La Fiscalía Anticorrupción ha dejado abierta la posibilidad de que el empresario Víctor de Aldama no ingrese en prisión, tras valorar su confesión y colaboración en el marco de la conocida trama Koldo. La eventual rebaja de pena dependerá del grado de cualificación que el Ministerio Público otorgue a su cooperación con la Justicia.
Durante la audiencia preliminar celebrada este jueves en el Tribunal Supremo, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, apuntó a que la discusión jurídica girará en torno a si la colaboración de Aldama debe considerarse una atenuante cualificada o muy cualificada. Esta diferencia no es menor: podría implicar una reducción de uno o incluso dos grados en la petición de pena.
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitó inicialmente siete años de prisión para Aldama —cuatro por organización criminal y tres por cohecho continuado— frente a los 24 y 19 años y medio pedidos para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, respectivamente. La diferencia se fundamenta en la confesión del empresario y su disposición a colaborar con la investigación.
Según fuentes jurídicas consultadas, si la Fiscalía decide rebajar un grado la pena, ninguno de los delitos superaría los dos años de prisión, lo que permitiría evitar el ingreso en la cárcel al no exceder el umbral habitual para la suspensión de condena en ausencia de antecedentes. Si la rebaja fuera de dos grados, la suma total podría situarse aún más por debajo de ese límite.
El artículo 570 quáter del Código Penal contempla expresamente la posibilidad de reducir la pena en uno o dos grados cuando el acusado haya abandonado voluntariamente la actividad delictiva y colaborado de forma decisiva con las autoridades, ya sea aportando pruebas clave o facilitando la identificación de otros responsables.
El abogado de Aldama, José Antonio Choclán, aseguró durante la vista que su defendido mantendrá una actitud de total transparencia en el juicio oral, previsto para abril, y que responderá a todas las partes para evitar cualquier indefensión.
La decisión final dependerá del desarrollo del juicio y de si la Fiscalía considera que la colaboración de Aldama mantiene la misma contundencia que durante la fase de instrucción. Será entonces cuando el Ministerio Público fije definitivamente su petición de pena.
La causa, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, entra así en una fase clave que podría marcar un precedente sobre los beneficios penales derivados de la colaboración eficaz en casos de corrupción de alto perfil.