La Policía Nacional desalojó de madrugada la acampada por la vivienda en Madrid. Los organizadores denuncian golpes y gas pimienta, mientras la Delegación del Gobierno defiende que la intervención fue pacífica y de último recurso.
La acampada por la vivienda de la Puerta del Sol ha terminado con una intervención policial que enfrenta dos versiones sobre lo ocurrido durante la madrugada. Los integrantes de la Acampada 26S denuncian un desalojo violento con golpes y gas pimienta, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid asegura que la operación se desarrolló sin violencia y después de semanas de actuaciones graduales.
El operativo se llevó a cabo durante la madrugada del martes 3 de noviembre, con la participación de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid. Según los datos facilitados por la Delegación y recogidos por Europa Press, 334 personas fueron desalojadas y dos resultaron detenidas, una por resistencia y otra por atentado contra la autoridad, según las primeras informaciones policiales.
La intervención pone fin a más de un mes de acampada en el kilómetro cero de Madrid, donde centenares de personas reclamaban soluciones a la crisis de la vivienda. Sin embargo, el desenlace abre ahora otro frente: esclarecer qué ocurrió durante el desalojo y determinar si la actuación policial se ajustó a los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
Los acampados denuncian golpes y uso de gas pimienta
La cuenta oficial de la Acampada 26S denunció a primera hora del martes que la Policía Nacional había ejecutado el desalojo mediante una «intervención policial violenta».
En un comunicado difundido a través de Instagram, los organizadores afirmaron que varias personas habían resultado heridas por golpes y por el uso de gas pimienta.
La organización atribuyó el operativo a unidades antidisturbios que, según su versión, actuaron bajo las órdenes de la Delegación del Gobierno.
También comunicó que estaba comprobando el estado de los integrantes de la acampada para conocer si había más personas afectadas.
Los vídeos difundidos por los participantes muestran a agentes antidisturbios escoltando a personas desde el interior de la acampada hacia el exterior de la plaza. No obstante, las imágenes difundidas y las declaraciones de los organizadores no permiten determinar por sí solas la gravedad de las lesiones ni establecer si el uso de la fuerza fue proporcional.
La denuncia de los acampados deberá contrastarse con los informes policiales, los posibles partes médicos y las imágenes completas de la intervención.
La Delegación del Gobierno sostiene que fue un desalojo pacífico
La Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por Pilar Trinidad, defendió la actuación policial y la calificó como una medida de «último recurso».
En su comunicado, la institución sostuvo que el desalojo se desarrolló sin violencia, después de un proceso gradual y tras considerar que la protesta había perdido su carácter reivindicativo inicial.
Según la Delegación, las principales organizaciones que habían impulsado la acampada se retiraron y disolvieron sus comisiones, mientras que el grupo que permanecía en la plaza estaba integrado en buena parte por personas sin hogar y colectivos vulnerables.
La institución también alegó que se habían producido incidentes y presuntos hechos delictivos en el interior o en el entorno de la acampada, según comunicaciones de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
La Delegación afirmó que la situación había generado un peligro para personas y bienes, y justificó la intervención en la necesidad de recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol.
La versión oficial contradice directamente la denuncia de los acampados. Por ahora, ambas posiciones deben presentarse como declaraciones de sus respectivos protagonistas, sin dar por demostrada una conclusión sobre el uso de la fuerza.
334 personas desalojadas y dos detenidos
La operación comenzó en torno a las 3.00 horas, según las informaciones difundidas por EFE y otros medios.
La Delegación del Gobierno precisó que el dispositivo estuvo integrado por:
- 220 agentes de la Policía Nacional.
- 180 efectivos de la Policía Municipal de Madrid.
- Bomberos y servicios sociales, que participaron en el operativo.
El balance oficial inicial fue de 334 personas desalojadas y dos detenidos. La Delegación atribuyó las detenciones a presuntos delitos de resistencia y atentado contra la autoridad. Estas calificaciones policiales no equivalen a una condena y deberán ser examinadas por las autoridades judiciales si se abre un procedimiento.
Tras la salida de los acampados, los servicios municipales comenzaron a retirar las tiendas, los enseres y otros materiales de la plaza.
La intervención se desarrolló mientras permanecían en el lugar personas que habían anunciado su intención de continuar la protesta, pese a que buena parte de las comisiones organizadoras ya había decidido abandonar la acampada.
La protesta comenzó el 26 de septiembre tras el caso de Maricarmen Abascal
La Acampada 26S comenzó el 26 de septiembre en la Puerta del Sol para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda.
La movilización surgió tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante décadas de alquiler en el mismo domicilio y que falleció el 7 de octubre.
El caso se convirtió en uno de los símbolos de la protesta y dio impulso a una reivindicación que conectó el problema de los desahucios con las dificultades de acceso a una vivienda en Madrid.
Durante semanas, la plaza acogió tiendas de campaña, comisiones de organización y concentraciones. La protesta también generó controversia por sus efectos sobre la actividad comercial, el tránsito peatonal y el uso de uno de los espacios públicos más importantes de la capital.
La prolongación de la acampada acabó enfrentando a los manifestantes con las autoridades y con sectores empresariales que reclamaban recuperar la normalidad en la plaza.
Las comisiones se disolvieron, pero un grupo decidió permanecer
El desalojo se produjo después de que la mayoría de las comisiones que habían organizado la protesta anunciaran su disolución y el traslado de su actividad a los barrios.
Los organizadores habían comunicado que pretendían continuar con la movilización por la vivienda y preparar acciones vinculadas a la huelga general prevista para el 11 de noviembre.
Sin embargo, un grupo de personas decidió permanecer en la Puerta del Sol. Entre ellas había integrantes de la acampada y personas sin hogar que habían expresado su intención de mantener la ocupación.
Según la información publicada por Europa Press, alrededor de medio centenar de personas sin hogar se había constituido en asociación con la intención de continuar en la plaza. Las comisiones organizadoras habían señalado que esa iniciativa correspondía a la decisión y responsabilidad del propio colectivo.
La Delegación del Gobierno interpretó la permanencia de ese grupo como una situación distinta de la protesta inicial, argumento que utilizó para justificar el desalojo.
El derecho de manifestación y los límites de la ocupación
El desalojo de Sol vuelve a situar en el centro del debate la convivencia entre el derecho fundamental de reunión y manifestación y la obligación de las administraciones de garantizar la seguridad y el uso de los espacios públicos.
La Delegación del Gobierno sostiene que el derecho de reunión no es ilimitado y que las circunstancias de la acampada habían cambiado tras más de un mes de permanencia.
Los organizadores, por su parte, denuncian que la intervención policial vulneró la integridad de varias personas y reclaman comprobar lo ocurrido.
La cuestión jurídica no puede resolverse únicamente con una declaración institucional o con las denuncias de los afectados. Para valorar la actuación policial será necesario examinar las circunstancias concretas, las instrucciones del operativo, las imágenes disponibles y los posibles informes médicos.
El derecho a manifestarse debe protegerse, pero también deben investigarse las denuncias sobre posibles excesos policiales. Ambas obligaciones forman parte de las garantías que deben regir una intervención de este tipo.
Sol vuelve a la normalidad mientras persisten las denuncias
Tras el desalojo, los servicios municipales comenzaron a retirar las tiendas y a limpiar la Puerta del Sol. La plaza recupera así su uso habitual después de semanas de acampada y controversia.
Sin embargo, la intervención no cierra el conflicto político y social que originó la movilización. La crisis de la vivienda continúa siendo el eje de las reivindicaciones, mientras que las denuncias sobre el operativo policial pueden abrir nuevas preguntas sobre la actuación de las autoridades.
El balance inicial confirma el desalojo de 334 personas y dos detenciones, pero el número de posibles heridos y las circunstancias exactas de la intervención siguen pendientes de aclaración.
La prioridad ahora será conocer qué ocurrió durante la madrugada, comprobar las denuncias de los acampados y determinar si la actuación policial se ajustó a los criterios legales.
El desalojo ha terminado con la ocupación de Sol, pero no con el debate sobre la vivienda ni con las preguntas sobre el uso de la fuerza policial.
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