La empresa pública Casa 47 ha adjudicado más de 38 millones de euros a una UTE liderada por Serveo, cuyo consejero delegado colaboró con una sociedad vinculada a Víctor de Aldama durante la pandemia. La oposición exige explicaciones por un contrato que vuelve a situar al Gobierno bajo el foco.
La gestión de la vivienda pública vuelve a situar al Gobierno de Pedro Sánchez en el centro de la polémica. La empresa pública Casa 47 ha adjudicado 38,4 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) encabezada por Serveo Servicios S.A.U., cuyo consejero delegado, Salvador Urquía, colaboró durante la pandemia con una sociedad vinculada al empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados en el denominado caso Koldo.
La adjudicación convierte a esta UTE en la responsable de gestionar miles de viviendas públicas de alquiler asequible repartidas por gran parte del territorio nacional.
Dos grandes contratos por más de 38 millones de euros
Según el acta de adjudicación publicada por Casa 47, la UTE formada por Serveo y Factoría Gestión y Consultoría S.L. ha obtenido dos de los cuatro grandes lotes licitados.
Los contratos adjudicados ascienden a:
- 15,9 millones de euros para gestionar viviendas públicas en Comunidad Valenciana y Región de Murcia.
- 22,5 millones de euros para administrar el parque público de Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias.
En conjunto, la adjudicación supera los 38,4 millones de euros, lo que representa más del 57% del importe total destinado por Casa 47 a este proceso de contratación.
El vínculo con el caso Koldo
La controversia gira en torno a Salvador Urquía, actual consejero delegado de Serveo y antiguo directivo de Ferrovial Servicios.
Durante la pandemia, Urquía actuó como representante de una UTE integrada por Ferrovial Servicios y Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L., empresa que la investigación judicial ha situado en el entorno empresarial de Víctor de Aldama, considerado una figura clave en la trama del caso Koldo.
Aquella alianza empresarial fue una de las seleccionadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) dentro del macrocontrato de adquisición de mascarillas impulsado durante la emergencia sanitaria.
Un contrato que finalmente no prosperó
Pese a resultar adjudicataria de dos lotes del acuerdo marco para el suministro de mascarillas FFP2, la UTE nunca llegó a ejecutar operaciones de venta con las comunidades autónomas.
Según la documentación conocida, ninguna administración regional adquirió finalmente ese material debido, entre otros factores, a que sus precios eran muy superiores a los ofrecidos por otros proveedores.
Las mascarillas ofertadas por la UTE se comercializaban inicialmente por 1,13 euros la unidad, rebajándose posteriormente hasta 0,90 euros, cifras que seguían situándose por encima de otros suministradores del mercado durante la pandemia.
Casa 47 defiende criterios técnicos
La empresa pública Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, ha defendido el procedimiento asegurando que la adjudicación se realizó priorizando la calidad técnica, la experiencia en gestión residencial y el compromiso social de las empresas participantes, por encima del criterio exclusivamente económico.
Con esta decisión, la UTE encabezada por Serveo gestionará una parte muy significativa del parque estatal de viviendas públicas en alquiler asequible.
Nueva polémica para el Ejecutivo
La adjudicación se produce en un contexto especialmente delicado para el Ejecutivo, marcado por distintas investigaciones judiciales relacionadas con contrataciones públicas y supuestas tramas de corrupción que afectan al entorno del PSOE.
Aunque Salvador Urquía no figura investigado en el caso Koldo, su anterior colaboración empresarial con una sociedad vinculada a Víctor de Aldama ha reavivado las críticas políticas sobre los criterios utilizados en determinadas adjudicaciones públicas.
La oposición reclama explicaciones sobre el procedimiento seguido y sobre los mecanismos de control empleados en una contratación de elevada cuantía económica que afecta a la gestión de miles de viviendas públicas en toda España.
Una adjudicación de gran impacto
La UTE beneficiaria administrará viviendas públicas en algunas de las comunidades autónomas con mayor demanda de alquiler asequible, convirtiéndose en uno de los principales operadores privados encargados de gestionar parte del parque residencial impulsado por el Estado.
Mientras tanto, el debate político vuelve a centrarse en la necesidad de reforzar la transparencia y el control sobre las adjudicaciones públicas, especialmente cuando afectan a empresas cuyos responsables han mantenido relaciones comerciales previas con sociedades vinculadas a investigaciones de alto perfil.
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