La Guardia Civil investiga varios actos vandálicos contra dispositivos de control de velocidad en la A-92 y la SE-30. Los vídeos muestran incendios, radares arrancados con vehículos y soportes cortados con herramientas hidráulicas.
Los ataques contra radares de tráfico en Sevilla han dejado imágenes de una violencia difícil de justificar. Los dispositivos aparecen incendiados, arrancados de sus anclajes y retirados de la vía mediante métodos que podrían haber provocado situaciones de peligro para los conductores.
La Guardia Civil, a través de la Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de Andalucía (UNIS), ha abierto diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Por ahora, no ha comunicado el número definitivo de radares afectados ni ha confirmado detenciones relacionadas con estos episodios.
Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran diferentes ataques en carreteras del entorno de Sevilla, entre ellas la A-92 y la SE-30. Aunque las imágenes han circulado recientemente, no permiten determinar por sí solas cuándo se produjo cada incidente ni si todos responden a una misma acción coordinada.
Incendian un radar sobre la A-92 y las llamas alcanzan la calzada
Uno de los vídeos más llamativos muestra a un individuo encapuchado que accede a una estructura elevada de tráfico en la A-92, en uno de los accesos a Sevilla. El hombre llega hasta el dispositivo de control de velocidad y le prende fuego antes de abandonar el lugar por una escalera lateral.
La escena tiene un elemento especialmente preocupante: el radar se encuentra sobre los carriles de circulación y el material en llamas termina cayendo hacia la autovía. Por tanto, el ataque no se limita a destruir un equipo público, sino que genera un riesgo añadido para los vehículos que circulan por la zona.
La grabación fue difundida por el perfil de Instagram @lasevillaenfurecida y ha contribuido a dar visibilidad a una serie de episodios vandálicos que están siendo investigados.
La información disponible no permite establecer la identidad del individuo ni precisar la fecha exacta del incendio. Tampoco consta que haya sido detenido.
Arrancan otro radar con un coche y una cuerda en Alcalá de Guadaíra
Otra de las secuencias difundidas muestra un método diferente para inutilizar un dispositivo de control de velocidad. En este caso, varias personas con el rostro cubierto rodean la estructura del radar y la sujetan con una cuerda a un turismo.
A continuación, el vehículo acelera y consigue arrancar el dispositivo de su soporte de un tirón. La maniobra queda registrada en vídeo y muestra la participación de varias personas.
El episodio se sitúa en el entorno de Alcalá de Guadaíra, en la A-92 y en dirección a Sevilla, según las informaciones difundidas sobre la grabación.
Como sucede con el resto de las imágenes, no se ha confirmado oficialmente quiénes son los implicados ni si este ataque guarda relación con los demás. La investigación deberá determinar también las circunstancias concretas y los daños ocasionados.
El radar de la SE-30 que fue cortado y quemado
Uno de los antecedentes más relevantes se encuentra en la Ronda Urbana Norte, en el entorno de la SE-30, frente al grafiti dedicado al grupo sevillano SFDK y en dirección a la Gota de Leche.
Las imágenes difundidas muestran cómo varias personas emplean una herramienta metálica de grandes dimensiones para cortar el poste que sostenía el radar. Después de derribarlo, retiran el equipo y lo introducen en un vehículo.
El dispositivo terminó apareciendo quemado en un descampado próximo al aeropuerto de San Pablo. El caso ya había trascendido en junio de 2026, aunque los hechos se remontaban aproximadamente a mes y medio antes de su publicación.
Según la información publicada entonces por Diario de Sevilla, el corte del soporte se habría realizado presuntamente con unas pinzas hidráulicas que podrían haber sido sustraídas de un parque de bomberos de la provincia. La cámara principal, la caja y el cableado fueron retirados y aparecieron calcinados posteriormente.
El radar formaba parte de los cinco dispositivos que el Ayuntamiento de Sevilla había instalado el otoño anterior en la Ronda Urbana Norte para controlar una vía limitada a 50 kilómetros por hora.
Este antecedente demuestra que los daños contra los equipos de tráfico no se limitan a las grabaciones que ahora se han viralizado.
La Guardia Civil trata de identificar a los responsables
La investigación está en manos de la Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de Andalucía (UNIS), que trabaja para esclarecer los distintos episodios y determinar quién participó en ellos.
Por el momento, las autoridades no han hecho público un balance definitivo de los dispositivos afectados. Tampoco han confirmado que todos los ataques estén relacionados o que hayan sido ejecutados por un mismo grupo.
Esta distinción es importante: que varias grabaciones muestren métodos similares o circulen al mismo tiempo por las redes sociales no demuestra que exista una única organización detrás de los hechos.
Los investigadores tendrán que reconstruir las circunstancias de cada ataque, comprobar las imágenes disponibles y determinar si existen elementos que permitan vincular los distintos sucesos.
La difusión de vídeos puede aportar pistas, pero no sustituye a las diligencias policiales ni permite identificar de manera concluyente a quienes aparecen en las grabaciones.
Destrozar un radar puede acarrear prisión y una elevada indemnización
La destrucción de un radar no constituye una simple gamberrada. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya advirtió en febrero de 2025 de que la vandalización de estos dispositivos puede constituir un delito de daños contra bienes públicos.
El organismo recordó entonces que el Código Penal contempla penas agravadas cuando los daños afectan a bienes de dominio o uso público, entre otros supuestos. El artículo 263.2 establece, cuando concurren las circunstancias previstas, penas de prisión de uno a tres años y multas de doce a veinticuatro meses.
La aplicación de ese tipo penal depende de las circunstancias y de la calificación jurídica de cada caso. No significa que cualquier desperfecto en un radar vaya a recibir automáticamente la misma condena.
Además de las posibles consecuencias penales, los responsables pueden tener que responder económicamente por los daños. La DGT cifró en aproximadamente 67.000 euros el coste de un radar fijo y en unos 66.000 euros el de un sistema de control de tramo, en la información que publicó sobre siete dispositivos vandalizados en 2025.
Esas cantidades sirven como referencia del coste de los equipos, pero no constituyen una multa automática ni una indemnización ya fijada para los ataques de Sevilla. La responsabilidad económica concreta dependerá de la valoración de los daños y de lo que se determine en cada procedimiento.
Los ataques también ponen en peligro la seguridad vial
Los radares forman parte de los sistemas de vigilancia de la velocidad en las carreteras. Su destrucción supone un perjuicio económico para las administraciones, pero también puede afectar a la seguridad de quienes utilizan esas vías.
El incendio de un dispositivo instalado sobre los carriles de la A-92 resulta especialmente preocupante por la posibilidad de que caigan materiales sobre la calzada. Una actuación de este tipo puede generar obstáculos, distracciones o situaciones imprevistas para los conductores.
También hay consecuencias prácticas cuando un radar queda inutilizado: el equipo debe ser retirado, reparado o sustituido, y la administración titular debe asumir las actuaciones necesarias para recuperar el servicio.
En el caso de los dispositivos municipales, como los instalados en la Ronda Urbana Norte, los daños afectan a recursos públicos destinados a controlar la circulación en una vía urbana de gran tráfico.
Una investigación abierta y muchas preguntas todavía sin respuesta
Los vídeos han vuelto a situar el vandalismo contra los radares en el centro de la actualidad sevillana. Las imágenes muestran incendios, cortes de soportes y dispositivos arrancados mediante vehículos, pero todavía faltan datos oficiales para conocer el alcance completo de los daños.
La Guardia Civil deberá determinar cuántos equipos han sido atacados, cuándo se produjeron exactamente los hechos y quiénes participaron en cada episodio. También tendrá que aclarar si existe alguna conexión entre los distintos incidentes.
La protesta contra las multas o el rechazo a los controles de velocidad no justifican la destrucción de instalaciones públicas ni la creación de riesgos para otros conductores. El debate sobre la ubicación, la utilidad o los límites de los radares debe desarrollarse por vías legales, no mediante incendios y destrozos.
Sevilla espera ahora que la investigación permita identificar a los responsables y que los daños no queden sin consecuencias.


