Quince años después del fin de la violencia de ETA y ocho después de su disolución, el terrorismo continúa en el centro de la confrontación entre PP, Vox y la izquierda. El debate enfrenta la memoria de las víctimas, la legitimidad de los pactos parlamentarios y el uso político del pasado.
La derrota de ETA es un hecho histórico, pero sus consecuencias siguen abiertas en la política española. Las declaraciones de dirigentes del PP y Vox que afirman que la banda «está en el poder» o que «no mata porque no le hace falta» mantienen vivo un enfrentamiento que va mucho más allá de la seguridad: afecta a la memoria democrática, a la relación con EH Bildu y a la legitimidad de los acuerdos que permiten gobernar a Pedro Sánchez.
ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011 y comunicó su disolución en mayo de 2018. Sin embargo, para una parte de la derecha, el final de los atentados no significa que el entorno político heredero de la izquierda abertzale haya dejado de tener influencia. Esa interpretación alimenta una de las controversias más persistentes de la política nacional.
ETA dejó las armas, pero su legado sigue marcando la política española
La organización terrorista ETA protagonizó durante décadas una campaña de asesinatos, secuestros, extorsiones y amenazas con el objetivo de imponer sus objetivos políticos mediante la violencia. Sus víctimas incluyeron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, militares, representantes públicos, empresarios y ciudadanos sin responsabilidad política.
El anuncio del cese de la actividad armada en 2011 abrió una nueva etapa. Siete años después, en 2018, la organización anunció su disolución. Estos dos hitos permiten distinguir entre el final de la violencia organizada y el debate posterior sobre las responsabilidades, la memoria y la evolución política del entorno abertzale.
La desaparición de ETA como organización no eliminó automáticamente las heridas sociales ni las discrepancias sobre cómo interpretar su legado. Para las asociaciones de víctimas y una parte de la sociedad, la prioridad sigue siendo el reconocimiento del daño causado, el esclarecimiento de los asesinatos pendientes y el rechazo a cualquier justificación del terrorismo.
En paralelo, el espacio político de la izquierda abertzale ha mantenido presencia institucional a través de distintas formaciones y, actualmente, de EH Bildu. La participación de esta coalición en las instituciones democráticas y su capacidad para negociar con otros partidos constituyen uno de los principales focos de conflicto político.
La cuestión de fondo es dónde termina la crítica legítima a una trayectoria política y dónde empieza una afirmación que presenta como actual una organización terrorista ya disuelta.
Ayuso y los mensajes del PP y Vox sobre ETA
Entre las voces que más insisten en vincular a ETA con el actual escenario político destaca Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Según las declaraciones recogidas por El País, Ayuso ha empleado expresiones como «ETA está viva y en el poder» y «ETA tiene más peligro que nunca».
El mismo medio recoge otras formulaciones que relacionan a ETA, Bildu y los acuerdos parlamentarios de Pedro Sánchez. Estos mensajes condensan la estrategia discursiva de una parte de la derecha: presentar los pactos con EH Bildu no como una negociación ordinaria entre fuerzas parlamentarias, sino como una cesión política que afecta a la memoria de las víctimas del terrorismo.
Vox mantiene una posición igualmente dura respecto a Bildu y a la relación del Gobierno con esa formación. En ese marco, la palabra «ETA» se utiliza con frecuencia como referencia política para cuestionar la legitimidad de los acuerdos y denunciar lo que ambos partidos consideran una normalización del entorno abertzale.
Pero no es lo mismo afirmar que una formación política procede de un espacio ideológico relacionado históricamente con la izquierda abertzale que sostener que ETA continúa existiendo o ejerce el poder en España. La primera cuestión remite a una trayectoria política y a responsabilidades que deben analizarse con rigor; la segunda es una afirmación literal que exige pruebas específicas y no puede darse por demostrada mediante una consigna.
La distinción no impide que PP y Vox cuestionen los pactos de Sánchez con Bildu. Sí obliga a separar la crítica política de las afirmaciones que puedan confundir a los ciudadanos sobre la situación real de la organización terrorista.
EH Bildu y los pactos con Pedro Sánchez: el centro de la controversia
La relación entre el PSOE y EH Bildu se ha convertido en uno de los argumentos más utilizados por la oposición para cuestionar la política de alianzas de Pedro Sánchez. La capacidad de Bildu para intervenir en las negociaciones parlamentarias le otorga relevancia política, especialmente cuando sus votos contribuyen a aprobar iniciativas o a sostener acuerdos.
Para PP y Vox, esa interlocución plantea un problema político y moral por la historia del entorno del que procede la coalición y por la posición que mantienen respecto a las víctimas y al pasado terrorista. Desde esa perspectiva, el rechazo a los pactos no se limita a una discrepancia programática: se presenta como una cuestión de principios y de respeto a quienes sufrieron la violencia.
El debate, sin embargo, requiere diferenciar varios planos. EH Bildu es una formación política que participa en las instituciones; ETA fue una organización terrorista que anunció su disolución en 2018. La relación histórica entre el entorno de la izquierda abertzale y ETA es relevante para entender la controversia, pero no convierte automáticamente cualquier decisión de Bildu en una orden de una organización desaparecida.
La oposición puede exigir explicaciones sobre los compromisos alcanzados, cuestionar las concesiones que atribuye al Gobierno y pedir transparencia sobre las negociaciones. También puede reclamar que los acuerdos políticos tengan en cuenta la dignidad de las víctimas y la condena inequívoca de la violencia.
Lo que exige rigor es fundamentar cada acusación en hechos concretos: qué se pactó, qué se concedió, quién lo defendió y cuáles fueron sus consecuencias. La asociación retórica entre Bildu y ETA, por sí sola, no demuestra que la banda siga operativa ni que dirija las decisiones del Ejecutivo.
La memoria de las víctimas, en el centro del debate
La discusión no puede reducirse a una pugna entre partidos. Detrás del enfrentamiento político están las víctimas de ETA y sus familias, que durante años soportaron asesinatos, amenazas, secuestros y extorsiones.
Para muchas de ellas, el fin de la violencia no cierra todas las cuestiones pendientes. La memoria de los asesinados, la investigación de los crímenes sin resolver y el rechazo a los homenajes que puedan interpretarse como exaltación de los terroristas continúan siendo asuntos centrales.
Por eso, cualquier debate sobre la evolución de la izquierda abertzale debe evitar dos errores. El primero sería minimizar el daño causado por ETA o tratar su historia como un episodio irrelevante. El segundo, utilizar el sufrimiento de las víctimas como argumento para presentar como demostradas afirmaciones que no cuentan con pruebas suficientes.
La exigencia de memoria y reparación es compatible con la precisión histórica. Reconocer que ETA dejó las armas no significa justificar su trayectoria; distinguir a una organización terrorista disuelta de una formación política actual tampoco obliga a respaldar sus propuestas ni sus acuerdos parlamentarios.
La credibilidad de las instituciones depende, en buena medida, de que la memoria de las víctimas se trate con respeto y de que las acusaciones políticas se sostengan con hechos verificables.
¿Qué significa afirmar que ETA «está en el poder»?
La expresión utilizada por algunos dirigentes conservadores tiene una fuerte carga política. Su propósito es transmitir que, pese al fin de los atentados, los objetivos o el entorno político asociado históricamente a ETA habrían obtenido influencia institucional.
No obstante, la frase admite interpretaciones muy diferentes. Puede ser una crítica figurada a los acuerdos entre el Gobierno y EH Bildu; puede expresar un juicio sobre la evolución de la izquierda abertzale; o puede entenderse literalmente como una afirmación de que ETA sigue activa y gobierna. Estas tres interpretaciones no son equivalentes y no deben confundirse.
Si la denuncia se refiere a decisiones concretas del Ejecutivo, el análisis debe centrarse en los acuerdos y sus efectos. Si se sostiene que una organización terrorista continúa operativa tras anunciar su disolución, hacen falta pruebas que acrediten esa continuidad. Sin ellas, presentar la afirmación como un hecho sería ir más allá de lo demostrado.
Algo parecido ocurre con la frase «no mata porque no le hace falta». Es una valoración política que sugiere que la violencia habría sido sustituida por influencia institucional. Pero no demuestra por sí misma que exista una dirección terrorista activa ni que las decisiones del Gobierno respondan a sus órdenes.
La fuerza de una denuncia no sustituye a la prueba. En un asunto tan sensible como el terrorismo, la precisión del lenguaje es esencial para evitar que la confrontación partidista termine oscureciendo los hechos históricos.
Una controversia que revela la polarización política española
El enfrentamiento por ETA muestra hasta qué punto el pasado sigue condicionando la política española. Para PP y Vox, los acuerdos de Sánchez con Bildu representan una línea roja moral y política. Para quienes rechazan la equiparación entre la coalición y la organización terrorista, ese discurso corre el riesgo de convertir la historia de ETA en una herramienta permanente de confrontación.
Ambas cuestiones pueden debatirse sin renunciar al rigor. Los pactos parlamentarios son legítimamente fiscalizables; también lo son las declaraciones de los dirigentes de la oposición. Y la historia de ETA exige un tratamiento especialmente cuidadoso, tanto por la gravedad de sus crímenes como por las consecuencias que aún sufren sus víctimas.
La disolución de la banda no obliga a dar por resueltas todas las discusiones sobre su legado. Tampoco permite afirmar, sin pruebas, que ETA continúa existiendo o que controla las instituciones. La crítica política resulta más sólida cuando identifica hechos, responsabilidades y consecuencias concretas, en lugar de depender exclusivamente de consignas.
El reto: preservar la memoria sin deformar los hechos
Quince años después del cese de la violencia y ocho después de la disolución de ETA, España continúa discutiendo sobre el significado político de aquella derrota. El papel de EH Bildu, sus acuerdos con el PSOE y la posición de las víctimas seguirán formando parte de ese debate.
La derecha tiene argumentos para fiscalizar los pactos del Gobierno y reclamar explicaciones sobre las decisiones que considere contrarias a la memoria de las víctimas. Pero su credibilidad depende también de distinguir las críticas políticas de las afirmaciones literales sobre una banda que anunció su disolución en 2018.
La memoria de ETA no debe borrarse, pero tampoco convertirse en una excusa para confundir hechos y consignas. La exigencia de verdad, justicia y respeto a las víctimas necesita algo más que eslóganes: requiere datos comprobables, contexto histórico y responsabilidad en el lenguaje.
El debate de fondo no es si España debe olvidar a ETA —no debe hacerlo—, sino cómo exigir responsabilidades políticas en el presente sin alterar lo que está acreditado sobre el pasado.
Toqueteo
Toqueteo
Toqueteo