La Xunta destinará 588 millones de euros a vivienda en 2027 y priorizará a quienes lleven más tiempo inscritos. El plan mantiene reservas para jóvenes y familias y duplica los fondos para construir vivienda pública.
La Xunta de Galicia quiere cambiar los criterios de acceso a parte de su vivienda protegida para dar prioridad a quienes llevan años esperando una solución habitacional. A partir de 2027, el 20 % de las nuevas viviendas públicas se reservará a personas que acumulen más de cinco años inscritas en el registro de demandantes.
La medida forma parte de los presupuestos de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que alcanzarán los 588 millones de euros en 2027, un 5 % más que en el ejercicio anterior. La conselleira, María Martínez Allegue, presentó las principales líneas de actuación y defendió que el nuevo sistema permitirá reforzar los criterios de acceso y atender a quienes llevan más tiempo esperando.
El plan mantiene también las reservas específicas para jóvenes y familias con hijos, aumenta los recursos destinados a construir vivienda pública y contempla nuevas medidas fiscales y urbanísticas. La cuestión decisiva será comprobar si el incremento presupuestario y las promociones anunciadas se traducen en viviendas terminadas y disponibles para los ciudadanos.
El 20 % de las nuevas viviendas públicas tendrá prioridad para los demandantes más antiguos
La principal novedad anunciada por la Xunta consiste en reservar una de cada cinco nuevas viviendas públicas a personas que lleven más de cinco años inscritas como demandantes de vivienda.
El objetivo declarado por el Gobierno gallego es reforzar el criterio de antigüedad en las adjudicaciones y reconocer la situación de quienes llevan un periodo prolongado esperando una vivienda asequible.
La medida comenzará a aplicarse a partir de 2027 y se incorporará al conjunto de criterios de acceso a las nuevas promociones públicas.
Este cambio puede beneficiar a solicitantes que llevan años esperando una adjudicación, aunque su aplicación dependerá de las condiciones concretas de los procedimientos y de que los interesados cumplan el resto de requisitos establecidos.
La reserva del 20 % no significa que todas las viviendas públicas vayan a adjudicarse exclusivamente por antigüedad. Se trata de un cupo específico que convivirá con otras reservas y criterios de acceso.
Se mantienen las reservas para jóvenes y familias con hijos
La Xunta ha confirmado que continuará aplicando las reservas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda protegida a determinados grupos de población.
En las viviendas protegidas destinadas a la compra se mantienen:
- El 25 % de las viviendas para menores de 36 años.
- El 30 % para personas de entre 36 y 45 años con hijos.
En el caso del alquiler, se conserva una reserva del 40 % de las viviendas para jóvenes.
El Gobierno gallego pretende combinar así la prioridad por antigüedad con medidas específicas para colectivos que encuentran dificultades para acceder al mercado residencial.
También se mantienen los límites de ingresos anunciados para acceder a estas viviendas: hasta cuatro veces el IPREM, con una ampliación a 4,5 veces en el caso de familias numerosas. La información facilitada sitúa esas cantidades en una horquilla aproximada de entre 2 400 y 2 700 euros mensuales.
La aplicación de estos límites deberá ajustarse a las condiciones de cada convocatoria y a los valores oficiales del IPREM correspondientes.
326 millones para construir nuevas viviendas públicas
Uno de los principales compromisos presupuestarios es el aumento de los fondos destinados a levantar vivienda de promoción pública.
La Consellería reservará 326 millones de euros en 2027 para la construcción de nuevas viviendas públicas, el doble de la cantidad consignada el año anterior.
La Xunta mantiene el objetivo de alcanzar 8 000 viviendas públicas en 2028. Según los datos presentados por Allegue, actualmente cuenta con 4 670 viviendas y otras 1 900 se encuentran en construcción.
La diferencia entre las unidades existentes y la meta fijada obliga a acelerar los proyectos y garantizar que las promociones pendientes avancen conforme al calendario previsto.
El anuncio presupuestario supone un aumento de recursos, pero el resultado dependerá de factores como la disponibilidad de suelo, los procedimientos administrativos, la contratación de las obras y la capacidad del sector de la construcción para ejecutar las promociones.
El reto no será únicamente anunciar más inversión, sino conseguir que las viviendas estén terminadas y puedan adjudicarse a quienes las necesitan.
Galicia calcula que dispone de suelo para 25 000 nuevas viviendas
La planificación urbanística constituye otro de los ejes del programa para 2027. La Xunta calcula que podrá disponer de suelo suficiente para desarrollar 25 000 nuevas viviendas, de las cuales al menos 20 000 tendrían algún tipo de protección pública.
Para impulsar ese desarrollo, el presupuesto destinado a terrenos residenciales se duplicará hasta alcanzar los 37,5 millones de euros.
La Consellería también prevé destinar 27 millones de euros a la promoción de vivienda protegida en suelo público y privado. Dentro de esta partida se incluye una línea de ayudas a los ayuntamientos dotada con siete millones de euros, que permitirá financiar hasta 80 000 euros por vivienda pública, según el programa anunciado.
La colaboración municipal será relevante para ampliar la oferta. Los ayuntamientos pueden desempeñar un papel decisivo mediante la puesta a disposición de terrenos, la promoción de proyectos y la agilización de los trámites urbanísticos.
Sin embargo, disponer de suelo urbanizable no equivale a contar inmediatamente con viviendas disponibles. Será necesario completar los procedimientos de planificación, financiación, licitación y construcción.
Deducción del 100 % del ITP para vivienda protegida
El paquete anunciado incluye también medidas fiscales destinadas a facilitar el acceso a la vivienda protegida.
La Xunta prevé incorporar una deducción del 100 % en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) para la vivienda protegida, una medida que busca reducir los costes asociados a la adquisición de estos inmuebles.
El Ejecutivo autonómico pretende, además, prorrogar hasta 2030 varias medidas extraordinarias para facilitar la creación de vivienda.
Entre ellas figuran:
- La posibilidad de destinar terrenos dotacionales a vivienda protegida sin necesidad de modificar la planificación urbanística.
- La promoción municipal de proyectos de interés autonómico cuando al menos el 80 % de las viviendas resultantes tenga protección pública.
- La conversión de edificios bajos en viviendas.
- La posibilidad de terminar estructuras de edificios que quedaron sin finalizar.
Estas medidas buscan ampliar las alternativas para generar vivienda protegida y aprovechar terrenos o construcciones que, de otro modo, podrían permanecer sin uso residencial.
Su impacto dependerá de la aplicación práctica, de las condiciones urbanísticas y de la capacidad de las administraciones para convertir estas posibilidades legales en promociones reales.
71 millones para ayudas al alquiler y la compra
Los presupuestos de 2027 reservarán 71 millones de euros para programas de ayuda a la vivienda, con medidas dirigidas tanto al alquiler como a la adquisición de una primera residencia.
La Xunta mantendrá el Bono de Alquiler Social y aumentará en 50 euros mensuales la ayuda al alquiler para jóvenes, hasta alcanzar los 300 euros al mes.
También destinará 2,8 millones de euros a movilizar viviendas vacías, con el objetivo de incorporarlas al mercado residencial y ampliar la oferta disponible.
Otra de las novedades será la ampliación hasta los 46 años de la edad máxima para acceder a los avales públicos destinados a la compra de la primera vivienda.
La medida amplía el grupo de personas que puede beneficiarse de este respaldo financiero, aunque el acceso efectivo dependerá de las condiciones que establezca el programa.
A estas actuaciones se sumarán más de 30 millones de euros para rehabilitación de viviendas, edificios, centros urbanos y áreas de especial interés.
La Xunta quiere garantizar la protección permanente de las viviendas públicas
María Martínez Allegue anunció también una nueva medida para 2027 relacionada con las viviendas que pertenecen a administraciones públicas o empresas públicas, entre ellas Casa 47.
La propuesta consiste en calificarlas como viviendas protegidas para garantizar su protección permanente y mantener condiciones de precio asequible.
Según explicó la conselleira, el sistema incluirá la indemnización a través del Registro de Reclamantes de Vivienda. La finalidad declarada es evitar que los inmuebles públicos pierdan su condición asequible y asegurar que sigan destinados a responder a necesidades residenciales.
La información de partida no detalla el procedimiento jurídico completo ni las condiciones concretas de esa indemnización. Estos aspectos deberán precisarse en el desarrollo normativo y en las disposiciones que regulen su aplicación.
El gran desafío: convertir el presupuesto en viviendas disponibles
El programa de la Xunta combina nuevas reservas de adjudicación, más inversión en construcción, desarrollo de suelo, ayudas al alquiler y medidas fiscales. El objetivo es ampliar el parque público y facilitar el acceso a una vivienda a colectivos que encuentran dificultades en el mercado.
Las cifras anunciadas son relevantes: 588 millones de euros de presupuesto, 326 millones para nuevas promociones, suelo previsto para 25 000 viviendas y una meta de 8 000 viviendas públicas en 2028.
Pero los compromisos presupuestarios y las previsiones de suelo no equivalen a viviendas terminadas. Para medir los resultados será necesario conocer cuántas promociones se licitan, cuántas obras comienzan, cuántos inmuebles se entregan y cuánto tiempo transcurre entre la inscripción como demandante y la adjudicación.
La reserva del 20 % para quienes llevan más de cinco años esperando introduce un criterio de prioridad que puede aliviar la situación de algunos solicitantes. Su eficacia dependerá de que aumente realmente la oferta y de que los procedimientos de adjudicación sean transparentes.
Galicia anuncia más recursos y nuevas prioridades para la vivienda pública. Ahora tendrá que demostrar que ese esfuerzo presupuestario se traduce en hogares disponibles y en una reducción efectiva de los tiempos de espera.
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