El caso Plus Ultra continúa estrechando el cerco judicial sobre el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Un nuevo informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorpora nuevos elementos que, según los investigadores, apuntan a una estrecha conexión entre la denominada «finance boutique», presuntamente utilizada para canalizar pagos relacionados con el rescate de la aerolínea, y personas del círculo de máxima confianza del exjefe del Ejecutivo.
Las diligencias policiales sostienen que la secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, desempeñó un papel relevante en la coordinación diaria de la estructura investigada, manteniendo contacto permanente con responsables de las sociedades utilizadas para articular las operaciones bajo investigación.
La investigación se centra en el rescate de Plus Ultra
La causa analiza las gestiones realizadas antes de que Plus Ultra Líneas Aéreas obtuviera un préstamo público de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según el informe policial, los investigadores consideran que inicialmente se exploró la posibilidad de obtener financiación mediante un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Banco Santander. Una vez descartada esa vía, los esfuerzos se habrían concentrado en lograr el acceso al fondo gestionado por la SEPI.
La UDEF sostiene que, durante ese proceso, se desplegó una red de contactos con capacidad para acceder a altos cargos de la Administración y obtener información relevante sobre la tramitación del expediente.
La denominada «finance boutique», bajo la lupa
Uno de los principales focos de la investigación es una estructura empresarial descrita por los investigadores como una «finance boutique».
Según la UDEF, esta red societaria habría servido para emitir facturas y canalizar pagos vinculados, presuntamente, a labores de intermediación e influencia relacionadas con la obtención del rescate público.
El informe recoge conversaciones intervenidas en las que varios de los investigados hacen referencia a la creación de esa estructura y a los mecanismos previstos para formalizar los cobros.
Los agentes consideran que dichas comunicaciones constituyen un indicio de cómo se habría organizado la operativa financiera investigada, extremo que deberá ser valorado por la autoridad judicial durante la instrucción.
El papel atribuido a la secretaria de Zapatero
Uno de los aspectos más relevantes del informe policial es la posición que la UDEF atribuye a María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina del expresidente.
Según los investigadores, ella habría sido la encargada de ejecutar las gestiones diarias derivadas de las instrucciones recibidas dentro de la estructura investigada.
El informe también sostiene que mantenía una comunicación fluida con Cristóbal Cano Quiles, administrador del entorno societario de Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores una figura clave en la supuesta red de intermediación.
Para la Policía, ese contacto permanente reforzaría la hipótesis de una coordinación entre ambos entornos durante la tramitación de las operaciones investigadas.
También aparece el nombre de Koldo García
Las pesquisas policiales incorporan igualmente referencias a intentos de acceder al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mediante personas de su máxima confianza.
En concreto, el informe señala que el accionista de referencia de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, habría tratado de llegar al ministro a través del abogado Miguel Palomero, quien, según la investigación, mantenía relación con Koldo García Izaguirre, antiguo asesor de Ábalos y una de las figuras centrales del conocido caso Koldo.
Los investigadores consideran que estos contactos formarían parte de la estrategia desarrollada para impulsar la tramitación del rescate público.
Zapatero niega haber cobrado comisiones
Durante su declaración judicial, José Luis Rodríguez Zapatero rechazó cualquier participación irregular en la operación y aseguró que nunca negoció ni percibió comisión alguna relacionada con Plus Ultra.
El expresidente también negó haber intervenido para obtener contraprestaciones económicas derivadas de sus contactos institucionales.
No obstante, la UDEF considera que existen diversos indicios documentales, comunicaciones y testimonios que justifican mantener abierta esta línea de investigación, cuya valoración definitiva corresponderá al juez instructor.
Una investigación que continúa abierta
El procedimiento judicial permanece en fase de instrucción y todavía no existe una resolución firme sobre los hechos investigados.
La causa deberá determinar si los indicios reunidos por la UDEF son suficientes para acreditar la existencia de los delitos investigados o si, por el contrario, las personas afectadas logran desvirtuar las acusaciones durante el proceso judicial.
Mientras tanto, el informe policial incorpora nuevos elementos que aumentan la presión sobre el entorno del expresidente y amplían el alcance de una investigación que ya conecta el rescate de Plus Ultra, la presunta red de influencias, el denominado caso Koldo y diversas actuaciones que siguen siendo objeto de análisis por parte de la Audiencia Nacional.
La evolución de esta causa será determinante para esclarecer si las gestiones realizadas durante el rescate de la aerolínea respondieron exclusivamente a criterios administrativos o si, como sostiene la UDEF, existió una estructura organizada destinada a obtener beneficios mediante presuntas influencias sobre la Administración pública.
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