Los investigadores ponen el foco en un contrato vinculado al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero cuya vigencia estaba ligada a la resolución de la SEPI y cuya remuneración ascendía al 1 % de la ayuda concedida. La defensa del expresidente socialista rechaza que sus trabajos tuvieran como finalidad conseguir el rescate público.
El rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra vuelve a situarse bajo la lupa por un elemento que los investigadores consideran especialmente relevante: la duración de un contrato cuya remuneración dependía directamente de la concesión de la ayuda de la SEPI.
Según la documentación policial publicada por Libertad Digital, la UDEF ha puesto el foco en un contrato suscrito el 19 de enero de 2021 entre Idella Consulenza Estratégica S.L. y Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.. El acuerdo establecía como remuneración el 1 % más IVA de la ayuda que finalmente aprobara el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Sobre los 53 millones de euros concedidos a la compañía aérea, ese porcentaje equivalía a 530 000 euros, antes de añadir el IVA.
Pero lo que ha despertado especialmente el interés policial es otra circunstancia: el propio contrato vinculaba su duración al tiempo que tardase la SEPI en decidir si concedía o rechazaba el rescate.
Una coincidencia que coloca de nuevo el caso Plus Ultra en el centro del debate sobre cómo se concedieron determinadas ayudas públicas durante la pandemia y qué papel pudieron desempeñar intermediarios vinculados al entorno político.
El contrato de Plus Ultra que analiza la UDEF
La investigación hace referencia a un correo electrónico fechado el 23 de febrero de 2021 y cuyo asunto era, según reproduce la información publicada, “COPIA CONTRATO HONORARIO SEPI”.
El mensaje habría sido remitido por Cristóbal Cano a Julio Martínez Martínez e incluía el contrato firmado aproximadamente un mes antes, el 19 de enero.
De acuerdo con el oficio policial reproducido por el citado medio, el acuerdo fue suscrito entre Idella Consulenza Estratégica S.L., representada por Julio Martínez Martínez, y Plus Ultra Líneas Aéreas S.A., representada por Julio Martínez Sola.
La UDEF destaca expresamente la forma en la que se había establecido tanto la vigencia del acuerdo como su remuneración.
El contrato permanecería vigente hasta que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) emitiera una resolución favorable o desfavorable sobre la solicitud de ayuda de Plus Ultra.
Y el pago dependía del resultado: un 1 % más IVA del importe aprobado por el Fondo de Rescate.
530 000 euros ligados a una ayuda pública de 53 millones
La cifra constituye uno de los elementos centrales de la investigación.
El Gobierno aprobó para Plus Ultra un rescate por un total de 53 millones de euros con cargo al fondo creado para apoyar a empresas consideradas estratégicas afectadas por la pandemia.
Aplicando el porcentaje establecido en el contrato, la remuneración alcanzaría los citados 530 000 euros más IVA.
La tesis que recoge el informe policial, según la información publicada, apunta a que esa estructura contractual resulta relevante para determinar qué servicio se estaba pagando realmente y por qué su duración estaba vinculada específicamente al procedimiento administrativo del rescate.
Esta cuestión es especialmente sensible porque afecta al destino de fondos públicos concedidos durante una situación extraordinaria como fue la crisis económica provocada por la Covid-19.
Zapatero rechaza que cobrara por conseguir el rescate
En este punto resulta imprescindible distinguir entre las sospechas de los investigadores y hechos judicialmente acreditados.
José Luis Rodríguez Zapatero niega que los pagos estuvieran destinados a conseguir el rescate de Plus Ultra.
Su defensa sostiene que el expresidente del Gobierno realizaba trabajos de asesoramiento y elaboraba informes de carácter “global”, algunos de ellos transmitidos oralmente.
La investigación trata ahora de determinar la naturaleza efectiva de esos servicios y su eventual relación con el proceso administrativo que terminó con la concesión de los 53 millones de euros.
Por tanto, la coincidencia temporal constituye un indicio que la UDEF considera relevante, pero no equivale por sí misma a una sentencia ni permite presentar como probado que Zapatero consiguiera personalmente la ayuda pública a cambio de dinero.
La pregunta clave: por qué el contrato dependía de la decisión de la SEPI
La estructura del acuerdo abre una cuestión evidente para los investigadores.
Si el objeto fundamental era prestar asesoramiento empresarial general, ¿por qué la duración quedaba condicionada a que la SEPI resolviera precisamente la solicitud de rescate?
Y existe una segunda pregunta: ¿por qué la remuneración estaba calculada como un porcentaje de la ayuda pública finalmente concedida?
Son precisamente estos elementos los que elevan la relevancia del documento dentro de las pesquisas.
Un contrato de asesoramiento convencional puede establecer honorarios fijos, pagos periódicos o cantidades relacionadas con determinados trabajos. En este caso, según el documento citado por la investigación, el importe dependía directamente de la cuantía de la ayuda aprobada.
La respuesta definitiva sobre el significado jurídico de esa relación contractual corresponderá a la investigación judicial.
El controvertido rescate de Plus Ultra
La operación arrastra polémica prácticamente desde su aprobación.
El Consejo de Ministros autorizó en marzo de 2021 una ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra, articulada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y gestionada por la SEPI.
La aerolínea recibió 19 millones mediante un préstamo participativo y otros 34 millones mediante un préstamo ordinario.
Desde entonces, la controversia política y judicial se ha centrado especialmente en determinar si la empresa reunía realmente las condiciones necesarias para recibir semejante respaldo público.
Los críticos del rescate cuestionaron desde el principio el carácter estratégico de la aerolínea por su reducido peso dentro del mercado aéreo español.
La investigación mencionada también pone el foco en la situación económica que atravesaba la compañía antes de la pandemia.
Las dudas sobre el carácter estratégico de la aerolínea
Según la información aportada, los investigadores han analizado diferentes circunstancias que rodeaban a Plus Ultra cuando solicitó el auxilio estatal.
Entre ellas figuran la composición de su accionariado, su reducido peso en el tráfico aéreo español, sus pérdidas anteriores a la pandemia y determinadas obligaciones con la Seguridad Social.
Uno de los argumentos más repetidos durante la controversia fue precisamente que la aerolínea representaba aproximadamente el 0,03 % de los vuelos nacionales, circunstancia utilizada por sus críticos para poner en duda que pudiera considerarse estratégica.
La compañía y la Administración defendieron, por su parte, la legalidad del procedimiento y la consideración estratégica utilizada para justificar el apoyo.
La cuestión resulta fundamental porque el fondo de la SEPI no fue diseñado como una línea general de crédito para cualquier empresa en dificultades, sino como un instrumento extraordinario destinado a compañías consideradas estratégicas cuya solvencia hubiera resultado afectada por la pandemia.
La UDEF también pone el foco en octubre de 2020
La investigación policial señala además otra fecha: 14 de octubre de 2020.
Para entonces había transcurrido aproximadamente mes y medio desde la solicitud oficial del rescate.
Según la documentación recogida en la información publicada, en aquella fecha directivos relacionados con el accionista venezolano Rodolfo Reyes habrían mantenido contactos con José Luis Rodríguez Zapatero.
Los investigadores analizan la cronología posterior y los cambios que pudieron producirse en la tramitación administrativa.
Una vez más, la existencia de reuniones o contactos no acredita por sí misma una actuación ilícita. Su relevancia dependerá de lo que pueda probarse acerca de su contenido, de las decisiones administrativas posteriores y de cualquier eventual relación económica.
El papel de Julio Martínez, bajo investigación
Otro de los nombres que aparece reiteradamente es Julio Martínez Martínez, conocido como ‘Julito’.
La investigación analiza sus relaciones empresariales y económicas y su conexión con las sociedades implicadas.
El correo del 23 de febrero de 2021 adquiere especial interés precisamente porque incorporaba el contrato que la UDEF considera relevante para reconstruir la secuencia de acontecimientos.
La investigación deberá aclarar quién realizó los trabajos, qué servicios concretos fueron prestados, quién recibió finalmente las cantidades y cuál fue su relación efectiva con la tramitación administrativa del rescate.
Esas cuestiones son mucho más importantes judicialmente que cualquier valoración política sobre el caso.
El caso vuelve a colocar a la SEPI bajo presión
La controversia trasciende a Plus Ultra.
La SEPI gestionó durante la pandemia un fondo extraordinario destinado a evitar la caída de empresas consideradas estratégicas para la economía española.
La excepcionalidad del momento justificó movilizar grandes cantidades de recursos públicos, pero precisamente por ello las condiciones, intermediaciones y decisiones adoptadas durante aquellos meses están sometidas a un intenso escrutinio.
El caso Plus Ultra se ha convertido en uno de sus episodios más controvertidos.
La aparición de un contrato cuyo pago estaba vinculado porcentualmente a la cantidad concedida y cuya duración dependía de la resolución de la propia SEPI añade ahora un elemento que los investigadores quieren esclarecer.
Una coincidencia que la Justicia tendrá que explicar
El elemento más comprometedor desde el punto de vista indiciario no es simplemente que existiera un contrato relacionado con Plus Ultra.
Es su diseño.
Duraba mientras estuviera pendiente la decisión sobre el rescate y establecía un pago equivalente al 1 % de la ayuda concedida, según el documento citado por la UDEF.
La defensa de Zapatero mantiene una explicación diferente y sostiene que existieron servicios de asesoramiento.
Será la investigación la que deberá determinar si esa explicación queda respaldada por documentación, informes, comunicaciones, trabajos efectivamente realizados y movimientos financieros.
Hasta entonces, las sospechas policiales deben tratarse como tales y no como una condena anticipada.
Pero políticamente el caso vuelve a plantear una cuestión incómoda para el Gobierno y para el PSOE: cómo terminó recibiendo 53 millones de euros de dinero público una aerolínea cuyo rescate lleva años rodeado de controversia y por qué existía un contrato privado cuya remuneración estaba directamente ligada al importe de aquella ayuda.
La respuesta ya no pertenece únicamente al terreno político. Está en manos de los investigadores y de la Justicia.
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