La inmunidad Puigdemont ha vuelto a situarse en el epicentro de la política europea tras una sentencia de enorme calado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El alto tribunal ha anulado la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad parlamentaria al líder de Junts, Carles Puigdemont, así como a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, al considerar que el procedimiento estuvo viciado por falta de imparcialidad.
Aunque ninguno de los tres ocupa actualmente un escaño en la Eurocámara, el fallo supone un duro revés institucional para el Parlamento Europeo y refuerza la posición política y jurídica del independentismo catalán en el ámbito comunitario.
Una decisión clave sobre la inmunidad Puigdemont
El TJUE concluye que la retirada de la inmunidad Puigdemont no respetó las garantías exigidas por el propio reglamento interno del Parlamento Europeo. En concreto, los jueces consideran que el eurodiputado designado como ponente del suplicatorio no cumplía la exigencia de imparcialidad necesaria para instruir el procedimiento.
Según la sentencia, el reglamento de la Eurocámara establece que el ponente encargado de analizar una solicitud de suspensión de inmunidad no puede pertenecer al mismo grupo político que el diputado afectado, ni tampoco a un grupo con afinidades directas con las fuerzas que impulsan el proceso penal. Esta norma busca evitar cualquier sospecha de parcialidad, algo que, a juicio del tribunal, no se respetó en este caso.
El papel del ponente y las afinidades políticas
Uno de los elementos centrales de la resolución es la designación del eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki como ponente del caso. Dzhambazki pertenecía al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde en la anterior legislatura se integraban partidos como Ciudadanos y Vox, formación que está personada en la causa del procés.
El TJUE subraya que estas afinidades políticas podían generar “dudas legítimas” sobre la imparcialidad del ponente, lo que vulnera el derecho a una buena administración. Además, los jueces destacan un hecho especialmente relevante: la organización por parte de Dzhambazki de un acto político titulado “Cataluña es España”, en el que participó el secretario general de Vox cuando el proceso penal contra Puigdemont ya estaba en marcha.
Este contexto refuerza, según el tribunal, la idea de que la inmunidad Puigdemont fue retirada en un procedimiento políticamente contaminado.
El TJUE también corrige al Tribunal General
La sentencia no solo anula la decisión de la Eurocámara, sino que también tumba un fallo previo del Tribunal General de la UE, que en 2023 había avalado la retirada de la inmunidad. Para el TJUE, el Tribunal General cometió un error al considerar irrelevante la pertenencia del ponente al mismo grupo político que los promotores del proceso penal.
Con esta corrección, el alto tribunal refuerza el principio de imparcialidad como pilar esencial en los procedimientos parlamentarios europeos, marcando un precedente que podría afectar a futuros suplicatorios.
Puigdemont celebra el fallo sobre la inmunidad Puigdemont
Carles Puigdemont no tardó en reaccionar a la sentencia, calificándola de “bofetada” al Parlamento Europeo. Aunque reconoció que el fallo no tiene consecuencias prácticas inmediatas —ya que ninguno de los afectados es eurodiputado actualmente—, destacó su enorme trascendencia política.
Para Puigdemont, la decisión demuestra que la retirada de la inmunidad Puigdemont estuvo “políticamente viciada” y que los tribunales europeos han vuelto a posicionarse a favor de las minorías políticas. No obstante, el expresidente catalán mantuvo la prudencia respecto a la futura sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía, prevista para los próximos meses.
Reacciones políticas enfrentadas
Toni Comín fue aún más contundente y aseguró que la sentencia no solo desautoriza al Parlamento Europeo, sino también a lo que denominó “los autoritarios españoles y sus aliados europeos”. En su opinión, el fallo confirma que se intentó impedir que los líderes independentistas se defendieran en igualdad de condiciones.
Desde Vox, la reacción fue radicalmente opuesta. El jefe de su delegación en la Eurocámara, Jorge Buxadé, acusó al TJUE de actuar de forma “profundamente parcial y politizada”, cuestionando la capacidad de las instituciones europeas para garantizar justicia a España.
Por el contrario, sectores de la izquierda europea y del soberanismo catalán han interpretado la sentencia como una nueva desautorización de la judicialización del conflicto político catalán.
Un precedente que reabre el debate europeo
Más allá del caso concreto, la anulación de la retirada de la inmunidad Puigdemont abre un debate de fondo sobre los mecanismos internos del Parlamento Europeo y la necesidad de extremar las garantías de imparcialidad. La Eurocámara ha confirmado que está analizando la sentencia, que podría obligarla a revisar sus procedimientos futuros.
En un momento de alta tensión política en Europa, el fallo del TJUE refuerza el papel de la justicia comunitaria como árbitro último frente a decisiones institucionales que puedan estar influidas por intereses políticos.
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