El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia este jueves sobre la ley de Amnistía, pero la última palabra sobre el futuro judicial de Carles Puigdemont seguirá estando en España. La orden nacional de detención no se levantará de forma automática y el Tribunal Constitucional será quien decida el desenlace definitivo.
El TJUE marcará un precedente, pero no desbloqueará el regreso inmediato de Puigdemont
Carles Puigdemont afronta una de las semanas judiciales más importantes desde que abandonó España en 2017. Este jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará una sentencia clave sobre la ley de Amnistía, una resolución que puede fijar doctrina para los tribunales europeos respecto al procés.
Sin embargo, el fallo no supondrá el regreso inmediato del expresidente catalán. Diversas fuentes jurídicas apuntan a que la orden nacional de detención continuará vigente, independientemente de lo que decida el tribunal con sede en Luxemburgo.
El motivo es que la decisión definitiva sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont depende ahora del Tribunal Constitucional (TC), que previsiblemente resolverá durante el próximo otoño el recurso de amparo presentado por la defensa del líder de Junts contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle el perdón penal.
La decisión del Tribunal Supremo sigue siendo el principal obstáculo
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazó aplicar la amnistía a Puigdemont al considerar que el delito de malversación por el que continúa procesado encaja dentro de las excepciones previstas en la propia ley.
La clave jurídica reside en la interpretación realizada por el Supremo sobre el denominado «lucro personal».
Según el alto tribunal, los dirigentes del procés obtuvieron un beneficio económico al utilizar fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, evitando sufragar esos gastos con recursos propios.
Esa interpretación fue posteriormente respaldada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y constituye actualmente el principal impedimento para que Puigdemont pueda beneficiarse plenamente de la amnistía.
El TJUE analizará si el procés afectó a los intereses financieros de la Unión Europea
La sentencia que emitirá el TJUE responde a varias cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional.
Los jueces europeos deberán determinar, entre otros aspectos:
- Si la utilización de fondos públicos durante el referéndum del 1-O afectó a intereses económicos de la Unión Europea.
- Si la ley de Amnistía respeta el Derecho comunitario.
- Si la norma puede aplicarse a procedimientos relacionados con presuntos delitos de terrorismo, como la causa abierta contra varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).
Estas cuestiones no analizan directamente la situación penal concreta de Puigdemont, sino la compatibilidad general de la ley española con el ordenamiento jurídico europeo.
El Constitucional tendrá la última palabra sobre la malversación
Aunque el TJUE avale la ley de Amnistía y concluya que no existe afectación de intereses europeos, el debate sobre la malversación seguirá dependiendo exclusivamente de los tribunales españoles.
Fuentes jurídicas recuerdan que la interpretación del concepto de lucro personal corresponde al Derecho interno, por lo que será el Tribunal Constitucional quien determine finalmente si la interpretación realizada por el Supremo fue ajustada a la Constitución.
Hasta que esa resolución llegue, la orden de detención contra Puigdemont permanecerá activa.
La defensa de Puigdemont intentará acelerar el proceso
El abogado del expresidente, Gonzalo Boye, solicitará previsiblemente la aplicación inmediata de la amnistía si el fallo europeo resulta favorable.
La estrategia consistirá en pedir al magistrado Pablo Llarena que revise su decisión y retire tanto la orden nacional de detención como las medidas cautelares que mantienen a Puigdemont fuera de España desde hace casi nueve años.
No obstante, distintos especialistas consideran que resulta poco probable que el instructor modifique su criterio antes de conocer la futura resolución del Tribunal Constitucional.
El informe del abogado general ya anticipó un escenario favorable
Existe un precedente que genera expectativas entre las defensas de los líderes independentistas.
En noviembre, el abogado general del TJUE, Dean Spielmann, emitió un informe en el que concluía que:
- La ley de Amnistía no vulnera el Derecho de la Unión Europea.
- El procés no afectó a fondos europeos.
- La norma responde a un contexto de reconciliación política y social.
- No puede calificarse como una autoamnistía, ajustándose a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Aunque ese dictamen no es vinculante, en numerosas ocasiones las sentencias del TJUE terminan siguiendo el criterio del abogado general.
Consecuencias si Luxemburgo avala la amnistía
Si el tribunal europeo confirma ese planteamiento, las primeras consecuencias jurídicas podrían ser inmediatas en otros procedimientos.
Entre ellas destacan:
- El archivo del procedimiento contable del Tribunal de Cuentas, donde se reclaman 3,1 millones de euros a una treintena de ex altos cargos por los gastos del referéndum del 1-O.
- El sobreseimiento de la causa por terrorismo contra varios miembros de los CDR, al considerar que la ley resulta plenamente compatible con el marco jurídico europeo.
Sin embargo, la situación penal personal de Puigdemont y de otros dirigentes condenados, como Oriol Junqueras, seguirá pendiente de la interpretación que realice el Tribunal Constitucional sobre la malversación.
El otoño será decisivo para el futuro judicial del expresidente
Todo apunta a que el auténtico desenlace llegará en los próximos meses.
El Tribunal Constitucional estudia actualmente los recursos presentados por diversos dirigentes independentistas y será quien determine si la interpretación del Tribunal Supremo sobre el delito de malversación fue correcta.
Hasta entonces, Carles Puigdemont continuará sin poder regresar libremente a España, ya que la orden nacional de detención seguirá plenamente vigente pese a la trascendencia del fallo que emita este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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