CEV, Cámara de Comercio y organizaciones agrarias reclaman estabilidad, acuerdos y medidas concretas para afrontar los retos de la provincia tras las elecciones del 29 de noviembre.
El adelanto electoral ya tiene una primera consecuencia en Castellón: el mundo empresarial, comercial y agrario reclama a los partidos que conviertan los próximos dos meses en un periodo de propuestas y no de confrontación.
El presidente de CEV Castellón, Luis M. Martí, ha resumido la posición empresarial con una petición directa: «Propuestas y no ruido». El sector económico considera que la provincia necesita recuperar estabilidad después de un periodo marcado por la falta de nuevos Presupuestos y por las dificultades para alcanzar acuerdos.
Las elecciones generales se celebrarán el 29 de noviembre de 2026. El Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece que Castellón elegirá cinco diputados y que la campaña electoral tendrá lugar entre el 13 y el 27 de noviembre.
CEV Castellón reclama una legislatura basada en acuerdos
Para Luis M. Martí, el nuevo escenario electoral debe servir para recuperar la capacidad de alcanzar acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas.
El presidente de CEV Castellón considera que los problemas pendientes no pueden resolverse mediante una confrontación permanente y reclama diálogo entre Gobierno y oposición.
Su petición se concreta en varios ámbitos considerados estratégicos para la provincia y para el conjunto de España:
- Financiación autonómica.
- Infraestructuras.
- Agua.
- Sanidad.
- Vivienda.
La organización empresarial sostiene que estos asuntos requieren acuerdos que trasciendan una legislatura y reclama que el próximo Gobierno disponga de capacidad para impulsar medidas estables.
CEV Castellón forma parte de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, que representa los intereses empresariales ante las administraciones públicas. Actualmente, Luis M. Martí Bordera ocupa la presidencia de CEV Castellón.
La patronal alerta del coste de la parálisis
El tejido empresarial castellonense llega a la convocatoria electoral con una preocupación concreta: la incertidumbre política puede retrasar decisiones económicas que las empresas consideran necesarias.
Martí ha cuestionado que España lleve demasiado tiempo funcionando con presupuestos prorrogados y ha advertido de que la falta de avances afecta tanto a ciudadanos como a empresas.
La reivindicación empresarial no se limita, por tanto, a reclamar un Gobierno. CEV Castellón pide que el próximo Ejecutivo tenga capacidad para aprobar medidas y afrontar los problemas pendientes.
La organización reclama así una legislatura caracterizada por estabilidad, diálogo y capacidad de gestión.
La Cámara de Comercio pone el foco en la industria
La Cámara de Comercio de Castellón comparte la demanda de estabilidad institucional.
Su presidenta, María Dolores Guillamón, ha expresado su confianza en que las urnas permitan configurar un Gobierno estable, con capacidad de diálogo y respuesta ante los retos económicos que afrontan las empresas.
La Cámara identifica varios desafíos que afectan directamente a la economía provincial:
- La incertidumbre internacional.
- La transformación tecnológica.
- Las exigencias medioambientales.
- Los costes energéticos.
- La competitividad industrial.
- La necesidad de modernización empresarial.
La institución considera especialmente importante que la industria ocupe un lugar prioritario en la agenda del próximo Gobierno.
La propia Cámara de Comercio de Castellón confirma oficialmente que Guillamón ocupa su presidencia.
El problema energético golpea especialmente a la cerámica
Uno de los asuntos con mayor peso económico en Castellón es la situación de la industria cerámica.
La provincia concentra una parte esencial del sector azulejero español y cualquier incremento de los costes energéticos tiene efectos directos sobre la competitividad de las empresas.
La Cámara reclama que la transición hacia una industria menos intensiva en emisiones se produzca de forma compatible con la viabilidad económica de las empresas.
La petición incluye medidas para afrontar los elevados costes energéticos y el impacto del sistema europeo de derechos de emisión, evitando que las exigencias regulatorias terminen deteriorando el empleo, la inversión o la capacidad exportadora.
La cuestión tiene especial importancia en una provincia cuya actividad industrial mantiene una fuerte orientación hacia los mercados exteriores.
Corredor Mediterráneo e infraestructuras, entre las prioridades
El tejido económico castellonense también vuelve a colocar sobre la mesa las infraestructuras.
La Cámara reclama la culminación del Corredor Mediterráneo, una infraestructura considerada estratégica para mejorar la conexión ferroviaria de la fachada mediterránea con el resto de España y Europa.
La petición se extiende al conjunto de las infraestructuras necesarias para mejorar la competitividad provincial.
El argumento empresarial es directo: una economía industrial y exportadora necesita transporte eficiente, conexiones logísticas adecuadas y capacidad para mover mercancías a costes competitivos.
En paralelo, la Cámara reclama apoyo a la modernización de las empresas mediante políticas de internacionalización, innovación, digitalización y formación.
Castellón pide proteger su capacidad exportadora
La economía provincial mantiene una fuerte vinculación con los mercados internacionales.
Por ello, la Cámara reclama una defensa de los sectores productivos españoles y valencianos tanto dentro de España como en Europa.
El objetivo planteado es combinar la apertura exterior con instrumentos que permitan a las empresas competir en condiciones adecuadas frente a otros mercados.
La internacionalización aparece así vinculada a otros factores como la energía, las infraestructuras, la innovación y la formación.
La posición de la Cámara es que la política económica del próximo Gobierno debería considerar estos elementos de manera conjunta.
El campo reclama una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria
La preocupación no procede únicamente de la industria.
El sector agrario también ha situado sus reivindicaciones ante el próximo Gobierno.
El secretario general de La Unió, Carles Peris, señala como una de las principales prioridades la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria.
El objetivo de la organización agraria es reducir las diferencias entre el precio que recibe el productor y el importe que finalmente paga el consumidor.
Peris sostiene que la reforma aprobada hasta ahora no ha resuelto suficientemente el problema y denuncia que existen actividades agrarias en las que los productores afrontan costes que pueden llevarles a trabajar con márgenes muy reducidos o incluso a pérdidas.
La petición coloca de nuevo en el centro del debate electoral la posición de agricultores y ganaderos dentro de la cadena de comercialización.
Carburantes y fertilizantes, otra preocupación del sector primario
La organización agraria también reclama medidas frente al aumento de los costes de producción.
Entre los gastos señalados figuran los carburantes y los fertilizantes, cuyo precio tiene una incidencia directa sobre la rentabilidad de las explotaciones.
La situación internacional añade incertidumbre a un sector especialmente expuesto a la evolución de los mercados energéticos y de materias primas.
La agricultura castellonense reclama, por tanto, que el próximo Gobierno tenga en cuenta el impacto de estas variables en la viabilidad de las explotaciones.
La burocracia se convierte en otro frente de conflicto
La Unió también pone el foco en la carga administrativa que soportan agricultores y empresas agrarias.
Entre sus reivindicaciones figura la eliminación de determinadas obligaciones que considera innecesarias o desproporcionadas.
Peris cuestiona específicamente la obligatoriedad de determinados registros digitales relacionados con los tratamientos fitosanitarios.
La organización agraria sostiene que este tipo de exigencias añaden burocracia sin solucionar los problemas fundamentales de rentabilidad y competitividad que afronta el sector.
El debate refleja una de las reclamaciones recurrentes del campo: menos cargas administrativas y más tiempo y recursos para la actividad productiva.
Agua, vivienda y sanidad entran también en la agenda del 29-N
Las organizaciones económicas no limitan sus peticiones a las cuestiones estrictamente empresariales.
CEV Castellón reclama que la próxima legislatura aborde mediante acuerdos cuestiones como agua, vivienda y sanidad, además de la financiación y las infraestructuras.
La inclusión del agua resulta especialmente relevante en una provincia donde la disponibilidad de recursos hídricos afecta tanto a la agricultura como a determinados usos industriales y urbanos.
La vivienda aparece también entre los asuntos prioritarios para una economía que necesita atraer y retener trabajadores.
La posición empresarial es que estas cuestiones requieren planificación a largo plazo y acuerdos institucionales, más allá del ciclo electoral.
El 29-N abre dos meses de incertidumbre política
El calendario electoral ya está definido.
El 29 de noviembre los ciudadanos elegirán el Congreso y el Senado. La campaña comenzará oficialmente el 13 de noviembre y finalizará el 27 de noviembre. Las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre.
Castellón dispondrá de cinco escaños en el Congreso, según el anexo del decreto de convocatoria.
Para las organizaciones empresariales y agrarias, las próximas semanas representan una oportunidad para que las candidaturas concreten sus propuestas sobre los problemas que afectan a la economía provincial.
La demanda compartida tiene un denominador común: menos incertidumbre y mayor capacidad de ejecución.
El mensaje del empresariado: estabilidad y gestión
La reacción del tejido económico de Castellón dibuja un listado amplio de prioridades, pero también una exigencia transversal.
CEV Castellón pide acuerdos.
La Cámara de Comercio reclama competitividad industrial.
La Unió exige mejores condiciones para el sector agrario.
Las tres posiciones coinciden en reclamar medidas concretas para afrontar un escenario marcado por la incertidumbre internacional, la transformación tecnológica, los costes energéticos y los cambios regulatorios.
El próximo Gobierno tendrá que responder además a problemas estructurales como las infraestructuras, el agua, la vivienda y la financiación.
El mensaje lanzado desde Castellón ante las urnas es, por tanto, inequívoco en sus términos: las organizaciones económicas quieren que la campaña electoral sirva para conocer propuestas y compromisos concretos sobre los problemas que afectan a empresas, trabajadores y sectores productivos.
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