Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 29 de noviembre después de que el Congreso rechazara dos decretos de vivienda y reclama una mayoría progresista más amplia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido poner fin anticipadamente a la legislatura y convocar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. El anuncio se produjo este lunes desde el Palacio de la Moncloa, apenas tres días después de que el Congreso tumbara dos decretos impulsados por el Ejecutivo en materia de vivienda.
Sánchez ha presentado la convocatoria como una decisión para que los españoles decidan qué modelo de país quieren y ha planteado las elecciones como una elección entre continuar con un Gobierno progresista o permitir el avance de lo que calificó como «ola ultraderechista».
La convocatoria llega después de una legislatura marcada por la dificultad del Gobierno para reunir mayorías parlamentarias estables. El pasado viernes, el Congreso rechazó dos decretos de vivienda con mayorías diferentes, dejando al Ejecutivo ante un nuevo revés parlamentario.
El resultado abre ahora una campaña electoral especialmente corta y coloca la vivienda, los servicios públicos, la economía y la gobernabilidad en el centro del debate político.
Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre
La decisión fue comunicada por Sánchez después de informar al Rey Felipe VI y antes de la celebración del Consejo de Ministros extraordinario que debía aprobar formalmente la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral.
El presidente justificó el adelanto apelando a la necesidad de que los ciudadanos determinen el rumbo político de España.
«Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país», afirmó durante su declaración institucional.
El Real Decreto 806/2026, publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, formalizó la disolución del Congreso y del Senado y fijó la celebración de los comicios para el domingo 29 de noviembre de 2026.
La convocatoria activa los plazos establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
El adelanto llega tras dos derrotas en el Congreso por la vivienda
El detonante inmediato de la decisión se encuentra en la situación parlamentaria creada el 2 de octubre, cuando la Cámara Baja rechazó dos decretos relacionados con la vivienda.
El primero fue derrotado por 178 votos frente a 172. El segundo cayó por 184 votos frente a 166.
Las medidas habían sido presentadas por el Gobierno como una respuesta a la crisis de acceso a la vivienda e incluían, entre otras cuestiones, mecanismos de protección para personas vulnerables, prórrogas de contratos de alquiler y medidas dirigidas a limitar determinadas operaciones especulativas.
En el primer decreto votaron en contra PP, Vox, Junts y UPN. En el segundo se sumaron también PNV y Coalición Canaria.
El rechazo dejó al Ejecutivo sin dos de sus principales iniciativas legislativas en materia de vivienda y evidenció de nuevo las dificultades para articular una mayoría parlamentaria suficiente.
Sánchez reconoce errores y reclama una mayoría más amplia
Durante su intervención, Sánchez reconoció que su Gobierno también ha cometido errores y que no ha conseguido cumplir todos sus objetivos.
El presidente señaló específicamente que todavía quedan problemas por resolver en ámbitos como la desigualdad, los servicios públicos y el acceso a la vivienda.
A partir de ese diagnóstico, defendió que el PSOE y sus socios necesitan renovar y ampliar el respaldo electoral obtenido en las anteriores elecciones.
Su objetivo declarado es conseguir en el próximo Congreso una «mayoría mucho más amplia progresista» que permita al Ejecutivo sacar adelante su programa con mayor estabilidad.
La afirmación pone de relieve una de las claves de la convocatoria: la actual legislatura ha estado condicionada por una aritmética parlamentaria que ha obligado al Gobierno a negociar de forma permanente con distintas fuerzas.
El presidente convierte la campaña en una disputa sobre el modelo de país
Sánchez no se limitó a explicar las razones institucionales de la convocatoria.
En su declaración dibujó un escenario electoral de fuerte polarización y contrapuso su proyecto con una eventual llegada de una «coalición ultraderechista».
El presidente sostuvo que los ciudadanos tendrán que elegir entre continuar con políticas progresistas o, según sus palabras, dar paso a fuerzas que «derogarían y recortarían» derechos y libertades.
Estas son valoraciones políticas del presidente del Gobierno, no hechos independientes. La composición del próximo Ejecutivo dependerá de los resultados electorales y de los acuerdos parlamentarios que puedan producirse después del 29-N.
El discurso anticipa una campaña en la que el PSOE previsiblemente tratará de movilizar a su electorado alrededor de la defensa de las políticas sociales.
Sánchez carga contra PP y Vox
El presidente también aprovechó la comparecencia para cuestionar duramente la actuación de la oposición durante la legislatura.
Sánchez describió el Congreso como una Cámara caracterizada por un clima «muy bronco» y acusó a PP y Vox de haber bloqueado iniciativas del Ejecutivo.
Además, calificó a la oposición como «la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática», una afirmación política que forma parte de su argumentario electoral.
El presidente también criticó la gestión autonómica y municipal de los partidos de la oposición y sostuvo que determinadas administraciones habrían optado por privatizar servicios públicos.
El PP y Vox, por su parte, han defendido posiciones contrarias a buena parte de la agenda legislativa del Gobierno y han cuestionado las políticas de vivienda planteadas por el Ejecutivo.
La vivienda se convierte en el gran campo de batalla electoral
El rechazo de los decretos convierte la vivienda en uno de los principales asuntos de la campaña.
El problema no es nuevo. El acceso a una vivienda asequible se ha consolidado como una de las principales preocupaciones sociales, especialmente entre jóvenes y hogares con menores ingresos.
Precisamente por eso, el Gobierno había situado las medidas de alquiler y protección frente a determinados desahucios en el centro de su estrategia política.
La oposición cuestionó que esas medidas fueran suficientes para resolver el problema estructural de la vivienda y ha defendido, entre otras propuestas, un incremento de la oferta residencial.
El debate enfrenta así dos aproximaciones diferentes:
- El Gobierno y sus socios ponen el foco en la protección de los inquilinos, la regulación del alquiler y las medidas frente a situaciones de vulnerabilidad.
- La oposición insiste en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda y cuestiona determinadas intervenciones sobre el mercado.
- Los partidos nacionalistas mantienen posiciones propias y han demostrado que su voto puede resultar decisivo en el Congreso.
La derrota parlamentaria del 2 de octubre mostró hasta qué punto esas diferencias pueden impedir que el Gobierno convierta sus propuestas en legislación efectiva.
Un Congreso sin mayoría estable
Más allá de la vivienda, el adelanto electoral debe entenderse dentro de una legislatura caracterizada por una aritmética parlamentaria compleja.
El PSOE y Sumar no disponen por sí solos de una mayoría absoluta y han necesitado negociar con formaciones muy diferentes para sacar adelante sus iniciativas.
Esa dependencia ha obligado al Ejecutivo a buscar acuerdos puntuales con partidos como ERC, EH Bildu, PNV, Junts, Podemos, Compromís o Coalición Canaria, dependiendo de cada votación.
La dificultad aumenta cuando las posiciones de esos partidos divergen entre sí.
El episodio de los decretos de vivienda es un ejemplo claro: una parte de los socios habituales del Gobierno respaldó las medidas, mientras otros grupos que habían sido necesarios para aprobar iniciativas anteriores terminaron votando en contra.
El Gobierno reivindica sus resultados económicos y sociales
Sánchez aprovechó su discurso para defender el balance de su Ejecutivo.
Según el presidente, España ha registrado buenos resultados económicos, ha aumentado el poder adquisitivo y ha reducido la desigualdad.
También reivindicó la actuación del Gobierno en ámbitos como la Unión Europea, la cooperación internacional y las políticas sociales.
Estos argumentos formarán previsiblemente parte de la estrategia electoral del PSOE.
La campaña permitirá, además, confrontar esas afirmaciones con indicadores oficiales sobre crecimiento, empleo, salarios, inflación, deuda pública, vivienda y servicios públicos.
En una campaña de apenas dos semanas, el balance económico puede convertirse en uno de los principales elementos de discusión entre los partidos.
Sánchez defiende su gestión frente a las críticas
El presidente ha admitido que existen problemas pendientes, pero ha defendido que España ha seguido avanzando durante la legislatura.
En su discurso también vinculó la acción de su Gobierno con la defensa del Estado del bienestar y rechazó que el incremento del gasto en defensa deba realizarse, según sus palabras, sacrificando las políticas sociales.
El Ejecutivo tendrá ahora que convertir ese balance en un mensaje electoral capaz de movilizar a sus votantes.
La oposición tratará de plantear la elección desde otro ángulo: la estabilidad, la economía, la vivienda, la gestión de los servicios públicos y la capacidad para gobernar con una mayoría parlamentaria viable.
El calendario del 29-N ya está en marcha
Con la publicación del decreto de convocatoria, el calendario electoral queda definido.
Las principales fechas son:
- 29 de noviembre: elecciones generales.
- 13 de noviembre: comienzo oficial de la campaña.
- 27 de noviembre: final de la campaña.
- 28 de noviembre: jornada de reflexión.
- 23 de diciembre: constitución de las nuevas Cortes Generales.
Los partidos disponen así de poco más de un mes para cerrar sus candidaturas, configurar alianzas y preparar una campaña nacional.
La LOREG establece que, en caso de disolución anticipada, las elecciones deben celebrarse 54 días después de la convocatoria.
Una campaña marcada por la polarización
El primer discurso de Sánchez ya permite anticipar uno de los elementos centrales de la campaña: la confrontación entre bloques.
El presidente ha presentado las elecciones como una decisión entre continuar con un proyecto progresista o permitir el avance de una alternativa que él identifica con la «ola ultraderechista».
La oposición, previsiblemente, planteará el 29-N como una oportunidad para producir un cambio político.
Mientras tanto, las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE afrontan sus propios problemas de coordinación. Podemos y Sumar siguen negociando su relación electoral, mientras las formaciones territoriales estudian sus respectivas fórmulas de concurrencia.
El resultado será una campaña con múltiples niveles de competencia: entre PSOE y PP por el Gobierno, entre bloques ideológicos y entre las propias formaciones que aspiran a ocupar espacios electorales próximos.
Un adelanto que convierte el 29-N en el examen de toda la legislatura
Pedro Sánchez ha decidido que sean los ciudadanos quienes resuelvan mediante las urnas el escenario de bloqueo parlamentario que se ha intensificado durante las últimas semanas.
El presidente defiende que necesita una mayoría progresista más amplia para completar su programa. La oposición sostiene que el problema es precisamente la incapacidad del Ejecutivo para construir una mayoría estable.
Ambas interpretaciones forman parte ya del debate electoral.
Lo que está confirmado es que España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre de 2026 y que los ciudadanos elegirán la composición de un nuevo Congreso de 350 diputados, además de los senadores correspondientes.
El resto —la composición del próximo Gobierno, los pactos y la capacidad de cada bloque para formar una mayoría— dependerá de los resultados y de las negociaciones posteriores.
El adelanto electoral pone así fin a una legislatura marcada por una compleja aritmética parlamentaria y abre una campaña en la que vivienda, economía, servicios públicos, estabilidad política y modelo territorial estarán entre los principales asuntos de discusión.
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