Seis personas han sido detenidas y otras ocho investigadas en la operación Vatoil-Visco, una investigación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria contra una organización asentada en Murcia que habría comercializado carburante al margen del control fiscal.
La operación deja un balance contundente: 86 000 litros de combustible precintados, más de 60 cuentas bancarias bloqueadas, cinco vehículos de alta gama intervenidos y 9 000 euros en efectivo.
Una red de empresas bajo sospecha por fraude fiscal
La investigación, desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, comenzó después de que los investigadores detectaran movimientos inusuales en varias sociedades dedicadas a la comercialización de carburante.
Según los investigadores, la organización habría creado un entramado empresarial destinado a adquirir y distribuir hidrocarburos sin repercutir los impuestos correspondientes.
Para dar apariencia legal a las operaciones, la red habría utilizado además documentación mercantil alterada, según la información facilitada por Hacienda y el Ministerio del Interior.
La organización estaba asentada principalmente en Murcia, aunque su actividad investigada se extendía también a Alicante y otras provincias españolas.
Más de 2 millones de euros que no habrían llegado a Hacienda
El fraude investigado supera los 2 millones de euros en un solo año.
La Agencia Tributaria concreta que, únicamente durante 2025 y tomando como referencia dos de las sociedades investigadas, se habría dejado de ingresar aproximadamente:
- 400 000 euros en IVA.
- Más de 1 800 000 euros en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
- Más de 2 200 000 euros en total entre ambos conceptos.
Estas cantidades corresponden a la estimación efectuada por los investigadores y se refieren a las dos sociedades analizadas durante ese ejercicio.
El dato permite dimensionar el alcance económico de la investigación: no se trataría únicamente de operaciones comerciales irregulares aisladas, sino de un entramado que, según los investigadores, habría permitido eludir una cantidad millonaria de impuestos.
Seis detenidos y ocho personas investigadas
La explotación de la operación se llevó a cabo después de reunir los indicios considerados suficientes por los investigadores.
En la provincia de Murcia se realizaron seis registros:
- Una nave industrial.
- Cinco domicilios particulares.
Cinco de los sospechosos fueron detenidos simultáneamente durante el dispositivo. Un sexto investigado fue localizado y detenido al día siguiente, también en Murcia.
Además de los seis detenidos, otras ocho personas están siendo investigadas por su presunta vinculación con la organización.
Las autoridades atribuyen a los implicados, con distinto grado de participación, varios delitos. Entre ellos figuran pertenencia a organización criminal, delitos contra la Hacienda Pública, delitos contra los consumidores, daños, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.
Estas imputaciones forman parte de una investigación judicial y no equivalen a una condena.
Tres estaciones de servicio quedan precintadas
Uno de los elementos más relevantes del operativo se produjo directamente en instalaciones vinculadas a la distribución de carburante.
Los investigadores precintaron los surtidores de tres estaciones de servicio situadas en:
- Villajoyosa (Alicante).
- Miguelturra (Ciudad Real).
- Linares (Jaén).
También fueron precintados tres depósitos que almacenaban 86 000 litros de carburante.
La medida se adoptó con carácter preventivo dentro del operativo.
La intervención muestra además que la investigación no se limitó a sociedades mercantiles y domicilios: alcanzó parte de la infraestructura utilizada para almacenar y comercializar el combustible.
Más de 60 cuentas bancarias bloqueadas
El dispositivo también ha golpeado la estructura económica de la organización investigada.
Los agentes consiguieron bloquear más de 60 cuentas bancarias vinculadas al entramado.
Durante los registros se intervinieron además cinco vehículos de alta gama, alrededor de 9 000 euros en efectivo y abundante documentación relacionada con la actividad investigada.
El bloqueo de las cuentas permite preservar fondos mientras avanza la investigación y dificulta que los investigados puedan mover determinados recursos presuntamente relacionados con las actividades analizadas.
¿Cómo funcionaba presuntamente el entramado?
La información oficial apunta a una estructura basada en varias sociedades.
Según los investigadores, estas empresas permitían adquirir y distribuir carburante mientras se utilizaba documentación mercantil alterada para aparentar que las operaciones se desarrollaban de forma regular.
El punto central de la investigación está en la presunta comercialización de hidrocarburos sin repercutir los impuestos que gravan su venta.
La diferencia entre el precio de venta y las obligaciones fiscales generaría, según la hipótesis investigadora, un beneficio ilícito.
La utilización de varias empresas habría añadido capas de complejidad al circuito comercial y financiero investigado.
La operación Vatoil-Visco se extiende por varias provincias
Aunque el núcleo de la investigación se encuentra en Murcia, la actuación policial y tributaria ha tenido ramificaciones en varias provincias.
La intervención de surtidores se produjo en Alicante, Ciudad Real y Jaén, mientras que la investigación ha identificado actividad de la organización en Murcia, Alicante y otros territorios.
La dimensión territorial explica la colaboración entre diferentes unidades de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
La operación ha sido desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante y la Sección II de Investigación Económica del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Alicante, con apoyo de la Guardia Civil de la Comandancia de Murcia.
Una investigación que comenzó con movimientos sospechosos
El origen de la operación está en el análisis económico de las sociedades investigadas.
Los investigadores detectaron movimientos inusuales en empresas relacionadas con la comercialización de carburantes. A partir de esas primeras señales se inició una investigación destinada a determinar si existía un sistema organizado para eludir las obligaciones tributarias.
La investigación permitió posteriormente identificar el entramado empresarial y reunir los indicios que llevaron a la fase operativa.
Este tipo de investigaciones resulta especialmente complejo porque las operaciones comerciales pueden presentar inicialmente una apariencia formal de normalidad.
El análisis de documentación, movimientos financieros y operaciones mercantiles permite a los investigadores reconstruir posteriormente el circuito económico.
Los delitos investigados van más allá del fraude fiscal
La operación no se limita a una investigación por impago de impuestos.
Las autoridades atribuyen a los implicados diferentes delitos relacionados con la presunta actividad de la organización. Entre ellos aparecen falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y delitos contra los consumidores, además del delito contra la Hacienda Pública.
La inclusión de estos delitos refleja que la investigación analiza no solamente cuánto dinero habría dejado de ingresar la Hacienda Pública, sino también cómo se habrían desarrollado las operaciones comerciales y qué mecanismos se habrían utilizado para ocultarlas.
La existencia y alcance de cada responsabilidad penal deberá determinarse en el procedimiento judicial.
Uno de los detenidos ya tenía una orden judicial pendiente
Tras pasar a disposición judicial, los seis detenidos quedaron a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela.
Uno de ellos ingresó en prisión debido a un señalamiento judicial que ya estaba vigente con anterioridad, mientras que el resto quedó en libertad con medidas cautelares.
Este dato es importante porque la información oficial no atribuye el ingreso en prisión a una decisión cautelar adoptada exclusivamente por esta nueva investigación.
Los demás detenidos quedaron sometidos a las medidas establecidas por la autoridad judicial.
Hacienda refuerza el control sobre el mercado de hidrocarburos
El caso vuelve a poner el foco en el control fiscal de un sector sometido a una importante carga tributaria.
Los hidrocarburos soportan, además del IVA, un impuesto específico sobre su consumo. La investigación señala precisamente estos dos ámbitos como los principales conceptos presuntamente defraudados en 2025.
La Agencia Tributaria y el Servicio de Vigilancia Aduanera desempeñan un papel esencial en la detección de operaciones irregulares relacionadas con mercancías sujetas a impuestos especiales.
En este caso, su trabajo se desarrolló junto a las unidades de investigación de la Guardia Civil.
Una operación con un fuerte impacto económico
El balance provisional de la operación Vatoil-Visco permite resumir la dimensión del caso en varias cifras:
| Actuación | Resultado |
|---|---|
| Personas detenidas | 6 |
| Personas investigadas | 8 |
| Fraude atribuido en 2025 | Más de 2,2 millones de euros |
| Combustible precintado | 86 000 litros |
| Cuentas bancarias bloqueadas | Más de 60 |
| Vehículos de alta gama intervenidos | 5 |
| Dinero en efectivo intervenido | ≈ 9 000 euros |
| Estaciones de servicio precintadas | 3 |
Los datos proceden de la información oficial difundida por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior.
La investigación sigue abierta
La operación no supone el final de las actuaciones.
Con ocho personas investigadas, documentación intervenida, cuentas bloqueadas y diferentes sociedades bajo análisis, las pesquisas pueden continuar para determinar el alcance completo del entramado.
La prioridad será reconstruir las operaciones comerciales, determinar las cantidades efectivamente defraudadas y establecer el grado de participación que corresponde a cada investigado.
La presunción de inocencia sigue siendo aplicable a todos los implicados mientras no exista una resolución judicial firme.
Un golpe al fraude en la distribución de carburantes
La operación Vatoil-Visco deja un mensaje claro sobre la dimensión que puede alcanzar el fraude fiscal en la distribución y venta de hidrocarburos.
La actuación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido intervenir instalaciones, bloquear recursos económicos y poner a disposición judicial a seis personas.
El dato más relevante es económico: solo en 2025 y en dos de las sociedades investigadas, los investigadores calculan que se habrían dejado de ingresar más de 2,2 millones de euros entre IVA e Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Ahora será la investigación judicial la que determine si las acusaciones se sostienen y cuál fue exactamente el papel desempeñado por cada uno de los implicados.
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