El alcalde de Ourense se enfrenta a un escenario judicial que podría marcar un antes y un después en su carrera política. La acusación de prevaricación abre la puerta a una posible inhabilitación prolongada.
Lo que está ocurriendo podría cambiar por completo el futuro político de Ourense. La figura de Gonzalo Pérez Jácome, siempre rodeada de polémica, entra ahora en una fase decisiva tras la decisión judicial que lo acerca al banquillo.
Un delito grave con consecuencias políticas demoledoras
El proceso gira en torno a un presunto delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal, que castiga a la autoridad que dicta resoluciones injustas a sabiendas. La pena no es menor: inhabilitación para cargo público entre nueve y quince años, lo que supondría, en la práctica, la expulsión de la vida política durante más de una década.
El juez Leonardo Álvarez, que en ocasiones anteriores había archivado denuncias contra el regidor, considera ahora que existen indicios suficientes para seguir adelante. El foco está en una cuestión especialmente sensible: la compatibilidad entre su cargo público y su actividad privada.
La clave del caso: ingresos públicos y negocio privado
Según la resolución judicial, Jácome habría ejercido como alcalde con dedicación exclusiva mientras mantenía una actividad empresarial relevante: la explotación de Auria TV, medio del que él mismo se reconoce único propietario y responsable.
El problema no es menor. Tal y como subraya el juez, el alcalde no solicitó la preceptiva compatibilidad, lo que habría impedido al pleno municipal pronunciarse sobre la legalidad de dicha situación. Este punto es crucial, ya que podría constituir una resolución arbitraria en el ejercicio de su cargo, eje central del delito de prevaricación.
Un proceso judicial aún abierto… pero con alto riesgo
Pese a la gravedad del escenario, el procedimiento aún no es definitivo. La defensa de Jácome dispone de varias vías:
- Recurso de reforma, ante el mismo juez.
- Recurso ante la Audiencia Provincial de Ourense, que decidirá si hay base suficiente para juzgarlo.
Este tribunal no determinará su culpabilidad, pero sí algo clave: si debe sentarse en el banquillo. Una decisión que podría marcar el ritmo político de la ciudad en los próximos años.
Un juicio que se alargaría hasta 2027
De llegar a juicio, este no se celebraría previsiblemente antes de 2027, y tendría lugar en la Audiencia Provincial de Ourense, órgano competente tras la reforma legal de 2015, que endureció las penas por prevaricación.
Este cambio legislativo elevó la inhabilitación máxima hasta los 15 años, trasladando estos casos desde los juzgados penales a instancias superiores.
Antecedentes en Galicia: políticos condenados
No sería la primera vez que responsables políticos ourensanos enfrentan este tipo de procesos. Casos como los de:
- José Luis Baltar, expresidente de la Diputación
- Alberto Pardellas, exalcalde de Melón
terminaron en condena, lo que refuerza la percepción de que la Justicia gallega no es ajena a este tipo de prácticas.
¿Un caso aislado o síntoma de un problema estructural?
La situación de Jácome vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: los límites del poder local y el control efectivo de la legalidad en la administración pública.
Mientras tanto, el alcalde guarda silencio. Y Ourense observa, una vez más, cómo la política local queda atrapada entre tribunales, polémicas y decisiones que podrían redefinir su futuro institucional.
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