CCOO y UGT acuerdan un paro general este otoño por la vivienda y los salarios, mientras España encara las elecciones del 29 de noviembre.
La crisis de la vivienda entra de lleno en el conflicto laboral. CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar salarios que permitan afrontar el coste de la vivienda y exigir medidas para facilitar el acceso a un hogar digno.
La convocatoria llega en un momento especialmente sensible: Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales para el 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara dos reales decretos-ley relacionados con la vivienda. Los sindicatos aseguran que su decisión se enmarca en las movilizaciones sociales que ya se estaban desarrollando y que la fecha concreta se pactará con el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones.
Pero existe un elemento que conviene precisar. No se ha fijado todavía el día de la huelga y el acuerdo debe ser ratificado por los máximos órganos de dirección de CCOO y UGT. Por tanto, la convocatoria anunciada no equivale todavía a una jornada de paro con fecha cerrada.
CCOO y UGT llevan la batalla por la vivienda a los centros de trabajo
La decisión supone trasladar una protesta que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente en las calles al ámbito laboral.
CCOO y UGT pretenden que la movilización por la vivienda incorpore también las reivindicaciones salariales y la negociación colectiva. Su argumento es que el problema de la vivienda no puede analizarse de forma aislada de los ingresos de los trabajadores.
Los sindicatos sostienen que los salarios no permiten afrontar simultáneamente el coste de la vivienda y el resto de gastos derivados de la inflación. Por ello quieren vincular ambas cuestiones en una movilización conjunta.
La estrategia se desarrollará en coordinación con movimientos de inquilinos, asociaciones vecinales y otras organizaciones sociales.
La fecha definitiva será negociada con estas plataformas, incluido el Sindicato de Inquilinas, que lleva semanas impulsando movilizaciones por la vivienda.
La huelga llega después del rechazo de los decretos de vivienda
El anuncio sindical se produce pocos días después de que el Congreso de los Diputados rechazara dos reales decretos-ley sobre vivienda.
Ese revés parlamentario se convirtió en uno de los acontecimientos políticos que precipitaron el anuncio de elecciones generales por parte de Sánchez.
Los sindicatos han interpretado el rechazo como una razón adicional para intensificar la movilización social. En su comunicado conjunto sostienen que las manifestaciones celebradas durante el último fin de semana demostraron, a su juicio, la existencia de una demanda social que debe trasladarse también al ámbito laboral.
El contexto político es, por tanto, especialmente relevante: una huelga general podría desarrollarse en las semanas inmediatamente anteriores a unas elecciones generales, aunque CCOO y UGT todavía no han confirmado oficialmente una fecha.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que el paro no debería coincidir con la campaña electoral y ha apuntado noviembre como una posibilidad para su celebración.
Los sindicatos reclaman subidas salariales de entre el 4 % y el 7 %
La reivindicación no se limita al precio de los alquileres.
CCOO y UGT vinculan la movilización con sus planteamientos para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el que plantean incrementos salariales de entre el 4 % y el 7 %, acompañados de cláusulas de revisión salarial.
El objetivo declarado es que la evolución de los salarios permita cubrir los gastos considerados esenciales y que la pérdida de poder adquisitivo no convierta el acceso a una vivienda en una posibilidad reservada a quienes tienen mayores ingresos.
Esta conexión entre salarios y vivienda constituye el eje central de la nueva estrategia sindical.
Los sindicatos pretenden que la negociación colectiva no se limite a discutir incrementos nominales de sueldo, sino que tenga en cuenta el coste real de las necesidades básicas.
El decálogo sindical para la vivienda
La convocatoria también se apoya en el denominado «Decálogo por el derecho a la vivienda» defendido por las centrales.
Entre sus principales reclamaciones figuran:
- Un pacto social y político sobre vivienda.
- Limitación de los precios de los alquileres.
- Creación de un parque público de vivienda protegida y permanente.
- Aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.
- Medidas para garantizar salarios suficientes para afrontar los gastos básicos.
- Mayor implicación de las administraciones públicas con competencias en vivienda.
CCOO y UGT también reclaman a las organizaciones empresariales que desbloqueen la negociación colectiva y permitan alcanzar acuerdos salariales que, en su opinión, garanticen una capacidad adquisitiva suficiente.
Una huelga con una dimensión política inevitable
Aunque CCOO y UGT presentan la movilización como una reivindicación laboral y social, el contexto en el que se produce introduce inevitablemente una dimensión política.
España se encuentra ya inmersa en la preparación de las elecciones del 29-N. El Gobierno ha convertido la vivienda en uno de sus principales argumentos políticos y los partidos de la oposición han planteado propuestas diferentes sobre cómo incrementar la oferta residencial y reducir las dificultades de acceso.
La eventual huelga se produciría, además, después de que el Ejecutivo haya sufrido un revés parlamentario precisamente con dos medidas relacionadas con la vivienda.
Los sindicatos niegan que su decisión responda al adelanto electoral y sostienen que la movilización venía preparándose antes del anuncio de Sánchez.
La fecha que finalmente se elija permitirá comprobar hasta qué punto la protesta queda separada del calendario electoral.
La CEOE cuestiona una huelga por la vivienda
La convocatoria ya ha generado críticas desde el ámbito empresarial.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cuestionado que una huelga general tenga como motivo principal la vivienda y ha planteado que esa cuestión no constituye, en sí misma, un conflicto laboral.
Los sindicatos mantienen una interpretación diferente. Su argumento consiste precisamente en que el precio de la vivienda afecta directamente a las condiciones materiales de los trabajadores y, por tanto, guarda relación con los salarios y la negociación colectiva.
La controversia plantea una cuestión de fondo: hasta dónde puede extenderse el ámbito de una huelga general cuando las reivindicaciones combinan cuestiones estrictamente laborales con demandas sociales y políticas.
El precedente de 2012
La decisión de CCOO y UGT tiene además una relevancia histórica.
Las dos organizaciones no convocaban conjuntamente una huelga general estatal de 24 horas desde el 14 de noviembre de 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy afrontaba las políticas de austeridad aplicadas durante la crisis económica.
El nuevo paro, si finalmente es ratificado y celebrado, constituiría por tanto una de las principales movilizaciones sindicales nacionales de los últimos años.
El contexto, sin embargo, es diferente. En esta ocasión el eje declarado no son los recortes presupuestarios, sino la combinación de vivienda, salarios y poder adquisitivo.
El Sindicato de Inquilinas gana protagonismo
El acuerdo de CCOO y UGT también supone un espaldarazo al movimiento organizado en torno al Sindicato de Inquilinas.
Esta organización lleva semanas reclamando una respuesta política ante el aumento de las dificultades para acceder a una vivienda y ha participado en las movilizaciones que precedieron al anuncio sindical.
Ahora tendrá un papel relevante en la determinación de la fecha y en la preparación de la jornada de protesta.
La incorporación de los dos grandes sindicatos amplía considerablemente el alcance potencial de las movilizaciones.
Una protesta impulsada exclusivamente por organizaciones de inquilinos tiene una estructura diferente de una convocatoria respaldada por las dos principales centrales sindicales del país, con capacidad para trasladar el conflicto a empresas y centros de trabajo.
También se suman otras organizaciones sindicales
CCOO y UGT no son las únicas organizaciones que han defendido una movilización general por la vivienda.
La CGT también ha expresado su respaldo a una huelga vinculada a esta reivindicación y ha planteado la coordinación con sindicatos de inquilinos y movimientos sociales.
La posible confluencia de distintas organizaciones puede ampliar el seguimiento de la protesta, aunque el alcance definitivo dependerá de la fecha elegida, de la campaña de movilización y de la respuesta de los trabajadores.
Por ahora, cualquier estimación sobre el seguimiento sería prematura.
El calendario electoral añade presión
El adelanto electoral modifica el contexto en el que se desarrollará la movilización.
Las elecciones generales están fijadas para el 29 de noviembre, mientras que la campaña electoral se desarrollará del 13 al 27 de noviembre.
La dirección sindical ha planteado que la huelga no coincida con la campaña electoral. Álvarez ha señalado noviembre como una posibilidad, pero todavía no existe una fecha oficial.
Esta cuestión será determinante.
Una jornada de paro celebrada antes del inicio de la campaña tendría una lectura diferente a otra desarrollada durante las semanas previas a las urnas. La primera podría presentarse fundamentalmente como una movilización social; la segunda quedaría inevitablemente integrada en un contexto de máxima confrontación política.
La vivienda se convierte en el gran conflicto del otoño
La secuencia de acontecimientos es significativa.
Primero llegaron las movilizaciones por el acceso a la vivienda. Después, el rechazo parlamentario de los decretos del Gobierno. Posteriormente, Sánchez anunció elecciones anticipadas. Y ahora CCOO y UGT preparan una huelga general de 24 horas.
La vivienda ha pasado así de ser un problema económico y social a convertirse también en uno de los principales conflictos políticos y sindicales del otoño.
La cuestión afecta a distintas administraciones: Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos tienen competencias relacionadas con vivienda, suelo, urbanismo, transporte o políticas sociales.
Precisamente por ello, los sindicatos dirigen sus reclamaciones al conjunto de las administraciones públicas y no exclusivamente al Ejecutivo central.
El Gobierno queda ante una protesta de gran dimensión
El Ejecutivo de Sánchez deberá gestionar ahora una situación especialmente compleja.
Por una parte, afronta una campaña electoral en la que la vivienda constituye uno de los principales problemas sociales. Por otra, tiene ante sí una movilización respaldada por CCOO y UGT, organizaciones tradicionalmente relevantes en el diálogo social.
La protesta puede convertirse en un elemento importante del debate electoral, aunque su impacto político no puede determinarse de antemano.
También habrá que observar la posición del resto de organizaciones sindicales, de las asociaciones empresariales y de las distintas administraciones públicas.
Todavía falta la decisión definitiva
Pese al impacto del anuncio, conviene mantener una precisión fundamental: CCOO y UGT han acordado convocar la huelga, pero el paro todavía no tiene fecha definitiva y debe ser ratificado internamente.
El siguiente paso será concretar el calendario junto al Sindicato de Inquilinas y las organizaciones sociales que participen en la movilización.
Después llegará la campaña para conseguir respaldo entre los trabajadores.
La huelga, por tanto, está políticamente anunciada, pero su fecha, alcance y seguimiento todavía están por determinar.
Un otoño marcado por vivienda, salarios y elecciones
El conflicto laboral se suma a un otoño de enorme intensidad política.
España afrontará el 29-N unas elecciones generales anticipadas mientras el movimiento sindical prepara un paro nacional de 24 horas y la vivienda se consolida como uno de los principales problemas del debate público.
CCOO y UGT defienden que la protesta es necesaria para exigir salarios suficientes y medidas que permitan acceder a una vivienda. La CEOE cuestiona el encaje de una huelga general centrada en parte en una cuestión no estrictamente laboral. El Gobierno, entretanto, tendrá que afrontar el conflicto en plena preparación de las elecciones.
La discusión de fondo trasciende a los sindicatos y al Gobierno: ¿por qué una parte creciente de los trabajadores considera que tener empleo ya no garantiza poder acceder a una vivienda?
La respuesta exigirá algo más que una jornada de huelga. También pondrá a prueba las políticas de vivienda, la evolución de los salarios y la capacidad de las administraciones para aumentar la oferta residencial.
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