamente el derecho de defensa y otra diferente «torpedear» la investigación.
El juez recuerda que Zapatero ofreció revisar sus cuentas
La resolución incorpora además un detalle políticamente relevante.
Calama recuerda que durante su declaración Zapatero ofreció una «autorización universal para examinar sus cuentas», circunstancia que el juez contrapone ahora a las objeciones formuladas posteriormente por su defensa.
El magistrado ha rechazado igualmente suspender cautelarmente las diligencias.
Parte de la investigación económica permanecerá en una pieza reservada, precisamente para poder separar la información relevante de aquella que no guarde relación con el procedimiento antes de ponerla a disposición del resto de las partes.
La UDEF investiga también el capital venezolano de Plus Ultra
El dinero del rescate no constituye el único frente.
Antes del verano, Calama encargó a la UDEF un estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social de Plus Ultra.
El objetivo es esclarecer la procedencia y relevancia del capital venezolano existente en la compañía y determinar qué incidencia pudo tener sobre la consideración de Plus Ultra como empresa estratégica cuando recibió el rescate público.
La aerolínea obtuvo 53 millones de euros en marzo de 2021 procedentes del fondo gestionado por la SEPI.
Según la información aportada, aproximadamente un 56% de la participación de la compañía era venezolana, a través de diferentes inversores.
El expresidente y el CEO de Plus Ultra dimitieron
La crisis judicial ya ha provocado consecuencias dentro de la propia aerolínea.
Julio Martínez Sola dimitió como presidente de Plus Ultra el 15 de julio, junto con el entonces consejero delegado, Roberto Roselli.
Las renuncias se produjeron después de que ambos reconocieran mediante escritos presentados ante la Audiencia Nacional la existencia del contrato y los pagos del 1% por las labores de «acompañamiento».
Roselli tiene prevista su comparecencia ante el juez este martes 8 de septiembre, lo que puede proporcionar nuevos datos sobre el origen de los contactos, los pagos y el conocimiento que tenía la dirección de la compañía.
Las joyas y otras incógnitas todavía pendientes
La investigación mantiene además numerosos cabos abiertos.
Entre ellos aparecen unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros que, según la información aportada, fueron localizadas por los investigadores en una oficina vinculada a Zapatero.
Anticorrupción ha solicitado profundizar en este asunto y todavía queda por determinar su procedencia, titularidad y eventual relación —si existe— con los hechos investigados.
También quedan pendientes actuaciones relativas a las cuentas bancarias, sociedades relacionadas con la investigación y declaraciones de otras personas investigadas.
La existencia de bienes de elevado valor no acredita por sí sola ninguna actividad delictiva. Será necesario establecer documentalmente su origen y eventual conexión con los hechos objeto del procedimiento.
El caso Plus Ultra entra en una fase decisiva
La declaración de Martínez Sola es relevante porque procede de quien presidía la propia aerolínea que recibió los 53 millones de euros públicos.
Su versión dibuja una secuencia que la Audiencia Nacional deberá comprobar: una compañía al límite durante la pandemia, búsqueda de contactos influyentes, una supuesta llamada de Zapatero, la aparición de un intermediario, un acuerdo económico del 1%, pagos distribuidos durante varios años y facturas cuya verdadera contraprestación está ahora bajo sospecha.
Pero existe todavía una distancia jurídica considerable entre ese relato y demostrar una responsabilidad penal.
Especialmente importante será determinar qué hizo exactamente Zapatero, si intervino realmente ante organismos públicos, si existió una contraprestación económica por esas gestiones y, sobre todo, si alguna parte de los pagos acabó directa o indirectamente en manos del expresidente.
Martínez Sola asegura que «daba por hecho» que el 1% era para el «grupo Zapatero». Esa afirmación puede tener un enorme impacto político, pero judicialmente deberá sostenerse con movimientos bancarios, documentación, comunicaciones y otras pruebas independientes.
Ahí está ahora una de las claves del caso Plus Ultra: pasar de las sospechas y testimonios a la trazabilidad del dinero.
Y precisamente por eso adquiere especial relevancia la segunda decisión conocida: Calama mantiene abierto el rastreo financiero y rechaza la tesis de Zapatero de que se trate de una investigación prospectiva.
La UDEF tiene ahora la tarea de seguir el rastro de los fondos. Sus conclusiones pueden resultar determinantes para conocer si aquel 1% de 530 000 euros fue simplemente una remuneración empresarial cuestionada por antiguos directivos o si, como investiga la Audiencia Nacional, formaba parte de una estructura con relevancia penal.
José Luis Rodríguez Zapatero continúa amparado por la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
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