Los investigadores reconstruyen una cadena de contactos que conecta a directivos de la aerolínea con la red de Julio Martínez y con altos cargos del régimen chavista.
Las nuevas conversaciones incorporadas a la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero y Plus Ultra vuelven a poner el foco sobre una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegaba la red de contactos utilizada por los responsables de la aerolínea para resolver sus problemas en España y Venezuela?
Un informe de la Policía Judicial recoge mensajes intercambiados en diciembre de 2020 entre directivos de Plus Ultra en los que aparece Julio Martínez Martínez, empresario relacionado con Zapatero, como intermediario para intentar desbloquear una gestión ante la Cancillería venezolana.
En la conversación, uno de los responsables de la aerolínea pide que «el tocayo» contacte con Jorge Arreaza, entonces ministro de Exteriores de Venezuela. Poco después, reciben una respuesta de la Cancillería. El intercambio termina con una frase especialmente llamativa: «Su eminencia me responde: misión cumplida».
El contenido de estos mensajes no demuestra por sí mismo que Zapatero interviniera personalmente en aquella gestión. Pero sí aporta un nuevo elemento a una investigación que intenta determinar qué papel desempeñaron sus contactos y los de su entorno en el rescate público de Plus Ultra y en sus negocios con Venezuela.
La conversación que pone el foco en la Cancillería venezolana
Los mensajes citados por la Policía Judicial se remontan al 10 de diciembre de 2020, varios meses antes de que el Gobierno español aprobara el rescate de Plus Ultra.
Según el informe policial reproducido por Libertad Digital, Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea, explicó a Julio Martínez Sola, entonces presidente de Plus Ultra, que tenía problemas para realizar unas gestiones ante la Cancillería venezolana.
El problema era que el contacto habitual no estaba disponible y un cónsul no estaba colaborando.
La alternativa que plantearon fue utilizar la red de contactos de Julio Martínez Martínez, conocido como «Julito», para llegar directamente a Jorge Arreaza, que en aquel momento ocupaba el Ministerio de Exteriores de Venezuela.
La secuencia que recoge la investigación es significativa:
- Un directivo de Plus Ultra comunica que tiene problemas en la Cancillería.
- Se plantea recurrir a la red de contactos de Julio Martínez.
- Se propone contactar directamente con Arreaza.
- Posteriormente llega una respuesta de la Cancillería.
- Los interlocutores celebran el resultado como una gestión resuelta.
En otras palabras, la conversación describe una intermediación a un nivel muy alto de la Administración venezolana.
«La mano del tocayo parece larga»
La frase que aparece después es uno de los elementos que más llaman la atención de los investigadores.
Tras recibir la confirmación de que la Cancillería había respondido, uno de los interlocutores escribe: «La mano del tocayo parece larga».
El otro responde: «Power».
La conversación concluye con la referencia a que la respuesta procede de «su eminencia» y que la misión está cumplida.
La importancia de este intercambio no reside únicamente en sus expresiones.
Lo relevante para los investigadores es que los directivos de una compañía española que posteriormente recibiría 53 millones de euros de dinero público parecen disponer de un canal de acceso extraordinario a las autoridades venezolanas.
Ese canal, según el informe policial, pasaba por Julio Martínez Martínez.
Y Julio Martínez Martínez es precisamente una de las personas cuyo papel aparece repetidamente en la investigación relacionada con Zapatero.
El rescate de 53 millones que está bajo investigación
Plus Ultra recibió 53 millones de euros de la SEPI en marzo de 2021, en plena pandemia y dentro del mecanismo creado por el Gobierno para apoyar empresas consideradas estratégicas afectadas por la crisis.
La concesión de esa ayuda está actualmente bajo investigación judicial.
El juez Leopoldo Calama imputó a Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias en una investigación que analiza sus relaciones con empresarios y autoridades venezolanas. RTVE informó de que el auto judicial considera relevante su acceso a «altos cargos» del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ejecutivo venezolano.
Zapatero, por su parte, niega haber mediado en el rescate de Plus Ultra y sostiene que su actividad privada como asesor se ajusta a la legalidad. En febrero de 2026 aseguró que su trabajo tenía «cero» relación con la concesión de la ayuda.
Por tanto, la investigación se encuentra todavía en una fase en la que deben diferenciarse con precisión los contactos acreditados, las sospechas de los investigadores y las responsabilidades que finalmente puedan probarse ante un tribunal.
La cronología es uno de los puntos más sensibles
La nueva conversación adquiere mayor relevancia cuando se coloca dentro de la cronología que maneja la investigación.
Según la información publicada por Libertad Digital a partir de documentación de la UDEF, el 21 de octubre de 2020 Roberto Roselli se encontró con Julio Martínez Martínez y este le reclamó el pago de una factura.
Al día siguiente, Roselli escribió en un chat que estaba «ayer cobrando el contacto».
Cuatro días después, el 26 de octubre de 2020, Plus Ultra respondió a un requerimiento de la SEPI relacionado con la documentación necesaria para acceder a la ayuda pública.
La investigación trata de establecer si existe una conexión entre estos movimientos y el posterior avance del expediente del rescate.
La cuestión es delicada porque la existencia de una coincidencia temporal no demuestra por sí misma que un pago provocara una decisión administrativa.
Eso deberá determinarlo la investigación judicial mediante documentación, comunicaciones, movimientos económicos y testimonios.
¿Quién era Julio Martínez Martínez?
El nombre de Julio Martínez Martínez se ha convertido en una pieza central del caso.
Se trata de un empresario que, según distintas investigaciones periodísticas, mantenía una relación de proximidad con Zapatero y utilizaba contactos en Venezuela.
EL PAÍS publicó que Plus Ultra pidió la intermediación de Martínez y de su relación con Zapatero para solicitar y acelerar la ayuda de 53 millones de euros. La propia compañía reconoció posteriormente pagos por valor de 527 000 euros a sociedades vinculadas a Martínez, incluidos gastos relacionados con billetes de avión.
La investigación judicial trata de determinar la naturaleza real de esas relaciones y si existió una utilización indebida de influencias.
Aquí vuelve a ser esencial una distinción:
tener acceso a políticos o funcionarios no equivale automáticamente a cometer un delito.
La responsabilidad penal exige demostrar que existió una conducta ilícita y la relación entre esa conducta y una decisión administrativa concreta.
El puente entre Madrid y Caracas
La investigación sobre Plus Ultra tiene una particularidad que la diferencia de otros casos de presunta corrupción.
No se limita a las relaciones entre empresarios y políticos españoles.
Una parte sustancial de la trama investigada tiene como escenario Venezuela.
El auto judicial citado por RTVE considera relevante que Zapatero dispusiera de acceso a personas situadas en los niveles superiores de responsabilidad política tanto en España como en Venezuela.
Las nuevas conversaciones aportan precisamente un ejemplo de esa segunda dimensión.
Un problema administrativo de una empresa española termina derivándose hacia la Cancillería venezolana y su entonces máximo responsable diplomático.
La pregunta que deberán responder los investigadores es si ese tipo de contactos formaba parte de una actividad empresarial legítima o si constituía una red de intermediación utilizada para obtener ventajas indebidas.
Venezuela aparece repetidamente en el expediente
La relación con Venezuela no es un elemento secundario del caso.
Zapatero ha desarrollado durante años una intensa actividad en Venezuela y ha mantenido contactos con dirigentes chavistas. Él mismo ha defendido públicamente su papel como asesor y su trabajo relacionado con el país.
En paralelo, la investigación de Plus Ultra analiza operaciones económicas y contactos entre empresarios vinculados a la aerolínea y personas relacionadas con Venezuela.
EL PAÍS ya describió el caso como una investigación que combina blanqueo de capitales, el rescate de 53 millones, Venezuela y la figura de Zapatero.
Las nuevas conversaciones no cierran esa investigación.
Pero sí añaden una pieza que resulta políticamente incómoda: los responsables de Plus Ultra parecían considerar normal acudir a la red de contactos de Martínez para llegar directamente a la cúpula diplomática venezolana.
La SEPI y la velocidad del expediente
Otro aspecto que deberá aclararse es la velocidad con la que avanzó el expediente del rescate.
Según la documentación citada por Libertad Digital, Plus Ultra presentó la documentación requerida por la SEPI y posteriormente el expediente siguió avanzando hasta la aprobación de la ayuda.
El rescate fue finalmente aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.
La cuestión que se investiga no es simplemente si Plus Ultra cumplía los requisitos formales.
Es si existieron gestiones externas o influencias capaces de acelerar o condicionar el proceso administrativo.
Ese es precisamente el núcleo del presunto delito de tráfico de influencias que investiga el juez.
Una aerolínea que vuelve a estar bajo presión
El caso cobra todavía más relevancia porque Plus Ultra vuelve a atravesar problemas económicos.
La compañía ha restringido operaciones y prepara un ajuste de plantilla después de registrar pérdidas y dificultades para afrontar sus obligaciones financieras. También mantiene negociaciones con la SEPI para modificar el plan de viabilidad asociado al préstamo público.
La aerolínea, por tanto, se encuentra actualmente en una situación muy diferente de la que justificó el rescate durante la pandemia.
El hecho de que una empresa que recibió 53 millones de euros de dinero público vuelva a estar sometida a una fuerte presión financiera añade una nueva dimensión al debate sobre aquella decisión.
La pregunta política inevitable es si el rescate fue realmente una operación necesaria para preservar una compañía estratégica o si el Estado asumió un riesgo económico que no estaba suficientemente justificado.
Lo que está probado y lo que todavía debe probarse
La proliferación de titulares sobre el caso obliga a separar los hechos.
Está documentado
Existe una investigación judicial sobre las presuntas influencias de Zapatero y sus conexiones empresariales y venezolanas.
Plus Ultra recibió 53 millones de euros de la SEPI en 2021.
La Policía Judicial ha incorporado conversaciones entre directivos de Plus Ultra en las que aparece Julio Martínez Martínez como persona a la que se recurre para realizar gestiones en Venezuela.
Los mensajes mencionan directamente al entonces ministro venezolano Jorge Arreaza y describen una respuesta positiva de la Cancillería.
Todavía debe determinarse
Si Zapatero intervino personalmente en esas gestiones.
Si los contactos de Julio Martínez Martínez fueron utilizados para influir ilegalmente en la concesión del rescate.
Si los pagos investigados por la UDEF estaban vinculados a una actividad legítima o constituían una contraprestación por influencias.
Y, sobre todo, si existe una relación jurídicamente demostrable entre esas actuaciones y la decisión del Gobierno de conceder los 53 millones de euros.
Esa distinción es fundamental para evitar convertir una investigación policial en una sentencia anticipada.
El verdadero problema para Zapatero
Más allá de una conversación concreta, el problema para el expresidente es la acumulación de conexiones.
Por separado, cada elemento puede admitir una explicación.
Un empresario puede tener contactos.
Un expresidente puede mantener relaciones internacionales.
Una aerolínea puede solicitar una ayuda pública.
Un empresario puede cobrar por servicios de asesoramiento.
Pero cuando los investigadores colocan todos esos elementos sobre una misma cronología, aparece una cuestión que ahora debe resolver la Justicia:
¿se trataba de relaciones empresariales independientes o de una red de influencias utilizada para conseguir decisiones favorables?
Esa es la pregunta central del caso.
Y las conversaciones de Plus Ultra añaden un nuevo capítulo porque muestran, al menos según el informe policial citado, la capacidad de la red de Martínez para llegar hasta la Cancillería venezolana.
Un caso que trasciende a Zapatero
La investigación afecta también a la responsabilidad de las instituciones españolas.
La SEPI tuvo que analizar la documentación presentada por Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó posteriormente el rescate. Y distintos organismos públicos participaron en el proceso.
Si finalmente se acreditara que hubo una influencia ilícita, habría que determinar quién la ejerció, sobre quién y qué decisión concreta consiguió alterar.
Si no se acredita, las conversaciones seguirán siendo un elemento relevante para reconstruir las relaciones empresariales y políticas del entorno de Plus Ultra, pero no podrán convertirse por sí solas en una prueba de corrupción.
La justicia tendrá que establecer esa frontera.
La pregunta que deja el caso Plus Ultra
Las nuevas conversaciones vuelven a situar a Zapatero, Plus Ultra, Venezuela y la SEPI en el mismo tablero.
La imagen que emerge de los informes policiales es la de una red de contactos capaz de moverse entre empresarios españoles, la Administración española y altos cargos venezolanos.
Pero el salto entre una red de contactos y un delito requiere pruebas.
Por ahora, la investigación judicial trata precisamente de averiguar si ese salto existió.
La frase «misión cumplida» puede ser políticamente demoledora, pero jurídicamente será necesario demostrar qué misión se cumplió, quién la encargó, qué beneficio produjo y qué relación tuvo con el rescate de 53 millones de euros.
Ahí está la verdadera clave del caso Plus Ultra.


