El expediente del inmueble de 6,3 millones contempla zona de trabajo, descanso y alojamiento temporal para autoridades. La primera subasta para venderlo ha quedado desierta tras no recibir ninguna oferta.
La Comunidad de Madrid contemplaba utilizar el polémico ático adquirido por 6,3 millones de euros en Chamberí no solo como espacio de trabajo temporal, sino también como “alojamiento ocasional” para autoridades madrileñas o representantes institucionales de visita oficial.
Así figura en la documentación vinculada al inmueble situado en el paseo del General Martínez Campos, cuya adquisición fue realizada el pasado abril por Planifica Madrid, empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia. El Gobierno regional niega, no obstante, que se comprara como residencia oficial para Isabel Díaz Ayuso.
El asunto ha adquirido una nueva dimensión después de que la subasta convocada para vender la vivienda haya quedado desierta al no presentarse ninguna oferta. El precio de salida se situaba en 6 694 201 euros.
El expediente contemplaba trabajo, descanso y alojamiento
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, explicó que la adquisición se realizó a petición de su departamento para disponer de un inmueble institucional complementario a las sedes oficiales.
Según la memoria del expediente, el espacio debía disponer de una zona de trabajo, un área de descanso y capacidad para servir de “alojamiento ocasional” tanto a autoridades que estuvieran de visita oficial como a miembros de la propia Administración madrileña.
El Gobierno regional sostiene que esta clase de espacios existen en otras administraciones y pueden resultar útiles en circunstancias excepcionales, incluidas situaciones de crisis que requieran largas jornadas de trabajo.
La Comunidad niega que fuera una residencia oficial para Ayuso
García Martín ha insistido en que el inmueble no fue adquirido para convertirse en residencia oficial de la presidenta madrileña.
La versión defendida por el Ejecutivo autonómico es que debía funcionar como un espacio institucional multifuncional y, durante las futuras obras en la Real Casa de Correos, podía utilizarse también como oficina temporal.
Ayuso había descartado anteriormente haber solicitado una residencia oficial y defendió que no la necesitaba.
La presidenta sí visitó posteriormente el inmueble, circunstancia reconocida por la propia Comunidad, aunque el Gobierno regional sostuvo que esa visita se produjo después de la compra.
La subasta queda desierta
La operación vuelve ahora al primer plano porque el intento de vender el ático no ha encontrado comprador.
La Mesa de Contratación de Planifica Madrid propuso declarar desierto el lote correspondiente a General Martínez Campos después de constatar que no se había presentado ninguna oferta.
La Comunidad había fijado un precio de salida próximo a los 6,7 millones de euros, ligeramente superior a los 6,3 millones desembolsados inicialmente.
El resultado significa que, por el momento, el inmueble continúa en manos de la empresa pública.
Sí aparece comprador para otro inmueble de Gran Vía
La misma licitación incluía otro activo inmobiliario situado en Gran Vía.
En ese caso sí se presentó una oferta.
Según la documentación conocida, el inmueble será adjudicado por 11 850 010 euros, mientras que el lote correspondiente al ático de Chamberí deberá quedar pendiente de una nueva decisión de Planifica Madrid.
La diferencia entre ambos resultados refuerza las preguntas sobre cuál será ahora el siguiente paso respecto al ático.
La venta se anunció después de la polémica
La Comunidad decidió poner el inmueble a la venta después de que la operación se hiciera pública y generara una fuerte controversia política.
El Gobierno madrileño anunció que los recursos obtenidos mediante la venta serían destinados a actuaciones vinculadas con la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios del verano.
La ausencia de compradores impide, por ahora, materializar ese ingreso.
Planifica Madrid deberá decidir si convoca una nueva subasta, modifica las condiciones económicas o adopta otra solución patrimonial.
Un informe interno cuestionó la justificación del expediente
La polémica no se limita al uso inicialmente previsto.
Un informe elaborado por la Intervención de la Comunidad de Madrid señaló posteriormente que determinados elementos de la operación no estaban suficientemente desarrollados.
El documento advertía de que deberían haberse explicado con más profundidad cuestiones relacionadas con la necesidad e idoneidad del inmueble, su superficie, la renta, los gastos asociados y la comparación con otras alternativas disponibles.
La Intervención no bloqueó la operación.
Pero sus observaciones han añadido nuevas preguntas al debate sobre cómo se justificó económicamente la adquisición.
La compra está además bajo investigación judicial
El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid abrió en agosto diligencias relacionadas con la compra después de recibir varias denuncias.
La apertura de diligencias no implica que exista delito ni determina responsabilidad alguna, sino que supone que el juzgado examina las circunstancias de la operación.
Entre las denuncias recibidas figuraban las presentadas por una organización, el PSOE y particulares.
El procedimiento judicial continúa separado del debate político y administrativo sobre la compra.
El Gobierno regional prepara también una ofensiva informativa
Tras conocerse nueva documentación del expediente, la Comunidad de Madrid anunció que solicitará rectificaciones por determinadas informaciones difundidas durante las últimas semanas y ha defendido que la publicación íntegra del expediente demuestra el carácter institucional de la operación.
La documentación pública disponible en el Portal de Transparencia incluye actualmente un apartado específico dedicado al inmueble de General Martínez Campos, 35.
El Ejecutivo de Ayuso mantiene que buena parte de las críticas han intentado presentar el ático como una residencia personal para la presidenta, algo que niega.
El debate queda ahora en qué hacer con un inmueble sin comprador
Los hechos documentados dibujan por tanto una situación más precisa.
La Comunidad compró el inmueble por 6,3 millones de euros.
El expediente contemplaba uso institucional, zona de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades.
El Ejecutivo niega que estuviera destinado a convertirse en residencia oficial de Ayuso.
Y la primera subasta convocada para desprenderse del activo ha terminado sin una sola oferta.
La incógnita inmediata es qué hará ahora Planifica Madrid.
Porque mientras no exista comprador, el polémico ático de Chamberí seguirá formando parte del patrimonio público madrileño y continuará abierto el debate sobre por qué se compró, cómo se justificó y cuál debe ser finalmente su destino.
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