El voto del PNV puede permitir que el principal decreto de vivienda salga adelante en la Diputación Permanente, mientras el texto que amplía la duración de los alquileres queda abocado al rechazo.
La política de vivienda vuelve a quedar condicionada por una aritmética parlamentaria extraordinaria. El PNV ha confirmado que apoyará uno de los dos nuevos decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, pero rechazará el segundo, el que introduce un régimen de prórroga sucesiva para los contratos de alquiler.
La decisión resulta especialmente relevante porque las Cortes están disueltas tras la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 y corresponde a la Diputación Permanente ejercer las funciones del Congreso en materia de convalidación o derogación de reales decretos-leyes durante este periodo.
El escenario deja una situación poco habitual: una misma política de vivienda puede sobrevivir parcialmente, con un decreto encaminado a ser convalidado y otro que previsiblemente volverá a ser derogado.
El PNV cambia el desenlace de la votación
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, confirmó que su formación votará a favor del primer decreto y en contra del segundo, manteniendo la posición que ya había defendido en la votación del Pleno del Congreso.
La diferencia es decisiva por la composición de la Diputación Permanente.
Este órgano está integrado por 68 diputados, además de la presidenta del Congreso, con representación proporcional de los grupos parlamentarios. En la composición de la XV Legislatura figuran 27 representantes del PP, 24 del PSOE, 6 de Vox, 6 de Sumar y un representante de cada uno de los grupos Republicano, Junts, EH Bildu, PNV y Mixto.
Con las posiciones anunciadas, el apoyo del diputado del PNV permite que el primer decreto pueda alcanzar una mayoría de 35 votos frente a 34 si el resto de los grupos mantiene sus posiciones.
Sin ese voto, el resultado quedaría empatado entre los bloques, lo que impediría la convalidación.
Dos decretos de vivienda y dos desenlaces diferentes
El Gobierno aprobó el 6 de octubre dos nuevos reales decretos-ley que fueron publicados al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado.
Se trata del Real Decreto-ley 29/2026, sobre protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta de vivienda asequible, y del Real Decreto-ley 28/2026, destinado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
La separación en dos normas permite que la Diputación Permanente vote cada texto de manera independiente.
El decreto que sí respalda el PNV
El Real Decreto-ley 29/2026 reúne la mayor parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo en materia de vivienda.
Entre otras cuestiones, introduce cambios sobre:
- Protección frente a determinados desahucios cuando exista vulnerabilidad y no haya alternativa habitacional.
- Regulación de determinadas modalidades de alquiler temporal.
- Medidas frente a determinadas operaciones inmobiliarias consideradas especulativas.
- Cambios fiscales destinados a incentivar el alquiler residencial y asequible.
- Deducciones fiscales para determinados inquilinos.
- Medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda asequible.
- Cambios en las reglas de determinados contratos de arrendamiento y gastos asociados.
El propio BOE señala que la norma pretende responder a la denominada emergencia habitacional y ampliar la oferta de vivienda asequible.
El Gobierno vuelve así a llevar al Parlamento buena parte de las medidas que ya habían formado parte del anterior Real Decreto-ley 26/2026, que fue derogado por el Congreso el 2 de octubre.
El segundo decreto se queda sin el voto del PNV
El problema para el Ejecutivo está en el Real Decreto-ley 28/2026, centrado específicamente en la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual.
La norma modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Su principal novedad consiste en que, una vez alcanzado el periodo mínimo de duración del contrato —cinco años, o siete años si el arrendador es una persona jurídica—, el contrato puede entrar en sucesivas prórrogas de la misma duración si ninguna de las partes comunica su voluntad de no renovarlo.
El texto también eleva de cuatro a seis meses el preaviso exigido al propietario para comunicar la no renovación.
Además, establece con carácter general una indemnización al arrendatario cuando el propietario comunique válidamente que no desea prorrogar el contrato, aunque contempla determinadas excepciones.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es proporcionar mayor estabilidad a los hogares que viven de alquiler.
Sin embargo, esta es precisamente la parte que el PNV no respalda.
El voto que vuelve a dejar fuera la renovación automática
El rechazo del PNV al segundo decreto hace que la aritmética sea completamente diferente.
Los grupos que han anunciado su oposición al texto suman, con el PNV, una mayoría suficiente para impedir su convalidación si mantienen sus posiciones.
Por tanto, el Gobierno afronta dos votaciones separadas con resultados previsiblemente distintos: una norma tiene vía libre para ser convalidada y la otra vuelve a quedar expuesta a la derogación.
Europa Press recoge que PP, Vox, Junts y PNV se oponen al decreto de renovación automática de los alquileres.
Un nuevo intento después del rechazo del Congreso
La situación actual es consecuencia directa de la votación celebrada en el Congreso el 2 de octubre.
Las dos normas anteriores fueron rechazadas por la Cámara y posteriormente derogadas formalmente mediante resoluciones publicadas en el BOE. El Real Decreto-ley 26/2026 fue derogado mediante la Resolución de 2 de octubre, al igual que el Real Decreto-ley 27/2026, dedicado a la estabilidad de los contratos de alquiler.
El Ejecutivo aprobó posteriormente nuevos textos el 6 de octubre, introduciendo modificaciones y volviendo a justificar la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad.
El BOE recoge expresamente que la aprobación de un nuevo real decreto-ley después de que otro de contenido parcialmente coincidente haya sido derogado no es ajena a la práctica parlamentaria española, y cita varios precedentes históricos.
¿Qué papel juega la Diputación Permanente?
La Diputación Permanente adquiere ahora una relevancia excepcional por la disolución de las Cortes.
El artículo 78 de la Constitución establece la existencia de este órgano para garantizar la continuidad de las funciones esenciales del Congreso cuando la Cámara no está reunida y, en caso de disolución, asumir determinadas competencias.
Entre ellas se encuentra precisamente la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes.
Esto explica por qué el Gobierno puede intentar sacar adelante ahora unas normas que fueron rechazadas pocos días antes por el Pleno.
La composición es diferente a la del conjunto del Congreso y, sobre todo, el peso de Junts deja de ser suficiente para bloquear por sí solo el primer decreto si el PNV mantiene su apoyo.
La vivienda vuelve al centro del debate político
La batalla parlamentaria llega además en plena preparación de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate político español por el incremento de los precios, la escasez de oferta en determinadas zonas y las dificultades de acceso para jóvenes y hogares con rentas medias y bajas.
El Gobierno sostiene que sus medidas buscan reforzar la protección de los inquilinos y aumentar la oferta asequible.
Los sectores críticos con determinadas medidas de regulación del alquiler, por su parte, han advertido sobre sus posibles efectos sobre la oferta y la inversión. Reuters recogió, por ejemplo, las reservas expresadas por representantes del sector inmobiliario sobre el impacto que podrían tener determinadas restricciones y la incertidumbre jurídica sobre la inversión en vivienda.
Son, por tanto, dos posiciones enfrentadas sobre cómo actuar ante el mismo problema: reforzar la protección del inquilino y regular determinadas prácticas frente a priorizar la ampliación de la oferta y la seguridad jurídica para propietarios e inversores.
El punto más controvertido: prorrogar el alquiler
La discusión sobre el segundo decreto resulta especialmente relevante porque afecta directamente a la relación contractual entre propietarios e inquilinos.
El nuevo texto establece que, después de los periodos mínimos legales, la continuidad del contrato pasa a convertirse en la regla, salvo que alguna de las partes comunique su voluntad de no prorrogarlo en los términos establecidos.
El propietario conserva la posibilidad de comunicar la no renovación, pero deberá respetar los plazos de preaviso y, cuando corresponda, afrontar la indemnización prevista en la norma.
El Gobierno defiende que este sistema aporta estabilidad a las familias.
La oposición y los grupos que rechazan el decreto cuestionan, en cambio, sus efectos sobre los propietarios y sobre la oferta de viviendas en alquiler. El PNV ha mantenido su rechazo, lo que previsiblemente impedirá que esta parte de la reforma prospere en la Diputación Permanente.
Una convalidación parcial para el Gobierno
El resultado que se perfila deja al Ejecutivo ante un escenario singular.
El principal decreto de vivienda puede sobrevivir gracias al voto del PNV, mientras que la reforma destinada a prolongar de forma sucesiva los contratos de alquiler se encamina nuevamente al rechazo.
La consecuencia práctica será que no todas las medidas anunciadas por Pedro Sánchez tendrán el mismo recorrido jurídico.
La votación de la Diputación Permanente será, por tanto, determinante para saber qué parte de la nueva política de vivienda continuará vigente y qué medidas quedarán nuevamente sin efecto.
El episodio refleja además la dificultad de construir mayorías estables en una legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria. La cuestión de fondo seguirá siendo la misma: cómo aumentar la oferta de vivienda sin desproteger a los inquilinos y cómo garantizar seguridad jurídica a quienes ponen viviendas en alquiler.
En plena precampaña electoral, la vivienda vuelve a situarse en el centro de la confrontación política.
Toqueteo
Toqueteo
Toqueteo