Documentación atribuida a la investigación del juez Santiago Pedraz señala que la cúpula de la Guardia Civil fue advertida desde abril de 2025 de presuntas maniobras destinadas a desacreditar a la UCO. Pese a esas alertas, posteriormente se abrió una información reservada sobre agentes de la propia unidad.
La investigación sobre las actuaciones atribuidas a Leire Díez incorpora un dato de enorme trascendencia política e institucional: el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, habría comunicado internamente que la entonces directora general del cuerpo, Mercedes González, conocía las advertencias sobre un grupo que presuntamente trataba de desprestigiar a la UCO y cuestionar investigaciones que afectaban a personas próximas al PSOE.
Según la documentación reproducida por Libertad Digital, las primeras alertas internas se remontan al 29 de abril de 2025. Los informes identificaban expresamente a Leire Díez, mencionaban su relación con Santos Cerdán y advertían de actuaciones dirigidas contra la Unidad Central Operativa.
La cuestión resulta especialmente sensible porque, según la información publicada, Mercedes González mantuvo al menos tres reuniones con Díez. La investigación judicial deberá determinar ahora qué conocía exactamente la responsable de la Guardia Civil, cuándo lo supo y qué relación, si alguna, existió entre esos encuentros y las actuaciones investigadas.
La Guardia Civil ya tenía una alerta sobre Leire Díez en abril de 2025
La cronología resulta fundamental para comprender la dimensión del caso.
Según los documentos citados, el 29 de abril de 2025, el general al mando de la Jefatura de Información elaboró una nota de despacho identificada como AC.1926 destinada al DAO.
El documento advertía, a partir de fuentes calificadas como fiables, de la existencia de un grupo de personas que presuntamente desarrollaba actuaciones destinadas a «desestabilizar las actuaciones de la UCO buscando su desprestigio».
La nota identificaba nominalmente a Leire Díez y hacía referencia a su relación con el entonces dirigente socialista Santos Cerdán.
De acuerdo con la documentación reproducida, la finalidad atribuida a esas actuaciones era especialmente grave: intentar provocar la anulación de causas relacionadas con la trama de los hidrocarburos y, posteriormente, afectar a otras investigaciones de la UCO que alcanzaran a dirigentes socialistas o personas próximas al presidente del Gobierno.
Estas afirmaciones forman parte de la documentación de una investigación judicial y no equivalen por sí solas a hechos declarados probados mediante sentencia.
La UCO lanzó su propia advertencia días después
La alerta del 29 de abril no habría sido la única.
Según los informes citados, la propia UCO obtuvo por otras fuentes información semejante y la puso en conocimiento del general responsable de la Jefatura de Policía Judicial.
El 6 de mayo de 2025 se habría elaborado una nueva nota de despacho. El documento fue remitido al DAO el 7 de mayo y su contenido fue abordado personalmente con Manuel Llamas el 8 de mayo.
La coincidencia entre dos canales internos diferentes adquiere especial relevancia: tanto la Jefatura de Información como la propia UCO habrían recibido advertencias sobre posibles maniobras destinadas a perjudicar las investigaciones de la unidad.
Es precisamente durante la reunión del 8 de mayo cuando aparece el elemento que compromete políticamente a la entonces directora general.
El DAO habría confirmado que Mercedes González estaba informada
La documentación citada recoge literalmente una afirmación de enorme importancia:
«El DAO le hizo saber al General de la JPJ que esos hechos eran conocidos por la Directora General».
De confirmarse judicialmente el alcance de esa comunicación, quedaría acreditado al menos que la máxima responsable política de la Guardia Civil había recibido información sobre las alertas internas relacionadas con las presuntas actuaciones contra la UCO.
El DAO también habría entregado al general de Policía Judicial la nota del 29 de abril, que hasta ese momento no se habría trasladado a la propia UCO.
La cronología obliga así a plantear varias preguntas: cuándo recibió Mercedes González la información, qué detalles conoció, qué medidas ordenó adoptar y qué contenido tuvieron sus reuniones con Leire Díez.
Son cuestiones que corresponde esclarecer al procedimiento judicial.
Las reuniones entre Mercedes González y Leire Díez elevan la presión
El conocimiento de esas alertas adquiere una dimensión diferente por las reuniones mantenidas entre Mercedes González y Leire Díez.
Según la información aportada, ambas se habrían reunido al menos tres veces.
El dato por sí mismo no demuestra participación alguna de González en las supuestas actuaciones de Díez. Sin embargo, la combinación de esos encuentros con la existencia de advertencias internas sobre las actividades que se atribuían a Díez convierte la cronología en un elemento central de la investigación.
La cuestión ya no consiste únicamente en determinar si existieron reuniones, sino en establecer qué sabía la directora general en el momento en que se produjeron y de qué se habló durante ellas.
Las alertas hablaban de una ofensiva contra la UCO
Los documentos describen un supuesto objetivo que trascendería a una disputa interna dentro de la Guardia Civil.
Las actuaciones investigadas habrían perseguido obtener información susceptible de perjudicar o desacreditar a agentes de la UCO, jueces y fiscales relacionados con procedimientos sensibles.
Entre los nombres señalados en las distintas informaciones sobre el caso aparecen responsables policiales como el teniente coronel Antonio Balas y el capitán Bonilla, así como integrantes de la carrera judicial y fiscal.
La hipótesis bajo investigación apunta a que desacreditar a los investigadores podría servir posteriormente para cuestionar la credibilidad de sus informes y las causas judiciales en las que participaban.
La Justicia tendrá que establecer hasta qué punto existió realmente una actuación coordinada, quién participó en ella y cuál era su objetivo.
La Guardia Civil llegó a desplegar contravigilancia
La preocupación interna habría alcanzado un nivel suficientemente elevado como para adoptar medidas de protección.
Según la documentación reproducida, el general de la Jefatura de Policía Judicial explicó en su declaración judicial del 26 de junio que ordenó establecer un servicio de contravigilancia para dos oficiales especialmente afectados.
No se habrían abierto diligencias propias porque, poco después, ya existía una causa judicial en un juzgado de Instrucción de Madrid.
El dato refuerza la idea de que las advertencias no fueron consideradas internamente como simples rumores sin relevancia. Al menos algunos responsables de la Guardia Civil entendieron que existía una situación que justificaba medidas específicas de seguridad para determinados agentes.
La polémica decisión posterior: investigar las filtraciones atribuidas a la UCO
Aquí aparece una de las partes más controvertidas de toda la secuencia.
Pese a las alertas existentes sobre las supuestas maniobras contra la UCO, el 12 de mayo de 2025 el DAO ordenó incoar una información reservada para determinar el origen de la filtración de mensajes privados del presidente del Gobierno.
La resolución reproducida en la información señalaba que esos mensajes, a priori, podían haber sido obtenidos en investigaciones judicializadas desarrolladas por la Unidad Central Operativa.
El objetivo formal consistía en esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales o disciplinarias.
La apertura de una investigación sobre una posible filtración no implica por sí misma una actuación irregular: la Guardia Civil tiene la obligación de investigar eventuales revelaciones indebidas de información.
Lo políticamente delicado es la secuencia temporal.
La dirección operativa ya habría recibido advertencias de que existían personas interesadas en desacreditar a la UCO y, apenas unos días después, se inició un procedimiento que colocaba bajo escrutinio precisamente a integrantes de esa unidad.
El juez Pedraz pone el foco sobre la cronología
Según la información publicada, el propio juez destaca como relevante que las advertencias existentes no hubieran sido compartidas antes con determinados responsables de Policía Judicial.
La nota del 29 de abril, según esta versión, no habría llegado a la UCO hasta después de que el general planteara personalmente su propia información al DAO el 8 de mayo.
Cuatro días después se ordenaba investigar la posible responsabilidad por las filtraciones.
Esta sucesión de acontecimientos constituye uno de los elementos que deberá analizar el procedimiento:
29 de abril: primera nota interna sobre las presuntas maniobras contra la UCO.
6 y 7 de mayo: la UCO genera y remite una advertencia semejante.
8 de mayo: el asunto se aborda personalmente con el DAO, quien habría comunicado que la directora general conocía los hechos.
12 de mayo: se ordena abrir una información reservada relacionada con una posible filtración procedente de investigaciones de la UCO.
La proximidad de las fechas explica la importancia que la investigación concede a la documentación.
Qué deberá esclarecer ahora la Justicia
La causa tendrá que responder a varias cuestiones fundamentales.
La primera es qué conocía Mercedes González sobre las actividades atribuidas a Leire Díez cuando mantuvo sus encuentros con ella.
La segunda, determinar por qué determinadas alertas internas no circularon inmediatamente entre todas las unidades potencialmente afectadas.
La tercera será aclarar si la apertura de la información reservada contra posibles filtraciones fue una actuación ordinaria y justificada o si existió alguna relación con las maniobras que estaban siendo denunciadas internamente.
Y existe una cuarta pregunta todavía más importante: si las actuaciones atribuidas a Díez fueron iniciativas particulares o formaban parte de una estructura organizada con apoyos políticos o institucionales.
No puede darse por probada esta última hipótesis mientras no exista evidencia judicial suficiente.
Una crisis que afecta directamente a la credibilidad institucional
La relevancia del caso supera la pugna entre partidos.
La UCO de la Guardia Civil participa en investigaciones de corrupción, narcotráfico, delincuencia económica y crimen organizado. La independencia de sus agentes frente a presiones políticas resulta esencial para el funcionamiento del Estado de derecho.
De igual manera, cualquier sospecha sobre actuaciones de una unidad policial debe poder investigarse con todas las garantías. Controlar a los investigadores no es perseguirlos, siempre que ese control responda a indicios objetivos y no a intereses ajenos a la legalidad.
Precisamente por ello resulta imprescindible esclarecer esta cronología.
Si los documentos terminan confirmando que la dirección de la Guardia Civil conocía previamente una operación destinada a desacreditar a la UCO, deberá explicarse qué medidas adoptó para proteger a sus agentes y por qué determinadas decisiones posteriores pusieron el foco precisamente sobre la unidad atacada.
La investigación de Pedraz tiene ahora ante sí una pregunta de enorme alcance institucional: qué sabía la cúpula de la Guardia Civil sobre Leire Díez, desde cuándo lo sabía y qué hizo después de conocerlo.
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