El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la instalación de boyas en el espigón frontal de Ceuta con el objetivo de marcar visualmente la frontera marítima con Marruecos. Esta medida busca facilitar el retorno exprés de personas que crucen irregularmente esa frontera por vía marítima.
El anuncio se produce tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar devoluciones inmediatas en el mar debido a la ausencia de una línea fronteriza física claramente identificable, como sí ocurre en el paso terrestre. La colocación de estas boyas permitirá establecer un límite visible a partir del cual se considerará que una persona ha entrado en territorio español.
Inicialmente, esta delimitación facilitará que quienes sean interceptados antes de rebasar la barrera visual puedan ser devueltos a Marruecos de inmediato, agilizando así los procesos de repatriación. La iniciativa responde a la necesidad de adaptar los procedimientos a la resolución judicial y busca evitar que las personas que acceden irregularmente por esta vía permanezcan en territorio español sin tramitación rápida de su situación.
Este viernes, tras participar en una reunión de coordinación en Ceuta con autoridades locales y nacionales, Sánchez explicó que la medida pretende mejorar la gestión de la frontera marítima para prevenir entradas no autorizadas y ordenar los retornos de forma más eficiente.
El Gobierno español vincula parte del control fronterizo con las actividades de organizaciones dedicadas al tráfico de personas, que aprovechan las circunstancias judiciales para fomentar cruces por el espigón.
Se prevé que esta solución entre en funcionamiento próximamente, aunque los detalles técnicos y el calendario exacto de instalación no han sido especificados aún.
Contexto y detalles
La frontera marítima entre Ceuta y Marruecos no cuenta con una señalización física clara como la frontera terrestre, lo que dificulta la aplicación efectiva de devoluciones inmediatas previstas en los procedimientos de control migratorio. La sentencia del Tribunal Supremo ha subrayado esta dificultad jurídica, que el Ejecutivo aborda con la instalación de una barrera visual mediante boyas.


