La declaración del comandante Rubén Villalba ante la Guardia Civil sostiene que el entorno investigado pretendía cuestionar las escuchas de la UCO y difundir acusaciones sobre la vida privada de algunos de sus responsables.
La investigación sobre las actuaciones atribuidas a Leire Díez incorpora nuevos elementos sobre una presunta estrategia destinada a erosionar la credibilidad de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, uno de los cuerpos que ha investigado algunas de las principales causas de corrupción vinculadas al entorno político del PSOE.
Según la información publicada por Libertad Digital, basada en el acta de declaración del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, Díez habría mostrado especial interés en obtener información contra responsables de la unidad y en cuestionar los métodos utilizados en determinadas investigaciones.
Uno de los objetivos mencionados expresamente habría sido el teniente coronel Antonio Balas, responsable de la UCO. En una conversación atribuida a Díez aparece una frase particularmente significativa: «Necesito a Balas».
La documentación conocida también recoge acusaciones no acreditadas sobre supuestas conductas privadas de mandos de la Guardia Civil. Conviene subrayar que se trata de afirmaciones atribuidas a Díez por Villalba y no de hechos probados.
La ofensiva para poner bajo sospecha las investigaciones de la UCO
El episodio adquiere especial relevancia por el contexto. La UCO ha participado en investigaciones judiciales de enorme trascendencia política y económica, entre ellas procedimientos relacionados con el caso Koldo y otras tramas actualmente sometidas al escrutinio de los tribunales.
De acuerdo con el relato publicado, el grupo relacionado con Díez habría buscado información potencialmente comprometedora sobre jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil. El objetivo que plantea la investigación sería desacreditar a quienes intervenían en procedimientos sensibles.
En una conversación mantenida por Díez con el abogado Jacobo Teijelo y los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, la exmilitante socialista habría señalado directamente su interés por Balas.
«Necesito a Balas, ¿vale? Así de claro, necesito a Balas», habría afirmado.
La frase refuerza uno de los principales interrogantes del caso: qué información se pretendía conseguir sobre el mando de la UCO y para qué iba a utilizarse.
El intento de cuestionar las escuchas de la Guardia Civil
Otra de las líneas descritas por Villalba afecta directamente a la validez de las intervenciones telefónicas utilizadas en investigaciones policiales.
Según su declaración, Díez estaba convencida de que en algunas operaciones relacionadas con la denominada trama de los hidrocarburos se habría empleado el sistema IVOVOX en lugar de SITEL.
Villalba declaró ante la Guardia Civil que Díez consideraba que esa circunstancia podía servir para cuestionar judicialmente las escuchas y, por extensión, las propias causas.
El comandante vinculó esta tesis con el precedente de una investigación relacionada con Sito Miñanco, en la que se habría discutido técnicamente la fiabilidad de determinadas transcripciones.
La existencia de esa estrategia, sin embargo, no demuestra por sí misma que las escuchas realizadas por la UCO fueran ilegales o estuvieran manipuladas. Una cosa es que alguien pretendiera explotar posibles vulnerabilidades técnicas o procesales y otra distinta que esas irregularidades hayan sido acreditadas judicialmente.
Esta distinción resulta fundamental para evitar convertir una acusación incluida en una investigación en un hecho probado.
Los rumores sobre la vida privada de mandos de la UCO
La declaración de Villalba introduce además una vertiente especialmente delicada.
Según el comandante, Díez habría asegurado que existía información sobre supuestos pagos recibidos por mandos de la UCO y sobre visitas de algunos responsables a un local de alterne situado en Madrid.
Villalba explicó que Díez le habría trasladado que, si el responsable de ese establecimiento hablase, «muchos mandos de la UCO caerían», añadiendo posteriormente la afirmación de que algunos de ellos «han estado de putas».
Se trata, nuevamente, de acusaciones recogidas en el testimonio de Villalba, no de comportamientos demostrados mediante sentencia o resolución judicial. No consta en la información aportada que esos supuestos pagos o conductas hayan sido acreditados.
La relevancia periodística reside, por tanto, principalmente en otra cuestión: la presunta voluntad de utilizar información o rumores personales para deteriorar públicamente la reputación de investigadores.
Villalba asegura que le plantearon tres vías para actuar
Uno de los pasajes más relevantes de la declaración describe las alternativas que, según Villalba, le habrían presentado.
El comandante sostiene que le plantearon tres posibles caminos: acudir a la Fiscalía para explicar el funcionamiento interno de determinadas unidades; colaborar con miembros de la Policía Nacional para revelar información que supuestamente la UCO no estaba sacando a la luz; o situarse cerca de la dirección de la Guardia Civil para informar sobre el funcionamiento interno del cuerpo.
Según su versión, Díez se inclinaba especialmente por la segunda opción.
El testimonio resulta significativo porque Villalba no era un observador ajeno a las investigaciones. El comandante se encontraba investigado en el caso Koldo, circunstancia que obliga también a valorar sus declaraciones dentro de su contexto procesal y a esperar al contraste judicial de las pruebas.
El nombre de Leire Díez vuelve al centro de la investigación
El denominado caso de las «cloacas del PSOE», expresión utilizada por varios medios para referirse a estas actuaciones, gira alrededor de la posible existencia de maniobras destinadas a obtener información sobre investigadores y responsables judiciales relacionados con procedimientos políticamente sensibles.
Díez ha estado vinculada al PSOE, pero la existencia de actuaciones individuales de antiguos militantes o personas relacionadas con el partido no permite atribuir automáticamente esas conductas al PSOE como organización sin pruebas que acrediten una estructura, dirección o encargo institucional.
Precisamente ahí se encuentra una de las cuestiones fundamentales que deberá aclarar la investigación: quién conocía estas actuaciones, quién las impulsaba y cuál era su finalidad última.
La aparición del nombre de Santos Cerdán en las informaciones sobre el caso eleva todavía más la dimensión política del asunto, aunque las responsabilidades deberán establecerse individualmente mediante pruebas.
La UCO, bajo presión por las investigaciones de corrupción
La polémica llega en un momento particularmente sensible para la Guardia Civil.
La UCO se ha convertido durante los últimos años en protagonista habitual de procedimientos sobre corrupción, contratación pública y presuntas redes de intermediación política y empresarial.
Sus informes tienen relevancia policial, pero son posteriormente sometidos al control de fiscales, jueces, defensas y tribunales. Por ello, cualquier intento organizado de obtener información privada sobre sus integrantes o de desacreditarlos puede convertirse en una cuestión institucional de primer orden.
Al mismo tiempo, ninguna unidad policial está exenta de control. Si existieran indicios reales de irregularidades en una investigación, deben examinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
Lo preocupante sería sustituir ese control legal por campañas basadas en rumores, información personal o presiones destinadas a neutralizar investigaciones incómodas.
La Justicia tendrá que determinar hasta dónde llegó la operación
El caso presenta todavía numerosas incógnitas. Las conversaciones, testimonios y documentos incorporados a las actuaciones deberán ser examinados por los tribunales para establecer qué ocurrió realmente y qué responsabilidad corresponde a cada implicado.
La declaración de Rubén Villalba aporta una pieza especialmente delicada: la supuesta búsqueda de mecanismos para desacreditar a la UCO, cuestionar determinadas escuchas y utilizar información personal contra algunos de sus responsables.
Si la investigación acredita que existió una actuación coordinada para perjudicar a policías, fiscales o jueces con el objetivo de interferir en procedimientos judiciales, el asunto trascendería ampliamente una mera batalla política.
Hasta entonces, resulta imprescindible separar los elementos documentados de las acusaciones todavía pendientes de acreditar.
La cuestión central ya no es únicamente qué información buscaba Leire Díez, sino quién estaba detrás de esa búsqueda, quién debía beneficiarse de ella y hasta dónde llegó realmente la operación contra la UCO
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