La operación leire ha dado un giro relevante tras la localización, por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de un drive perteneciente al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero. Según fuentes del caso, este material acredita la existencia de una presunta trama de corrupción relacionada con contratos públicos y comisiones ilegales, actualmente investigada en la Audiencia Nacional.
El hallazgo se enmarca dentro de la investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz, que instruye la causa contra Fernández, la denominada “fontanera del PSOE” Leire Díez y el empresario Antxon Alonso. Los tres fueron detenidos en diciembre por su presunta implicación en delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
El drive, una pieza central de la Operación Leire
De acuerdo con las fuentes consultadas, la documentación almacenada en el drive intervenido muestra cómo la trama utilizaba esta plataforma digital para centralizar información sobre contratos públicos supuestamente amañados. En ella se han encontrado actas internas, notas económicas y archivos que reflejarían el funcionamiento interno de la red investigada en la operación leire.
Los investigadores consideran que estos documentos no solo refuerzan las sospechas existentes, sino que permiten reconstruir el proceso previo a determinadas adjudicaciones, así como el reparto de beneficios obtenidos de forma presuntamente ilícita.
Mensajería cifrada y relaciones estrechas
Además del material almacenado en la nube, la UCO ha localizado comunicaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería cifrada, como Signal, que evidenciarían una relación fluida y constante entre Vicente Fernández y Leire Díez. Estas conversaciones son analizadas como parte fundamental de la operación leire, al mostrar una coordinación continuada entre los principales investigados.
Las fuentes señalan que estas comunicaciones apuntan a un alto grado de confianza y colaboración, lo que refuerza la tesis de que la trama actuaba de manera organizada y estable en el tiempo.
El grupo Hirurok y la negociación de comisiones
Uno de los elementos más llamativos de la investigación es la existencia de un grupo de WhatsApp denominado Hirurok —“los tres juntos” en euskera— integrado por Fernández, Díez y Alonso. En este grupo, según la Guardia Civil, se trataban asuntos relacionados con comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.
La operación leire investiga al menos cinco adjudicaciones que habrían sido manipuladas mediante influencias políticas y administrativas. El importe total de estos contratos asciende, según las estimaciones iniciales de los investigadores, a 132.955.664 euros.
Influencia en ministerios y organismos públicos
La causa analiza también la posible utilización de influencias en distintos ministerios, especialmente en Hacienda y Transición Ecológica, para facilitar adjudicaciones o evitar recursos administrativos. La operación leire sostiene que estas gestiones permitían asegurar resoluciones favorables en procedimientos clave de contratación pública.
En diciembre de 2025, la UCO se personó en varias instituciones para requerir documentación, entre ellas la Dirección General de Patrimonio del Estado, Correos, ENUSA, Mercasa y Forestalia. El objetivo era recabar expedientes que presentaran indicios de irregularidades relacionadas con la trama.
El papel del Tribunal de Recursos Contractuales
La investigación ha alcanzado también al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Según las diligencias incorporadas a la operación leire, la presidenta del órgano, Mª de la Concepción Ordiz Fuertes, habría adoptado determinadas decisiones siguiendo indicaciones externas procedentes del expresidente de la SEPI.
Este extremo resulta especialmente sensible, ya que el TACRC es el organismo encargado de resolver recursos en materia de contratación pública, lo que amplía el alcance institucional del caso.
Una investigación aún abierta
La operación leire continúa bajo secreto de sumario y los investigadores no descartan nuevas detenciones ni imputaciones a medida que se analice en profundidad el contenido del drive y las comunicaciones intervenidas. La Guardia Civil considera que el material incautado podría revelar nuevos nombres y conexiones dentro de la presunta red corrupta.
A la espera de nuevos avances judiciales, el caso se consolida como una de las investigaciones más relevantes sobre corrupción en el ámbito de las empresas públicas estatales, con posibles repercusiones políticas y administrativas de gran alcance.