El líder popular acusa a los sindicatos de utilizar el paro del 11N como instrumento electoral contra la oposición. La jornada dejó un seguimiento desigual, incidentes en varias ciudades y dos militantes del PP hospitalizados tras el ataque a su sede en Vizcaya.
La huelga general del 11 de noviembre continúa generando enfrentamientos políticos a las puertas de la campaña electoral del 29N. Alberto Núñez Feijóo ha calificado la convocatoria de «fracaso» y de «acto camuflado de campaña electoral», al considerar que los sindicatos no dirigieron sus reivindicaciones contra el Gobierno, sino contra los partidos de la oposición.
El presidente del Partido Popular aprovechó su intervención en el programa El Hormiguero, de Antena 3, para cuestionar el seguimiento del paro en los servicios públicos y denunciar la agresión sufrida por dos militantes de Nuevas Generaciones en Barakaldo (Vizcaya).
Feijóo reclamó a sindicatos y partidos políticos una condena expresa de los hechos. Los dos jóvenes tuvieron que recibir asistencia sanitaria y fueron trasladados al hospital después de que un grupo de encapuchados atacara la sede popular.
La jornada dejó un balance controvertido: mientras UGT y CCOO defendieron el éxito de la movilización, la CEOE habló de un seguimiento inferior al 5 %. Los datos sectoriales y territoriales reflejaron diferencias importantes, por lo que no existe una cifra única que permita resumir por sí sola el alcance de la huelga.
Feijóo acusa a los sindicatos de organizar una huelga contra la oposición
El líder del PP realizó sus declaraciones durante una entrevista en El Hormiguero, emitida el miércoles 11 de noviembre. Feijóo sostuvo que el seguimiento había sido reducido en los servicios públicos que había podido observar, especialmente en sanidad y educación.
«El éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso», afirmó.
El candidato popular también recordó que había advertido previamente a las organizaciones sindicales de que convocar el paro era un error. A su juicio, la movilización tenía una motivación política que excedía las reivindicaciones laborales y sociales.
Feijóo sostuvo que existen motivos legítimos para convocar una huelga general, como la pérdida de poder adquisitivo, la situación de la vivienda o la corrupción política. Sin embargo, rechazó que se utilice una convocatoria sindical para protestar contra los partidos que aspiran a gobernar después de las elecciones.
El dirigente popular calificó la iniciativa de «error histórico de los sindicatos» y vinculó su convocatoria con la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Su argumento es que los sindicatos habrían convertido una movilización laboral en un acto de precampaña dirigido contra la oposición. Se trata de una valoración política de Feijóo, no de un hecho acreditado sobre las motivaciones de todas las organizaciones convocantes.
Dos militantes del PP hospitalizados tras el ataque a la sede de Barakaldo
Uno de los episodios más graves de la jornada se produjo en la sede del Partido Popular de Barakaldo, en Vizcaya. Dos jóvenes de Nuevas Generaciones resultaron heridos después de que un grupo de encapuchados atacara el local del partido.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 18.00 horas del miércoles. Según la denuncia difundida por el PP de Bizkaia, los individuos lanzaron un calentador eléctrico de grandes dimensiones contra la cristalera de la sede, que terminó rota.
Cuando los dos jóvenes salieron para comprobar lo sucedido, fueron golpeados e insultados. Según la información publicada por Europa Press, los agresores les habrían gritado «fascistas».
Una tercera persona que se encontraba en el lugar pudo ayudar a los afectados. Posteriormente, una ambulancia acudió a la sede y los dos militantes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.
El PP de Bizkaia denunció los hechos y pidió que los responsables fueran identificados. La presidenta provincial del partido, Amaya Fernández, se desplazó hasta el local junto a otros dirigentes populares para mostrar su apoyo a los jóvenes.
Fernández condenó el ataque y recordó que ninguna discrepancia política puede justificar la violencia, las amenazas o las agresiones contra quienes defienden ideas diferentes.
La denuncia del PP sitúa el ataque en el contexto de las movilizaciones del 11N. Sin embargo, no debe atribuirse automáticamente la agresión a una organización sindical ni a todos los participantes en la huelga. La identificación de los autores y la determinación de sus responsabilidades corresponden a las autoridades y a la investigación judicial.
La patronal habla de menos del 5 % de seguimiento y los sindicatos defienden el éxito del paro
El alcance real de la huelga se convirtió en otro de los principales focos de controversia. Las organizaciones convocantes y la patronal ofrecieron valoraciones muy diferentes.
La CEOE calificó el seguimiento de fracaso y estimó que la participación había sido inferior al 5 %, basándose en sus cálculos y en los datos de demanda eléctrica.
UGT y CCOO, por su parte, defendieron el éxito de la convocatoria. El vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, habló de un seguimiento desigual, con porcentajes que oscilaban entre el 41 % en Extremadura y Castilla-La Mancha y el 75 % en Andalucía y Aragón en los primeros datos difundidos.
Los sindicatos no ofrecieron una cifra global definitiva que permitiera comparar directamente sus estimaciones territoriales con el cálculo de la patronal.
La diferencia entre ambas versiones obliga a analizar los datos con cautela. El seguimiento de una huelga puede variar considerablemente según el territorio, el sector económico, los servicios mínimos y el método utilizado para calcular la participación.
Por tanto, la afirmación de Feijóo sobre el fracaso de la convocatoria debe entenderse como su valoración política del resultado, mientras que las cifras disponibles muestran una movilización desigual.
Renfe registró un 9,06 % de participación acumulada
Los datos publicados por Renfe permiten observar el impacto de la huelga en uno de los sectores estratégicos para la movilidad nacional.
La compañía comunicó que el seguimiento acumulado de los tres turnos alcanzó el 9,06 % de su plantilla convocada. Durante el turno de tarde, la participación fue del 13,67 %.
El paro también tuvo consecuencias sobre la circulación ferroviaria:
- Se suprimió el 16 % de los trenes AVE y de larga distancia durante el turno de tarde.
- Las cancelaciones alcanzaron el 10,5 % en Cercanías y media distancia.
- En Madrid, las supresiones de trenes de Cercanías llegaron al 22,4 % durante ese periodo.
- En Rodalies, las circulaciones canceladas alcanzaron el 28 % hasta las 16.00 horas.
Estos datos muestran que la huelga tuvo efectos concretos sobre determinados servicios, aunque el seguimiento laboral no fue mayoritario en el conjunto de la plantilla de Renfe.
En Castilla y León, por ejemplo, la Junta informó de una participación del 4,25 % entre sus empleados públicos a las 12.00 horas. En Aragón, el seguimiento entre los trabajadores de la Administración autonómica alcanzó el 12,17 %, según los datos difundidos por el Gobierno regional.
Las cifras corresponden a ámbitos y periodos de medición diferentes. No deben sumarse ni extrapolarse como si representaran el conjunto de los trabajadores españoles.
La huelga también estuvo marcada por incidentes y detenciones
La jornada no estuvo exenta de episodios de tensión. La agencia EFE informó de que la huelga concluyó con manifestaciones multitudinarias en distintos puntos del país y con alrededor de medio centenar de detenidos por los incidentes registrados durante las movilizaciones.
En Barakaldo, el ataque contra la sede del PP fue uno de los episodios denunciados por las formaciones políticas. También se comunicaron daños y ataques contra otras sedes y locales políticos en el País Vasco.
En Vitoria, el PP denunció pintadas en su oficina después del paso de una columna de GKS. Por su parte, el PNV de Gipuzkoa informó de ataques contra dos batzokis, en Zumaia y San Sebastián.
La existencia de incidentes durante una movilización no permite responsabilizar al conjunto de los manifestantes. La violencia debe investigarse de manera individualizada y los responsables, si son identificados, deben responder por sus actos.
La condena de las agresiones políticas debería situarse al margen de las diferencias ideológicas. El derecho a la huelga y a la manifestación forma parte del sistema democrático, pero no ampara los ataques contra personas, partidos o bienes.
Feijóo conecta la huelga con las elecciones generales del 29N
El calendario electoral explica buena parte del enfrentamiento político. La huelga se celebró el 11 de noviembre, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
Feijóo aprovechó esa proximidad para cuestionar la oportunidad de la convocatoria y acusar a las organizaciones sindicales de utilizarla como herramienta de movilización electoral.
El líder del PP también recordó el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales y cuyo funeral de Estado se celebró el martes 10 de noviembre. A su juicio, la convocatoria sindical no tenía sentido en ese contexto.
Los sindicatos, por su parte, defendieron la huelga por sus reivindicaciones laborales y sociales, entre ellas el acceso a una vivienda digna y la mejora de las condiciones económicas de los trabajadores.
La discusión sobre la convocatoria se ha trasladado así al terreno electoral. El PP cuestiona su finalidad política, mientras que las organizaciones sindicales reivindican su derecho a movilizarse para exigir cambios en las políticas públicas.
La violencia política no puede convertirse en una herramienta de campaña
La agresión denunciada en Barakaldo añade un elemento especialmente grave a una jornada ya marcada por la confrontación política. Dos jóvenes tuvieron que acudir al hospital después de un ataque contra una sede de partido, un hecho que exige investigación y una respuesta judicial si se confirman responsabilidades penales.
El debate sobre el seguimiento de la huelga puede continuar, al igual que las discrepancias sobre las reivindicaciones sindicales. Pero ninguna de esas diferencias justifica la intimidación ni la violencia contra quienes participan en la vida política.
Feijóo ha pedido que sindicatos y partidos condenen expresamente lo sucedido. La respuesta a esa petición será también una prueba de la capacidad de las formaciones políticas y las organizaciones sociales para defender la convivencia democrática.
La huelga del 11N deja un balance discutido y una pregunta que va más allá de las cifras: ¿puede una movilización social defender derechos laborales mientras se toleran agresiones contra quienes piensan diferente?
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