Pedro Sánchez, en marzo de 2020, tomó la decisión de clasificar como secreto de Estado las actividades relacionadas con la extradición de Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Venezuela, conocido como el Pollo Carvajal. Durante este periodo, Carvajal estaba en el foco de atención de las autoridades estadounidenses, quienes solicitaban su extradición debido a investigaciones sobre la narcotráfico en Venezuela.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español no brindó información sobre su papel en el intento de extradición, alegando la clasificación como secreto de Estado. La situación se agravó con la declaración de Carvajal en Estados Unidos, donde hizo afirmaciones sobre los negocios del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el sector del petróleo y oro venezolano, sin que el gobierno español interviniera en el proceso.
El partido Vox solicitó en su momento explicaciones al Gobierno, cuestionando si había conocimiento sobre la ubicación de Carvajal en España y si se había obstruido su extradición. La respuesta del Gobierno fue una evasiva, subrayando que el CNI opera bajo el marco legal y que el control parlamentario se debe requerir a través de la Comisión de Control de los Créditos para Gastos Reservados.
Cabe destacar que, en el contexto de estas investigaciones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Carvajal en su lista de los chavistas más buscados, ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares por su captura, junto a otros altos funcionarios venezolanos implicados en el narcotráfico.
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