La querella contra Manuel Bautista ha sacudido el panorama político de Móstoles este 17 de febrero de 2026. La exconcejala que ya había denunciado internamente al alcalde ha dado un paso más y ha presentado una acción penal por presunto acoso sexual y acoso laboral, ampliando la acusación a otros delitos como lesiones, coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos.
La querella contra Manuel Bautista se ha formalizado este lunes en el Juzgado de Instancia de Móstoles y no solo se dirige contra el regidor, sino también contra el Partido Popular (PP) como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31 bis del Código Penal.
Un caso que trasciende lo político
El actual alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, figura como principal querellado en un procedimiento que, según el abogado de la exedil, Antonio Suárez-Valdés, cuenta con “un nutrido soporte probatorio”.
Según la versión trasladada por la defensa, la querella contra Manuel Bautista pretende acreditar en primer lugar la presunta solicitud de favores de naturaleza sexual por parte del alcalde hacia la entonces concejala, con la intención de iniciar una relación personal.
En segundo término, la querella contra Manuel Bautista sostiene que, tras el rechazo de la exconcejala, se habría producido un “patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica”, cuyo objetivo habría sido aislarla profesionalmente e invisibilizarla dentro del consistorio.
Dimisión y presunto hostigamiento continuado
La exconcejala presentó su dimisión en 2024. Según el relato recogido en la querella contra Manuel Bautista, esa decisión habría sido consecuencia directa del presunto clima de presión y acoso laboral.
El abogado sostiene que los mecanismos internos de protección a la víctima dentro del partido fueron “insuficientes” o directamente ineficaces. La falta de respuesta institucional habría llevado a su representada a optar por la vía penal como último recurso.
En este sentido, la querella contra Manuel Bautista también apunta a la responsabilidad del Partido Popular como organización, argumentando que existió una omisión en la activación de protocolos internos y en la protección de la denunciante.
Testigos de alto perfil político
Uno de los aspectos más llamativos del procedimiento es la solicitud de declaración como testigos de figuras relevantes del PP madrileño. Entre ellas se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y la vicesecretaria de organización del PP madrileño, Ana Millán.
La defensa considera que estas declaraciones podrían resultar relevantes para esclarecer cómo se gestionó internamente la denuncia y qué actuaciones se llevaron a cabo dentro del partido.
Revelación de secretos y correos electrónicos borrados
Otro de los puntos clave de la querella contra Manuel Bautista es la presunta revelación de secretos. Según el escrito presentado, varios correos electrónicos intercambiados entre la exconcejala y la Comunidad de Madrid fueron difundidos a medios de comunicación.
Además, en al menos una publicación habría aparecido la identidad de la exedil, algo que, según su abogado, podría encajar en un delito de revelación de secretos.
La complejidad del caso aumenta por el hecho de que, según la defensa, los correos electrónicos oficiales de la víctima habrían sido borrados, lo que dificulta la reconstrucción completa de los hechos y obligará a una labor pericial exhaustiva.
Un procedimiento de alta complejidad
El letrado Suárez-Valdés ha subrayado que se trata de un procedimiento “de alta complejidad técnica”, dado que parte de los hechos denunciados se habrían producido en la intimidad entre la víctima y el presunto acosador.
La querella contra Manuel Bautista abre así un escenario judicial con importantes implicaciones políticas y mediáticas. No solo por la gravedad de los delitos imputados, sino también por la posible responsabilidad penal de un partido político como persona jurídica.
Impacto político y social
El caso podría tener consecuencias significativas en el Ayuntamiento de Móstoles y en la estructura del Partido Popular en Madrid. La querella contra Manuel Bautista coloca en el centro del debate cuestiones como la eficacia de los protocolos internos frente al acoso, la protección real de las víctimas y la responsabilidad de las organizaciones políticas ante conductas individuales de sus cargos públicos.
Por el momento, no se ha producido una resolución judicial sobre la admisión a trámite, y se espera que en las próximas semanas el juzgado determine los siguientes pasos procesales.
Mientras tanto, la querella contra Manuel Bautista continúa generando reacciones en el ámbito político y social, en un contexto donde la tolerancia cero frente al acoso sexual y laboral se ha convertido en una exigencia creciente de la ciudadanía. El desarrollo de la investigación marcará el rumbo de un caso que ya se perfila como uno de los más sensibles del panorama político local en 2026.