El envejecimiento de la población obliga a replantear el modelo residencial mientras la reforma de la dependencia refuerza la atención domiciliaria y la autonomía personal.
España afronta una transformación demográfica que está obligando a revisar cómo se cuida a las personas mayores. El reto ya no consiste únicamente en aumentar el número de plazas residenciales, sino en decidir cómo deben ser las residencias del futuro y qué servicios deben prestarse en el propio domicilio.
El modelo que gana peso apuesta por centros más pequeños, espacios que se parezcan a un hogar y una atención más personalizada. Paralelamente, la reforma de la normativa de dependencia aprobada definitivamente por el Congreso el 16 de septiembre de 2026 refuerza el enfoque de autonomía, cuidados y atención adaptada a las circunstancias de cada persona.
La transformación llega en un momento en el que el envejecimiento de la población incrementará la demanda de cuidados de larga duración y obligará a combinar residencias, atención domiciliaria, teleasistencia y otros recursos comunitarios.
Las residencias de mayores buscan dejar atrás el modelo institucional
Durante décadas, buena parte de las residencias de mayores se han organizado con una estructura próxima al modelo institucional: grandes edificios, espacios comunes compartidos y rutinas organizadas en función de las necesidades del centro.
La tendencia actual busca modificar ese planteamiento.
El concepto de Atención Centrada en la Persona (ACP) sitúa las preferencias, rutinas, autonomía y trayectoria vital del residente en el centro de la atención.
El objetivo es que una persona que ingresa en una residencia no tenga que renunciar automáticamente a sus costumbres.
La hora de levantarse, la alimentación, las actividades, la decoración de la habitación o la relación con otros residentes pasan a formar parte de un modelo que intenta conservar, en la medida de lo posible, la capacidad de decisión individual.
Las unidades de convivencia ganan protagonismo
Una de las principales herramientas para desarrollar este modelo son las denominadas unidades de convivencia.
En lugar de organizar una residencia alrededor de grandes plantas con decenas de usuarios, la propuesta consiste en crear pequeños grupos que compartan una zona común y dispongan de espacios que recuerden más a una vivienda.
La idea es que los residentes puedan conocer a las personas con las que conviven, mantener relaciones más estables y contar con profesionales de referencia.
El diseño arquitectónico también cambia. Cocinas abiertas, comedores pequeños, salas de estar y espacios más domésticos sustituyen progresivamente a algunas de las grandes zonas comunes tradicionales.
El tamaño de los grupos es una de las claves
Los modelos de unidades de convivencia plantean grupos reducidos, en algunos casos de 10 a 15 personas, frente a las grandes concentraciones de residentes habituales en centros de generaciones anteriores.
La reducción del tamaño facilita una atención más individualizada, aunque también plantea un desafío: mantener el coste del servicio bajo control.
Una unidad pequeña necesita profesionales suficientes para garantizar una atención adecuada. Por tanto, trasladar el modelo a miles de plazas requiere inversión tanto en edificios como en personal.
Este es uno de los principales obstáculos para generalizar el cambio.
El reto económico condiciona el futuro de las residencias
Construir una residencia más parecida a una vivienda puede resultar más caro que levantar grandes espacios institucionales diseñados para concentrar un elevado número de plazas.
Además, el modelo de atención personalizada requiere más flexibilidad en la organización del personal.
El desafío consiste en encontrar una fórmula que permita mejorar la calidad de vida sin provocar un incremento de los costes que termine trasladándose de manera desproporcionada a las Administraciones, las empresas o las familias.
La discusión, por tanto, no es únicamente arquitectónica. También afecta a la financiación del sistema de cuidados de larga duración.
La reforma de la dependencia refuerza la atención en casa
El cambio de modelo residencial coincide con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad aprobada definitivamente por el Congreso en septiembre.
El texto modifica la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, además de la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad. El Congreso confirmó definitivamente la reforma el 16 de septiembre de 2026, después de incorporar determinadas enmiendas procedentes del Senado.
Entre los cambios incorporados al sistema figura un refuerzo de los servicios orientados a que las personas puedan recibir apoyos en su entorno habitual.
La filosofía general de la reforma es avanzar hacia una atención que tenga en cuenta la voluntad, las necesidades y las circunstancias concretas de cada persona.
Más servicios para permanecer en el domicilio
Uno de los pilares del nuevo enfoque es ampliar la atención que puede prestarse en casa.
La atención domiciliaria deja de entenderse únicamente como ayuda para determinadas tareas domésticas y se orienta hacia un conjunto más amplio de apoyos vinculados a la vida cotidiana.
También se refuerza el papel de la teleasistencia dentro del sistema de cuidados.
La reforma contempla además modificaciones en la figura del cuidador no profesional, ampliando las posibilidades para que determinadas personas del entorno puedan ejercer ese papel.
El objetivo es que el sistema no obligue automáticamente a una persona dependiente a abandonar su domicilio cuando pueda mantenerse en él con los apoyos adecuados.
El Estado asumirá el 50 % de la financiación del sistema
La reforma también incorpora una cuestión especialmente relevante: la financiación.
El texto aprobado establece que la Administración General del Estado garantizará una financiación equivalente al 50 % del gasto total certificado por las comunidades autónomas, sin incluir la aportación económica de los beneficiarios.
La medida afecta directamente al reparto de responsabilidades entre el Estado y las comunidades autónomas, que son las Administraciones con un papel fundamental en la gestión de los servicios de dependencia.
Además, el Gobierno ha defendido una aportación extraordinaria de 6 200 millones de euros para 2026 y 2027 destinada al sistema. Esta cifra aparece recogida en el debate parlamentario sobre la reforma.
La financiación será, en cualquier caso, uno de los principales elementos que determinarán hasta dónde puede llegar la transformación del sistema.
España necesita más capacidad para atender a una población cada vez más mayor
El cambio de modelo se produce mientras aumenta la presión sobre los servicios destinados a las personas mayores.
El Imserso mantiene entre sus estadísticas oficiales el Censo de Centros Residenciales de Servicios Sociales y ha publicado la edición correspondiente a la situación de 2025, junto con las estadísticas periódicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La cuestión no es únicamente cuántas plazas existen.
También importa qué perfil tienen las personas que necesitan atención, qué grado de dependencia presentan y qué alternativa resulta más adecuada en cada caso.
Una persona autónoma puede necesitar un recurso completamente diferente al de otra con deterioro cognitivo avanzado o necesidades de atención continuada.
Residencia o domicilio: el futuro puede combinar ambos modelos
La transformación del sistema no significa que las residencias vayan a desaparecer.
Al contrario, los centros residenciales seguirán siendo necesarios para las personas que no puedan permanecer en su domicilio con apoyos suficientes.
La tendencia consiste en hacer que la residencia deje de ser la primera respuesta para determinados perfiles y se convierta en un recurso especializado cuando las necesidades de atención lo hagan necesario.
En ese escenario pueden convivir diferentes alternativas:
- Atención domiciliaria.
- Teleasistencia.
- Centros de día.
- Viviendas para personas mayores.
- Unidades de convivencia.
- Residencias especializadas.
- Apoyos a cuidadores familiares y no profesionales.
La clave estará en determinar qué combinación necesita cada persona.
El modelo residencial también cambia después de la pandemia
La pandemia de covid-19 aceleró el debate sobre el diseño de las residencias.
La necesidad de aislar a grupos de residentes durante los periodos de mayor transmisión puso de manifiesto las dificultades de los grandes centros con espacios compartidos.
Las unidades más pequeñas y sectorizadas adquirieron mayor protagonismo como fórmula para reducir determinados riesgos y, posteriormente, como alternativa para mejorar la convivencia.
La pandemia no creó por sí sola este modelo, pero sí contribuyó a acelerar una transformación que ya estaba planteada.
El objetivo: que una residencia se parezca más a un hogar
La transformación arquitectónica tiene una finalidad que va más allá de la estética.
Una residencia diseñada como un conjunto de pequeñas viviendas puede facilitar que el usuario mantenga referencias personales, relaciones estables y rutinas cotidianas.
La habitación también adquiere importancia.
Poder disponer de objetos personales, muebles propios y elementos que permitan identificar el espacio como propio contribuye a crear una mayor sensación de continuidad con la vida anterior al ingreso.
El reto consiste en conseguirlo sin sacrificar la seguridad ni la capacidad de prestar cuidados complejos.
Un cambio que avanza a distintas velocidades
Aunque el modelo de unidades de convivencia ha ganado presencia, su implantación no es uniforme.
Las comunidades autónomas tienen competencias esenciales en materia de servicios sociales y la aplicación práctica de los modelos residenciales puede variar considerablemente.
Por eso, el cambio hacia residencias más pequeñas y personalizadas avanza de manera desigual según el territorio y el tipo de centro.
La aprobación de estándares y estrategias nacionales no implica que todas las residencias existentes puedan transformarse inmediatamente.
En muchos casos será necesario reformar edificios construidos para un modelo completamente diferente.
El gran desafío será financiar los cuidados
La transformación del sistema plantea una cuestión inevitable: quién pagará el aumento de las necesidades de atención.
El envejecimiento demográfico significa que habrá más personas que necesiten algún tipo de apoyo y, al mismo tiempo, una proporción menor de población en edad laboral disponible para proporcionar esos cuidados y financiar los servicios mediante impuestos y cotizaciones.
La respuesta exigirá recursos económicos, pero también más profesionales, nuevas infraestructuras y una mejor coordinación entre sanidad y servicios sociales.
La reforma legislativa supone un cambio en los derechos y servicios reconocidos, pero convertir esos derechos en atención efectiva dependerá de su aplicación y de los recursos disponibles.
Las residencias del futuro serán más pequeñas y personalizadas
El sistema español se encuentra, por tanto, ante una transformación profunda.
La residencia tradicional basada en grandes espacios y rutinas uniformes está siendo sustituida progresivamente por modelos que buscan grupos reducidos, espacios domésticos y atención centrada en cada persona.
Al mismo tiempo, la reforma de la dependencia impulsa una mayor atención en el domicilio y amplía las posibilidades de recibir apoyos sin abandonar el entorno habitual.
El objetivo final es que la persona mayor conserve el mayor grado posible de autonomía, intimidad y capacidad de decisión, tanto si permanece en su casa como si necesita trasladarse a una residencia.
El verdadero desafío será conseguir que ese cambio de modelo llegue a todo el territorio y pueda sostenerse económicamente durante las próximas décadas.
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