El Gobierno de la ciudad reclama a Pedro Sánchez fechas concretas para desmontar los alojamientos temporales y que el Estado asuma los gastos de la crisis migratoria. Las cuentas de 2027 reservan 4,3 millones para afrontar nuevas necesidades extraordinarias.
Ceuta reclama al Gobierno central un calendario para recuperar la normalidad
Ceuta quiere saber cuándo terminará la emergencia migratoria que condiciona la vida de la ciudad desde los acontecimientos del 30 y 31 de julio de 2026. El Ejecutivo autonómico exige al Gobierno de Pedro Sánchez un calendario concreto para cerrar los campamentos temporales de acogida, desmontar las instalaciones y recuperar los espacios públicos que se han utilizado durante estos meses.
La reclamación llega después de que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunciara que el Gobierno central trabaja para cerrar las plazas extraordinarias «tan pronto como sea posible». Una declaración que, según la consejera ceutí de Hacienda, Kissy Chandiramani, no resuelve las principales incógnitas: cuándo comenzará el desmantelamiento, quién pagará los trabajos y qué ocurrirá con las personas que todavía permanecen alojadas.
La Ciudad Autónoma sostiene que no ha recibido información concreta sobre el calendario ni sobre la coordinación prevista para devolver a su uso habitual las instalaciones afectadas. También reclama que el Estado asuma los gastos de desmontaje, limpieza y reparación, sin trasladar esa factura a los presupuestos locales.
La controversia coincide con la presentación de las cuentas ceutíes para 2027, que ascienden a 448,48 millones de euros y que Chandiramani ha definido como unos «presupuestos de guerra» por la incertidumbre económica y administrativa que sigue rodeando a la crisis.
El anuncio de Elma Saiz no incluye fechas concretas
La ministra Elma Saiz comunicó que el Ejecutivo trabaja para cerrar cuanto antes los recursos temporales habilitados en Ceuta. Sin embargo, el anuncio no vino acompañado de un calendario con fechas de inicio y finalización, ni de un plan detallado para la recuperación de los espacios ocupados.
La ampliación de la capacidad de acogida fue una de las principales consecuencias de la crisis de finales de julio. Según los datos recogidos por EL ESPAÑOL, la capacidad temporal pasó de unas 500 plazas a más de 7.500.
El Gobierno central ha defendido que la situación ha evolucionado favorablemente gracias a los retornos a Marruecos. Saiz cifró en alrededor de 13.000 las personas que habían regresado, lo que permitiría que numerosos procedimientos de retorno ya no necesitaran continuar su tramitación.
No obstante, el Gobierno ceutí considera que el balance de retornos no sustituye a la necesidad de conocer qué ocurrirá con quienes todavía permanecen en los dispositivos.
Chandiramani insiste en que la recuperación de la normalidad exige una planificación conjunta entre el Estado, la Ciudad Autónoma y la Autoridad Portuaria. Sin ese acuerdo, advierte, el cierre podría generar nuevos problemas en las calles, las playas y las barriadas.
La consejera plantea una cuestión especialmente delicada: el desmantelamiento de los campamentos no puede consistir simplemente en retirar las instalaciones y dejar sin alternativa a las personas que continúen alojadas. El Gobierno debe determinar previamente cómo se resolverá cada situación, respetando los procedimientos administrativos y las garantías legales.
Ceuta reclama que el Estado pague la factura de la crisis
La financiación es otro de los principales puntos de fricción entre las dos administraciones.
El Gobierno central aprobó en octubre una subvención extraordinaria de 45,32 millones de euros para sufragar los gastos adicionales derivados de la emergencia migratoria. La partida se distribuye de la siguiente manera:
- 40,67 millones de euros para gastos corrientes.
- 4,65 millones de euros para gastos de capital.
Sin embargo, Chandiramani asegura que, a fecha de la publicación de la información, la Ciudad Autónoma todavía no había recibido ninguna cantidad, pese a que la ayuda ya había sido aprobada.
La consejera señala que existe un compromiso del Ministerio de Hacienda, pero reclama que la financiación se materialice para poder afrontar los gastos extraordinarios que ya han soportado los servicios públicos.
La cantidad de 45,32 millones procede de la estimación económica remitida por Ceuta para cubrir los costes hasta el 31 de diciembre de 2026. Incluye tanto gastos ya generados como previsiones hasta el final del ejercicio.
Pero la Administración local advierte de que esa estimación no refleja todas las consecuencias económicas de la crisis.
Entre los conceptos que no estarían incluidos figuran:
- Los gastos derivados de la atención a menores extranjeros.
- Las pérdidas económicas de la Autoridad Portuaria.
- Los perjuicios sufridos por empresas y trabajadores.
- Los costes posteriores de limpieza, reparación y recuperación de espacios.
- Las necesidades adicionales de seguridad y atención social que puedan mantenerse durante 2027.
Por eso, el Ejecutivo ceutí considera que la subvención es importante, pero no constituye una compensación integral por el impacto de la emergencia.
La consejera también advierte de que, si las necesidades extraordinarias continúan el próximo año, el apoyo financiero estatal tendrá que mantenerse.
Un presupuesto de 448,48 millones para afrontar 2027
La incertidumbre sobre el futuro de los campamentos ha condicionado la elaboración del proyecto de Presupuestos de Ceuta para 2027.
Las cuentas presentadas por Kissy Chandiramani alcanzan los 448,48 millones de euros en términos consolidados, lo que representa un incremento del 5,38 % respecto al ejercicio anterior.
El presupuesto consolidado incorpora las sociedades municipales, los organismos autónomos y las fundaciones de la ciudad. La consejera ha defendido que el documento busca garantizar los servicios públicos, mantener las inversiones y preparar a Ceuta para afrontar posibles nuevas necesidades.
El lema elegido para presentar las cuentas ha sido «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». El Ejecutivo local sitúa entre sus prioridades la protección de los ciudadanos, la recuperación de los barrios y el mantenimiento de la actividad económica.
La denominación de «presupuestos de guerra» responde, según Chandiramani, a las circunstancias excepcionales en las que se han elaborado. No se trata de un presupuesto militar, sino de una referencia política a la situación de emergencia y a la incertidumbre que sigue afectando a la ciudad.
La consejera considera que las cuentas deben permitir mantener la capacidad de actuación municipal incluso si el cierre de los alojamientos temporales se retrasa o si aparecen nuevos gastos durante el próximo ejercicio.
El fondo estratégico «Ceuta no se rinde» contará con 4,3 millones
Una de las principales novedades del proyecto presupuestario es la creación del fondo estratégico «Ceuta no se rinde», dotado con 4,3 millones de euros.
Esta partida permitirá afrontar posibles gastos extraordinarios a partir del 1 de enero de 2027 y financiar proyectos relacionados con la recuperación económica y urbana.
Entre sus posibles destinos figuran:
- La recuperación de playas, montes, zonas verdes y espacios naturales.
- La mejora de barrios e instalaciones afectadas por la emergencia.
- El refuerzo de actuaciones relacionadas con la seguridad fronteriza.
- Proyectos destinados al desarrollo económico, turístico y comercial.
- La cobertura de necesidades extraordinarias que puedan surgir durante el próximo ejercicio.
El fondo pretende ofrecer margen de actuación al Gobierno local ante una situación que todavía no considera completamente resuelta.
La consejera sostiene que Ceuta debe prepararse para distintos escenarios, porque el final de los dispositivos temporales no garantiza que desaparezcan inmediatamente los gastos asociados a la emergencia.
Vivienda, barrios e inversiones: las otras partidas de las cuentas
A pesar del peso de la crisis migratoria, el Ejecutivo ceutí asegura que el presupuesto mantiene inversiones en áreas que considera fundamentales para la vida cotidiana de los residentes.
Entre las principales partidas anunciadas destacan:
- 7,7 millones de euros para el plan de barriadas.
- 12,61 millones de euros para culminar actuaciones del plan de vivienda.
- 34,14 millones de euros de inversiones reales en términos consolidados.
El Gobierno local pretende que las consecuencias de la emergencia no paralicen los proyectos de mejora urbana ni la prestación de servicios esenciales.
La limpieza y la seguridad de los barrios aparecen entre las prioridades destacadas por Chandiramani, que considera necesario recuperar la actividad ordinaria de la ciudad sin abandonar las inversiones previstas.
La presentación de estas cuentas también responde a una necesidad administrativa: disponer de un nuevo presupuesto permitirá actualizar gastos de personal, ejecutar inversiones, realizar transferencias a sociedades municipales y revisar determinados contratos y subvenciones.
El cierre de los campamentos no significa el final de la emergencia
El Gobierno ceutí advierte de que la retirada de las instalaciones temporales no resolverá automáticamente todos los problemas derivados de la crisis.
La limpieza de los terrenos, la reparación de los espacios, la protección de la salud pública y la atención social pueden prolongarse durante meses. También habrá que determinar qué ocurre con las personas que sigan en los dispositivos cuando se inicie el desmantelamiento.
Chandiramani cuestiona que pueda hablarse de una normalización completa sin conocer el destino de las miles de personas que han ocupado las plazas extraordinarias.
La consejera ha puesto el foco en la cifra de aproximadamente 7.700 personas que, según sus declaraciones recogidas por EL ESPAÑOL, todavía estarían ocupando plazas de los dispositivos. Esta referencia debe entenderse como la situación descrita por la responsable autonómica, no como un recuento independiente actualizado de residentes en cada instalación.
El Gobierno central, por su parte, ha destacado los retornos voluntarios y las actuaciones realizadas para recuperar espacios públicos. La diferencia entre ambas posiciones se encuentra en el grado de información y planificación que cada Administración considera necesario para dar por superada la emergencia.
La crisis de julio también ha abierto un conflicto institucional
Las discrepancias sobre el cierre de los campamentos se suman a las diferencias que ya existían entre el Gobierno de Ceuta y el Ejecutivo central sobre la gestión de los procedimientos migratorios.
El 21 de octubre, EL ESPAÑOL informó de que Moncloa había respondido al requerimiento del Gobierno de Juan Jesús Vivas sin fijar un calendario concreto para las devoluciones pendientes.
Según aquella información, la respuesta del ministro Ángel Víctor Torres llegó después del plazo que reclamaba la Ciudad y consistió en un documento de 63 páginas con un balance de las actuaciones realizadas.
El Gobierno central defendió que había puesto en marcha procedimientos y desplegado recursos policiales, militares, sanitarios y de acogida. Sin embargo, la Administración ceutí consideró que la contestación no resolvía su principal demanda: conocer el estado de los expedientes y los plazos previstos para las salidas.
El balance recogido entonces incluía 12.142 retornos voluntarios a Marruecos entre el 10 de agosto y el 18 de octubre, además de 563 expulsiones vinculadas a delitos o infracciones.
La Ciudad también cuestionó la falta de información individualizada sobre los procedimientos pendientes y señaló que, hasta la fecha del documento, ningún menor no acompañado había podido ser reagrupado con su familia en Marruecos.
El desacuerdo tiene una dimensión jurídica. El Ejecutivo de Vivas ha estudiado recurrir a los tribunales si considera insuficiente la respuesta estatal. La Administración central, por su parte, sostiene que los procedimientos deben respetar los plazos y las garantías establecidos por la legislación de extranjería y protección internacional.
El Estado aprobó medidas financieras extraordinarias para Ceuta
La ayuda de 45,32 millones no es una mera promesa política: está recogida en el Real Decreto-ley 30/2026, de 13 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado.
La norma contempla medidas extraordinarias y urgentes de apoyo financiero a la Ciudad Autónoma para atender los gastos derivados de la crisis migratoria iniciada el 31 de julio.
Además de las subvenciones, el texto establece un tratamiento diferenciado de los gastos extraordinarios a efectos de las reglas fiscales y contempla excepciones a determinadas obligaciones de estabilidad presupuestaria durante 2026 y 2027.
El objetivo declarado de estas medidas es permitir que Ceuta mantenga el funcionamiento de los servicios públicos y atienda las necesidades extraordinarias sin que la emergencia provoque automáticamente nuevas obligaciones de ajuste financiero.
La norma identifica ámbitos como medio ambiente, servicios sociales, salud pública, educación, seguridad, protección civil y emergencias, entre otros.
Este respaldo legal resulta relevante porque reconoce oficialmente que la crisis ha generado necesidades presupuestarias excepcionales. La discusión actual se centra en la ejecución efectiva de la financiación, la suficiencia de las cantidades y la continuidad del apoyo si los gastos se prolongan.
Ceuta pide que la recuperación de la normalidad tenga garantías
La Ciudad Autónoma quiere que el cierre de los alojamientos temporales vaya acompañado de un plan que permita recuperar los espacios ocupados y evitar que los problemas de gestión se trasladen a las calles y barriadas.
La reclamación incluye tres exigencias principales: un calendario de cierre, financiación estatal para los gastos extraordinarios y una solución administrativa para las personas que todavía permanezcan alojadas.
También reclama mecanismos de protección fronteriza que permitan responder ante posibles nuevas emergencias.
El Ejecutivo local considera que el final de 2026 debe marcar una transición hacia la normalidad, aunque admite que no hay garantías de que todos los gastos extraordinarios desaparezcan con el cambio de año.
La cuestión que sigue sin respuesta concreta es cuándo se desmontarán los campamentos y quién asumirá cada coste. Mientras el Gobierno central habla de cerrar los dispositivos «tan pronto como sea posible», Ceuta exige fechas, compromisos económicos y coordinación institucional.
La recuperación de la normalidad no dependerá únicamente de retirar las instalaciones: también exigirá resolver los expedientes pendientes, atender a las personas que permanezcan en los recursos y devolver a los vecinos los espacios afectados.
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