El Gobierno ultima una norma para mejorar la resistencia de las telecomunicaciones ante apagones y catástrofes. Las operadoras podrán compartir con las empresas de torres parte del coste de reforzar la infraestructura.
Un gran apagón puede dejar a miles de ciudadanos sin conexión justo cuando más necesitan comunicarse. Para evitar que una caída del suministro eléctrico comprometa también la telefonía móvil, el Gobierno prepara nuevas obligaciones de seguridad y resiliencia para el sector de las telecomunicaciones.
El futuro decreto antiapagones permitirá que las operadoras de telefonía compartan con las compañías propietarias de torres de telecomunicaciones el coste de reforzar la red móvil. La norma busca aumentar la capacidad de las infraestructuras para seguir funcionando durante emergencias, incluidos episodios de interrupción del suministro eléctrico como el registrado en España el año pasado.
Según la información publicada por El Español el 26 de octubre de 2026, el Ejecutivo ultima la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros y el texto ya ha recibido el visto bueno de la Unión Europea.
La medida puede mejorar la continuidad de un servicio esencial, pero también abre interrogantes sobre el reparto de los costes, las obligaciones que asumirán las empresas y el impacto que podría tener la inversión en el mercado de las telecomunicaciones.
Qué pretende cambiar el decreto antiapagones
El objetivo de la norma es reforzar la seguridad y resiliencia de las redes móviles ante apagones y otras situaciones de emergencia.
La resiliencia es la capacidad de una infraestructura para resistir una incidencia, mantener sus funciones esenciales o recuperar el servicio con rapidez. En las telecomunicaciones, esto exige que determinados emplazamientos dispongan de sistemas de respaldo energético y de los recursos necesarios para seguir operativos cuando falla el suministro habitual.
El decreto pretende establecer un marco para que la red móvil pueda mantener la cobertura durante situaciones críticas. La posibilidad de compartir el coste de las mejoras con las empresas que gestionan las torres es uno de los elementos destacados de la iniciativa.
No obstante, la información publicada no detalla todavía todos los requisitos técnicos, el alcance exacto de las obligaciones ni el porcentaje de gasto que correspondería a cada empresa.
Por qué las torres de telefonía son esenciales durante un apagón
Las redes móviles dependen de una infraestructura física distribuida por el territorio. Las antenas y los equipos instalados en los emplazamientos de telecomunicaciones permiten que los teléfonos se conecten con la red y mantengan las comunicaciones.
Cuando se produce un apagón, el problema no se limita a la vivienda o al negocio que pierde electricidad. Si los equipos de un emplazamiento móvil dejan de funcionar una vez agotadas sus reservas energéticas, la cobertura de la zona puede verse afectada.
Por eso, reforzar la autonomía energética de las instalaciones es una de las vías para reducir el riesgo de interrupciones. Las soluciones pueden incluir sistemas de alimentación de respaldo y otras mejoras técnicas, aunque las medidas concretas exigidas por el futuro decreto deberán confirmarse en el texto definitivo.
La continuidad de las telecomunicaciones resulta especialmente importante para los servicios de emergencia, la coordinación de las autoridades y los ciudadanos que necesitan comunicarse con familiares o solicitar asistencia.
Las operadoras y las empresas de torres podrán compartir los costes
Uno de los puntos centrales del decreto es la posibilidad de que las compañías de telecomunicaciones compartan con las empresas propietarias o gestoras de los emplazamientos el coste de reforzar la infraestructura.
El modelo responde a la estructura del sector, en la que las operadoras prestan servicios de telefonía móvil mientras que compañías especializadas gestionan numerosos emplazamientos y torres utilizados por distintas redes.
La mejora de la resiliencia puede requerir inversiones en equipos, energía de respaldo y adaptación de las instalaciones. Repartir parte de ese gasto podría facilitar la ejecución de las actuaciones necesarias, aunque el efecto dependerá de las condiciones que establezca la regulación y de los acuerdos entre las compañías.
La cuestión económica será determinante: quién pagará cada mejora, quién será responsable de ejecutarla y cómo se comprobará que la inversión garantiza la continuidad del servicio.
El texto definitivo tendrá que aclarar esos aspectos para evitar incertidumbres sobre las obligaciones de cada parte.
El precedente del gran apagón del año pasado
El decreto llega después del gran apagón registrado en España en 2025, un episodio que puso de relieve la importancia de la continuidad de los servicios esenciales cuando se producen interrupciones eléctricas de gran alcance.
La telefonía móvil forma parte de las infraestructuras de las que dependen tanto la vida cotidiana como la actividad económica. Una interrupción prolongada puede dificultar las comunicaciones personales, afectar a negocios y complicar la coordinación durante una emergencia.
El Gobierno ya había anunciado que trabajaba en una regulación para reforzar la respuesta de las telecomunicaciones ante apagones. La información publicada por El Español el 26 de octubre de 2026 apunta ahora a que el real decreto se encuentra en la fase previa a su aprobación.
La experiencia del apagón ha reforzado el debate sobre la preparación de las infraestructuras críticas. Sin embargo, para evaluar la eficacia de la nueva norma será necesario conocer sus requisitos concretos, los plazos de aplicación y los mecanismos de supervisión.
La norma ya ha recibido el visto bueno de la UE
Según El Español, el texto ha recibido el visto bueno de la Unión Europea y el Gobierno ultima su aprobación en el Consejo de Ministros.
Ese paso supone un avance en la tramitación, pero no debe confundirse con la entrada en vigor de las nuevas obligaciones. La aprobación formal, la publicación oficial y los posibles periodos de adaptación determinarán cuándo deberán aplicarse las medidas.
Tampoco se han detallado en la información disponible las sanciones por incumplimiento, las excepciones que podrían contemplarse ni los plazos exactos para completar las mejoras de las infraestructuras.
Estos elementos serán esenciales para que las operadoras y las empresas de torres puedan planificar las inversiones y para que las autoridades comprueben que las nuevas exigencias se cumplen.
¿Mejorará la cobertura móvil durante futuras emergencias?
El propósito del decreto es reducir la vulnerabilidad de la red móvil frente a interrupciones eléctricas y otras incidencias graves. Si las medidas se aplican de forma eficaz, podrían contribuir a mantener operativos más emplazamientos durante una emergencia.
Pero el refuerzo energético no garantiza que toda la red funcione en cualquier circunstancia. La continuidad del servicio también puede depender de la duración del apagón, de la disponibilidad de combustible o energía de respaldo, del estado de las conexiones y de otros elementos de la infraestructura.
Por eso, la evaluación de la norma deberá ir más allá de la inversión anunciada. Será importante conocer qué cobertura se mantiene durante las emergencias, cuánto tiempo pueden operar los emplazamientos sin suministro eléctrico y con qué rapidez se recupera el servicio cuando se produce una incidencia.
El coste de la resiliencia y la responsabilidad de las empresas
La nueva regulación plantea un equilibrio entre la seguridad de las comunicaciones y el coste de adaptar una infraestructura extensa y técnicamente compleja.
Las operadoras y las compañías de torres deberán conocer con precisión las obligaciones que les corresponden. Las administraciones, por su parte, tendrán que definir mecanismos de supervisión que permitan verificar las mejoras sin imponer cargas desproporcionadas ni dejar desprotegidos a los usuarios.
La transparencia será especialmente relevante si el coste de las inversiones termina repercutiendo, directa o indirectamente, en el precio de los servicios. La información disponible no permite afirmar que el decreto vaya a provocar una subida de las tarifas, pero sí hace necesario examinar cómo se financiarán las mejoras y quién asumirá finalmente el gasto.
La resiliencia de la red móvil es una cuestión de seguridad pública, no solo de negocio. La norma deberá demostrar que el reparto de costes se traduce en infraestructuras mejor preparadas y en una protección efectiva para los ciudadanos.
Un paso hacia una red móvil más resistente
El futuro decreto antiapagones busca reducir el riesgo de que una interrupción eléctrica deje sin cobertura móvil a amplias zonas del país. Su principal novedad, según la información publicada, es que permitirá compartir entre las operadoras y las empresas de torres el coste de reforzar la infraestructura.
La iniciativa se encuentra pendiente de la aprobación formal del Gobierno. Todavía habrá que conocer los requisitos técnicos, los plazos de adaptación y las responsabilidades concretas de cada empresa para medir el alcance real de la reforma.
La prueba definitiva llegará cuando se produzca una nueva emergencia: el éxito del decreto dependerá de que los ciudadanos puedan seguir comunicándose cuando el suministro eléctrico falle y las telecomunicaciones sean más necesarias.
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