El sector alcanza el mínimo legal para impulsar una reforma del Real Decreto 666/2023, pero las firmas aún deben validarse. La iniciativa reclama más autonomía clínica y menos trabas para acceder a los tratamientos animales.
La regulación de los medicamentos veterinarios se encamina hacia un nuevo debate parlamentario. Los profesionales han conseguido reunir los apoyos necesarios para intentar modificar una normativa que lleva meses enfrentando a buena parte del sector con la Administración.
La campaña impulsada por la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) y respaldada por distintas organizaciones ha alcanzado el umbral de 500 000 firmas exigido para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La propuesta pretende modificar la legislación estatal sobre medicamentos y derogar el Real Decreto 666/2023, que regula su distribución, prescripción, dispensación y uso.
El logro supone un avance importante para los veterinarios, pero no significa que la norma vaya a desaparecer de inmediato. Antes será necesario verificar los apoyos y, posteriormente, conseguir que la propuesta supere los trámites parlamentarios. El sector ha logrado abrir la puerta del Congreso; ahora tendrá que convencer a los diputados.
500.000 firmas para llevar la reforma al Congreso
La iniciativa ha conseguido superar el mínimo constitucional de 500 000 firmas, requisito indispensable para que una propuesta legislativa popular pueda continuar su tramitación.
Según los datos difundidos por la plataforma Boreal y recogidos por Redacción Médica, la campaña se situaba en torno a las 515 000 adhesiones al cierre de la recogida. Los promotores, sin embargo, han pedido prudencia hasta que se complete la comprobación de los documentos.
La cautela tiene una explicación: no todas las firmas recogidas tienen por qué ser consideradas válidas. Los responsables de la campaña habían señalado que su objetivo era alcanzar una cifra superior al mínimo para compensar posibles invalidaciones, especialmente entre los apoyos recogidos en papel.
La recogida terminó el 10 de noviembre de 2026, después de que el Congreso autorizase una ampliación del plazo. La documentación deberá seguir el procedimiento de comprobación correspondiente antes de que pueda darse por acreditado definitivamente el cumplimiento del requisito.
La iniciativa está registrada en el Congreso como expediente 120/000035, bajo la denominación «Proposición de Ley para la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015 y la derogación del Real Decreto 666/2023».
Qué quieren cambiar los veterinarios
El principal objetivo de la ILP es modificar el marco legal que regula la prescripción y el acceso a los medicamentos para animales. Los promotores consideran que la normativa vigente limita la capacidad de los veterinarios para decidir qué tratamiento necesita cada paciente y dificulta que puedan facilitar directamente los fármacos necesarios.
La reivindicación se concentra en varios problemas:
- Dispensación de medicamentos: los profesionales reclaman mayor capacidad para suministrar directamente los tratamientos prescritos a los animales que atienden.
- Prescripción en cascada: piden revisar las restricciones que condicionan el uso excepcional de medicamentos autorizados para otras especies o para personas.
- Antibióticos: cuestionan determinadas exigencias administrativas y reclaman que las obligaciones de control sean compatibles con el criterio clínico.
- Presvet: solicitan simplificar el sistema informático de comunicación y control de las prescripciones de antibióticos.
- Autonomía profesional: quieren que el veterinario pueda tomar decisiones terapéuticas con mayor seguridad jurídica y sin obstáculos que, a su juicio, retrasen los tratamientos.
La CEVE sostiene que el objetivo último es garantizar que cada animal reciba el medicamento adecuado sin demoras ni costes innecesarios. También denuncia que la obligación de acudir a establecimientos farmacéuticos puede complicar el acceso a determinados productos cuando no existe disponibilidad inmediata o se necesita una especialización específica en farmacología veterinaria.
Estas son las reivindicaciones del sector promotor. Su alcance deberá contrastarse durante el debate legislativo con las obligaciones de seguridad, trazabilidad y uso responsable de los medicamentos.
El Real Decreto 666/2023, origen del conflicto
El Real Decreto 666/2023, aprobado el 18 de julio de 2023 y publicado en el BOE el 20 de julio, establece las reglas para distribuir, prescribir, dispensar y utilizar medicamentos veterinarios en España.
La norma desarrolla el marco europeo y persigue objetivos relacionados con la sanidad animal, la salud pública y la protección del medio ambiente. Entre sus ámbitos de aplicación se encuentran la prescripción de medicamentos, el control de antibióticos, la distribución y la trazabilidad de los tratamientos.
El desacuerdo aparece en la aplicación práctica de esas obligaciones.
Los veterinarios críticos con el decreto consideran que algunas disposiciones añaden burocracia, reducen su margen de actuación y dificultan la entrega de medicamentos a los propietarios de los animales. En su opinión, la regulación no siempre tiene suficientemente en cuenta las particularidades de la actividad clínica.
El conflicto afecta tanto a las clínicas de animales de compañía como a otros ámbitos de la profesión, aunque las consecuencias concretas pueden variar según el tipo de medicamento, la especie y el contexto asistencial.
La polémica no se limita, por tanto, a una discusión corporativa sobre competencias profesionales. También afecta a los propietarios de mascotas, a las explotaciones ganaderas y a la disponibilidad de tratamientos.
La dispensación directa: una de las principales reivindicaciones
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de que los veterinarios puedan suministrar directamente a los propietarios los medicamentos necesarios para completar un tratamiento.
En el modelo que reclama el sector, el profesional que diagnostica al animal y prescribe el fármaco debería disponer de mayor capacidad para facilitarlo, dentro de las garantías legales y sanitarias correspondientes.
Los veterinarios argumentan que esta opción permitiría reducir desplazamientos, evitar demoras y mejorar la continuidad de los tratamientos. También sostienen que los profesionales clínicos cuentan con conocimientos específicos sobre los medicamentos utilizados en cada especie.
La regulación actual, sin embargo, distingue entre prescripción, administración y dispensación. No son actividades equivalentes y están sujetas a requisitos legales diferentes.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha explicado que el Reglamento europeo deja determinados aspectos de la distribución y dispensación sujetos a la legislación nacional. También ha señalado que la situación no es homogénea en todos los países de la Unión Europea: existen Estados que permiten la venta por veterinarios bajo determinadas condiciones y otros que no.
Por ello, la reclamación de los profesionales no puede resumirse como una simple adaptación automática a un modelo europeo único. Lo que se discute es qué margen debe tener España para regular estas actividades y cómo garantizar que cualquier cambio mantenga los controles necesarios.
La prescripción en cascada y los medicamentos de uso humano
Otro de los aspectos que genera discrepancias es la denominada prescripción en cascada.
Este mecanismo permite recurrir excepcionalmente a determinados medicamentos cuando no existe una alternativa veterinaria autorizada y adecuada para tratar al animal. Puede incluir, bajo las condiciones previstas en la legislación europea, medicamentos autorizados para otras especies o para uso humano.
Los veterinarios consideran que las restricciones y los procedimientos aplicables pueden dificultar la elección del tratamiento más apropiado en determinadas situaciones clínicas.
El Reglamento (UE) 2019/6 establece las condiciones para utilizar este mecanismo y fija un orden de actuación. No se trata de una autorización general para emplear cualquier medicamento humano en animales: la decisión debe ajustarse a los supuestos legales y a la responsabilidad del veterinario.
La discusión se centra en cómo aplicar esas reglas sin impedir que los profesionales puedan responder a situaciones en las que no existe un medicamento veterinario autorizado y disponible que resuelva adecuadamente el problema.
Presvet y la carga administrativa de los antibióticos
La gestión de los antibióticos constituye otro frente importante del conflicto.
El sistema Presvet es la herramienta estatal destinada a controlar las prescripciones veterinarias de antibióticos. Su finalidad es disponer de información sobre el uso de estos medicamentos y facilitar la vigilancia de su consumo.
Los profesionales críticos con su funcionamiento denuncian que las obligaciones de comunicación generan duplicidades y una carga administrativa que resta tiempo a la actividad clínica.
La cuestión tiene una dimensión sanitaria que no puede ignorarse. El uso inadecuado de antibióticos contribuye a la aparición y propagación de resistencias antimicrobianas, un problema que afecta tanto a los animales como a las personas.
El Reglamento (UE) 2019/6 establece límites específicos para la prescripción de antimicrobianos. Entre otras obligaciones, exige que las recetas se fundamenten en una evaluación adecuada del estado de salud del animal y que las cantidades prescritas se limiten a las necesarias para el tratamiento.
Por tanto, una reforma del sistema deberá resolver dos objetivos que deben ser compatibles: reducir la burocracia innecesaria y mantener un control eficaz del uso de antibióticos.
El Gobierno ya había planteado modificar el decreto
La presión del sector se produce mientras la Administración trabaja en una modificación del Real Decreto 666/2023.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abrió el 29 de enero de 2026 una consulta pública sobre un proyecto para simplificar y mejorar la aplicación de la norma.
La propuesta ministerial contemplaba tres líneas principales:
- Mejorar el régimen de cesión de medicamentos veterinarios.
- Aclarar las reglas sobre prescripción y uso de antibióticos.
- Reducir las cargas administrativas relacionadas con Presvet.
El departamento explicó que la revisión era fruto del diálogo con el sector veterinario y con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Este movimiento demuestra que la Administración ya había reconocido la necesidad de revisar determinados aspectos del marco vigente. Sin embargo, la propuesta de modificación administrativa no equivale a aceptar todas las demandas de la ILP.
De hecho, las reivindicaciones sobre dispensación directa, autonomía clínica y cambios en la legislación general del medicamento van más allá de los ajustes planteados por el Ministerio de Agricultura.
La diferencia entre ambas vías será determinante: una modificación parcial del decreto puede aliviar algunos problemas, mientras que la iniciativa popular pretende impulsar cambios legislativos de mayor alcance.
Qué ocurre ahora con las 500.000 firmas
Concluida la recogida, la iniciativa debe superar la fase de comprobación de los apoyos.
El procedimiento de una ILP no termina cuando se alcanza el número de firmas. La legislación exige que los avales sean válidos y que se cumplan las condiciones previstas para su presentación.
Una vez acreditado el requisito, la propuesta podrá continuar su tramitación parlamentaria. La Mesa del Congreso deberá ordenar su publicación y el procedimiento seguirá los plazos establecidos para que pueda ser debatida y sometida a toma en consideración.
Conviene aclarar que alcanzar las 500 000 firmas no obliga a aprobar la reforma. La iniciativa permite llevar una propuesta al Parlamento, pero los diputados conservan la capacidad de debatirla, introducir modificaciones y decidir su futuro mediante los mecanismos parlamentarios correspondientes.
Además, la campaña pretende que la reivindicación llegue al próximo Parlamento surgido de las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. El calendario político puede condicionar el momento y la continuidad del debate.
Una cuestión que afecta a veterinarios, propietarios y salud pública
El conflicto sobre los medicamentos veterinarios tiene consecuencias que van más allá de la relación entre los profesionales y la Administración.
Para los propietarios de animales, el debate afecta a la rapidez con la que pueden conseguir un tratamiento y a los trámites necesarios para completar una prescripción. Para las clínicas, afecta a la organización del trabajo y a la capacidad de gestionar los medicamentos. Para las explotaciones ganaderas, el uso correcto de los fármacos también tiene implicaciones sanitarias y productivas.
Al mismo tiempo, cualquier reforma debe preservar la trazabilidad, la seguridad de los tratamientos y el control de los antibióticos. Una flexibilización mal diseñada podría generar riesgos; una regulación excesivamente compleja también puede dificultar la atención clínica.
El principio de «Una sola salud» (One Health) recuerda que la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente están conectados. Por eso, la futura regulación debe contemplar tanto las necesidades de los veterinarios como las consecuencias del uso de medicamentos sobre la salud pública.
La iniciativa ha conseguido trasladar esa discusión al centro del debate político. El siguiente paso será comprobar cuántas firmas superan la validación y qué respuesta ofrecen los partidos.
Los veterinarios han conseguido reunir los apoyos necesarios para reclamar cambios en el Congreso. Ahora queda por saber si los grupos parlamentarios respaldarán una reforma que pretende modificar de forma sustancial el sistema de medicamentos animales en España.
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