Lo que está ocurriendo en torno al caso Begoña Gómez amenaza con abrir un nuevo frente institucional en España. La ofensiva contra el juez Juan Carlos Peinado ha provocado una contundente reacción de Iustitia Europa, que denuncia un posible ataque a la independencia judicial y exige la paralización inmediata del pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Iustitia Europa solicita la suspensión inmediata del pleno del CGPJ
La organización Iustitia Europa, personada como acusación popular en la causa que investiga a Begoña Gómez, ha presentado un escrito urgente solicitando la suspensión del pleno extraordinario del CGPJ convocado para este lunes.
El órgano de gobierno de los jueces tenía previsto debatir la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias contra el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor de la investigación que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según sostiene Iustitia Europa, el Consejo estaría actuando sin respetar el procedimiento legal, ya que antes debería recabar la posición de la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal que, recuerdan, ha respaldado en repetidas ocasiones las decisiones procesales adoptadas por Peinado durante la instrucción.
La acusación popular denuncia una posible vulneración de la separación de poderes
En su escrito, la organización sostiene que el asunto trasciende la figura del propio magistrado y afecta directamente a principios constitucionales esenciales, entre ellos:
- La independencia judicial.
- La separación de poderes.
- El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
- El correcto funcionamiento del sistema de recursos judiciales.
A juicio de la acusación popular, el CGPJ no puede convertirse en un órgano que valore el contenido jurídico de resoluciones que todavía pueden ser recurridas ante instancias superiores.
Recuerdan además que las medidas cautelares dictadas por un juez no constituyen resoluciones firmes, sino decisiones procesales sujetas al correspondiente control mediante los recursos previstos en la legislación.
Las medidas cautelares contra Begoña Gómez, en el centro del conflicto
La polémica se intensificó después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara imponer a Begoña Gómez diversas medidas cautelares dentro de la investigación judicial.
Entre ellas figuran:
- Retirada del pasaporte.
- Prohibición de abandonar el territorio nacional.
- Comparecencias periódicas ante la autoridad judicial.
Estas decisiones provocaron una inmediata reacción política. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó una queja formal al CGPJ mostrando su desacuerdo con las resoluciones adoptadas por el instructor.
Tras una reunión extraordinaria celebrada el domingo sin alcanzar consenso, el Consejo decidió convocar un nuevo pleno para continuar el debate.
«No se castiga a un juez por dictar una resolución»
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha defendido públicamente que cualquier discrepancia jurídica debe resolverse mediante los mecanismos ordinarios de recurso y no mediante expedientes disciplinarios.
En ese sentido sostiene que:
«Las resoluciones judiciales se recurren. No se castiga a los jueces por dictarlas.»
Desde su punto de vista, si el CGPJ entrara a valorar el contenido jurídico de una resolución todavía sometida al sistema de recursos, estaría anticipando un juicio sobre cuestiones cuya revisión corresponde exclusivamente a los tribunales competentes.
Un nuevo episodio de tensión entre el Gobierno y parte de la judicatura
El enfrentamiento se produce en un contexto de creciente tensión institucional entre el Gobierno y diversos sectores del Poder Judicial.
La investigación dirigida por el juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez ha generado una intensa confrontación política desde su inicio, convirtiéndose en uno de los procedimientos judiciales con mayor repercusión pública.
Diversos recursos presentados durante la instrucción han sido analizados por la Audiencia Provincial de Madrid, que en varias resoluciones ha avalado distintas actuaciones procesales del magistrado, circunstancia utilizada ahora por Iustitia Europa para cuestionar la actuación del CGPJ.
La controversia vuelve a situar la independencia judicial en el centro del debate
La petición formulada por Iustitia Europa reabre el debate sobre los límites competenciales del Consejo General del Poder Judicial y sobre el equilibrio entre la responsabilidad disciplinaria de los jueces y la protección de su independencia.
Mientras unos consideran que el CGPJ debe intervenir cuando existan indicios de actuaciones irregulares, otros sostienen que cualquier valoración prematura sobre resoluciones judiciales aún recurribles puede interpretarse como una injerencia institucional en el ejercicio de la función jurisdiccional.
El desarrollo de este procedimiento y la decisión que finalmente adopte el Consejo podrían tener importantes consecuencias tanto para el caso Begoña Gómez como para el debate sobre la independencia del Poder Judicial en España.
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