Crecimiento del PIB y Emisiones: Un Análisis Global
Un reciente informe de la Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU) revela que entre 2015 y 2023, las economías que representan el 92% del producto interno bruto (PIB) mundial han logrado desacoplar sus emisiones de CO₂ del crecimiento económico. Este hallazgo desafía la noción de que el crecimiento siempre está ligado al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El informe, presentado en el marco del décimo aniversario del Acuerdo de París, concluyó que el desacople se presenta tanto de forma absoluta (reduciendo emisiones mientras crecen) como relativa (aumentando emisiones a un ritmo menor que el crecimiento de la economía). La investigación incluyó 113 países que abarcan más del 97% del PIB y 93% de las emisiones globales.
Durante este periodo, el porcentaje de PIB generado por economías que han alcanzado un desacople absoluto ha aumentado, pasando del 38% al 46%. En cuanto a las naciones que experimentan un desacople relativo, la cifra se ha incrementado de 35 a 40 países. Entre estos se incluyen naciones de América Latina, así como la mayoría de los países de la Unión Europea y Estados Unidos.
Este fenómeno pone en entredicho la premisa tradicional que sugiere que el crecimiento debe ser frenado mediante políticas rigurosas para reducir las emisiones. La evidencia apunta a que la innovación tecnológica y la mejora de la eficiencia energética están permitiendo que el crecimiento económico ocurra con menores emisiones de carbono. Actualmente, el 46% de cada 100 euros generados proviene de economías en esta situación de desacople absoluto.
A pesar de críticas hacia políticas climáticas intervencionistas, los datos reflejan que muchas economías del mundo ya están desacoplando eficazmente las emisiones del crecimiento. Esto sugiere un cambio hacia políticas climáticas que prioricen la innovación y la eficiencia energética, en lugar de la mera regulación.
Por último, el informe también sugiere que se debe considerar el coste de las políticas medioambientales actuales, las cuales en algunos escenarios, como el propuesto por las autoridades europeas, podrían alcanzar hasta 80 000 euros por familia a largo plazo.