La Xunta de Goberno Local de Carballo ha dado luz verde de forma definitiva a un controvertido proyecto de expropiación de terrenos en torno al dolmen de Pedra Moura, en la parroquia de Aldemunde. Una decisión que amplía la superficie afectada hasta 10.856 metros cuadrados y que vuelve a poner sobre la mesa el eterno debate entre protección patrimonial y derechos de propiedad privada.
Lo que el Ayuntamiento defiende como una medida de “conservación y puesta en valor” del yacimiento arqueológico, supone para los propietarios afectados la pérdida de sus terrenos mediante el mecanismo de expropiación forzosa por tasación conjunta, con una compensación total de 41.491,63 euros, incluyendo el conocido 5% de premio de afección.
Una expropiación que crece: más terreno afectado del previsto
El expediente aprobado no solo confirma la intervención municipal, sino que amplía el alcance inicial del proyecto. Según el propio consistorio, la superficie protegida pasa de 7.241 metros cuadrados a 10.856, tras aceptarse alegaciones de varios propietarios.
Estos vecinos solicitaron la expropiación total de sus parcelas, al considerar que la división de sus fincas las dejaba en una situación “antieconómica o inviable para su aprovechamiento”. El equipo redactor dio luz verde a esta petición, lo que ha incrementado notablemente el alcance de la actuación.
En total, el procedimiento afecta a cinco parcelas clasificadas como suelo rústico de especial protección patrimonial (SRPP).
El argumento oficial: utilidad pública y protección del patrimonio
El gobierno local sostiene que la actuación es necesaria para garantizar la conservación del dolmen de Pedra Moura, un yacimiento arqueológico de gran valor histórico.
Con la aprobación definitiva, el expediente declara también la utilidad pública de los terrenos afectados, así como la urgencia de ocupación, lo que acelera los plazos del proceso administrativo.
Además, el Concello ha rechazado una alegación que pedía aumentar el valor del suelo por la presencia del dolmen, argumentando que la tasación debe ajustarse a la normativa del suelo rural y que el yacimiento, como bien patrimonial, forma parte del dominio público.
Tensión entre patrimonio y propiedad privada
La decisión no está exenta de controversia. Desde una perspectiva crítica, el caso reabre el debate sobre hasta qué punto las administraciones pueden imponer expropiaciones en nombre del interés general, especialmente cuando la compensación económica puede considerarse limitada en relación con el valor potencial del suelo o su uso privado.
En este caso, el coste total del proceso —41.491,63 euros— ha generado interrogantes sobre la proporcionalidad del gasto público frente a la intervención sobre propiedades privadas.
El conflicto refleja una tensión recurrente en España: la dificultad de equilibrar la protección del patrimonio histórico con el respeto a la seguridad jurídica de los propietarios, especialmente en zonas rurales donde la actividad económica depende directamente del uso del terreno.
Convocatoria a los propietarios y siguiente paso administrativo
Con el expediente ya aprobado de forma definitiva, los titulares de las fincas han sido convocados para el próximo 21 de mayo, fecha en la que se avanzará en la formalización del proceso de ocupación.
A partir de ese momento, el Concello de Carballo podrá iniciar los trámites para la toma efectiva de los terrenos y la ejecución del proyecto de protección del entorno del dolmen.
Un caso que reabre el debate en Galicia
El caso de Pedra Moura no es aislado. Galicia, con un importante patrimonio megalítico, ha sido escenario recurrente de actuaciones similares, donde la administración prioriza la preservación arqueológica frente a otros usos del suelo.
Sin embargo, episodios como este alimentan una discusión cada vez más presente:
¿Debe el patrimonio justificar cualquier intervención sobre la propiedad privada, incluso cuando el impacto económico es limitado pero el precedente jurídico es amplio?
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