El Ministerio Público rechaza expulsar de la causa el informe policial que investiga un supuesto pago de 200 000 euros al expresidente por sus gestiones ante autoridades bolivianas.
La Fiscalía se opone a apartar el informe sobre Zapatero
La investigación judicial sobre José Luis Rodríguez Zapatero suma un nuevo capítulo. La Fiscalía se ha opuesto al recurso presentado por el expresidente para sacar del procedimiento un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) relativo a sus actividades en Bolivia.
El documento policial analiza un supuesto pago de 200 000 euros recibido por Zapatero de Focus Social Research, una sociedad vinculada a un grupo empresarial peruano, en relación con gestiones realizadas ante autoridades bolivianas.
La defensa del expresidente sostiene que esas actuaciones quedan fuera del objeto original del llamado caso Plus Ultra y que la Policía habría realizado una investigación prospectiva sobre sus actividades privadas.
La Fiscalía mantiene una posición diferente. En su escrito considera que los hechos descubiertos presentan una “incuestionable conexidad tanto sustantiva como procesal” con la investigación que ya estaba abierta.
El origen de la disputa: 200 000 euros y Bolivia
El informe de la UDEF, elaborado en junio y posteriormente incorporado a la causa, sostiene que Zapatero recibió 200 000 euros entre 2024 y 2025 por unos servicios que los investigadores relacionan con labores de intermediación ante las autoridades de Bolivia.
Según la investigación policial, el destinatario final de esas gestiones habría sido el Grupo Gloria, conglomerado empresarial peruano que mantenía importantes litigios en Bolivia.
La UDEF sostiene que el pago se habría canalizado mediante Focus Social Research y que la documentación analizada apunta a una actividad de intermediación e influencia en beneficio del grupo empresarial.
La investigación policial sostiene además que el supuesto trabajo de consultoría no guardaría una correspondencia clara con la actividad de la sociedad que efectuó los pagos.
Es importante precisar que se trata de conclusiones e indicios recogidos en un informe policial, no de hechos declarados probados judicialmente.
El caso conecta con los negocios del Grupo Gloria en Bolivia
El informe de la UDEF sitúa las gestiones de Zapatero en el contexto de varios conflictos empresariales del Grupo Gloria en Bolivia.
Una de sus sociedades, Soboce —Sociedad Boliviana de Cementos—, había sido condenada a pagar alrededor de 107 millones de dólares, unos 93 millones de euros, por un litigio relacionado con competencia desleal.
Los investigadores consideran que los contactos mantenidos por Zapatero con responsables políticos y administrativos bolivianos deben analizarse dentro de ese contexto.
Entre las autoridades mencionadas en la documentación policial aparecen el entonces presidente boliviano Luis Arce, además de responsables de los ministerios de Economía y Justicia y el procurador general del Estado.
La UDEF examinó también comunicaciones, reuniones y documentación obtenida durante la investigación principal.
La Fiscalía ve conexión con el caso Plus Ultra
Este es uno de los puntos jurídicos fundamentales.
La investigación que afecta a Zapatero comenzó alrededor de las circunstancias del rescate público de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros durante la pandemia.
La Fiscalía considera que las operaciones investigadas en Bolivia no constituyen un asunto completamente independiente.
Según el Ministerio Público, existe un elemento común: la investigación de posibles actividades de intermediación e influencia con un beneficio económico para Zapatero.
En el caso Plus Ultra, la Fiscalía investiga el supuesto beneficio económico obtenido a través de la sociedad Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez Martínez.
En el caso de Bolivia, el supuesto beneficio habría consistido, según la investigación, en pagos directos a las cuentas de Zapatero.
La Fiscalía considera que ambas líneas presentan una conexión suficiente para permanecer dentro de la misma instrucción.
Zapatero sostiene que la UDEF se extralimitó
La defensa del expresidente plantea exactamente la cuestión contraria.
Los abogados de Zapatero sostienen que la Policía habría utilizado información financiera obtenida durante la investigación para abrir una nueva línea de pesquisas sobre actividades profesionales que no formaban parte del objeto inicial de la causa.
El recurso presentado ante la Audiencia Nacional habla de una “investigación general” y de una “indagación prospectiva”.
La defensa argumenta además que el análisis de la información bancaria habría afectado al derecho de Zapatero a la intimidad económica.
Según el recurso, la UDEF habría analizado 174 transferencias correspondientes a los movimientos de sus cuentas durante un periodo de cinco años.
La defensa considera que ese examen excedió los límites establecidos por la autorización judicial existente en aquel momento.
La Fiscalía rechaza que se “encorsete” la investigación
El Ministerio Público considera que los argumentos de la defensa no justifican eliminar el informe policial.
La fiscal Elena Lorente sostiene que los hallazgos relacionados con Bolivia ya tenían conexión con una línea de investigación existente y que las diligencias posteriores permitieron profundizar en ella.
La Fiscalía ha advertido de que no puede “encorsetarse” la instrucción hasta el punto de impedir investigar nuevos hechos que aparezcan relacionados con el objeto de la causa.
El debate, por tanto, no se centra únicamente en si Zapatero recibió los 200 000 euros, cuestión que aparece documentada en los informes policiales, sino también en cómo obtuvo la Policía la información y si estaba legalmente habilitada para utilizarla dentro de esta investigación.
El juez ya había rechazado la primera petición
La batalla procesal no empieza ahora.
La defensa de Zapatero ya había intentado anteriormente que el informe sobre Bolivia quedara fuera del procedimiento. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazó esa pretensión.
Tras esa decisión, la defensa presentó un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía se ha pronunciado ahora contra ese segundo intento de excluir la investigación.
Por tanto, la controversia todavía no está definitivamente resuelta: corresponde a la Audiencia Nacional decidir sobre el recurso presentado por el expresidente.
Qué dice exactamente la investigación policial
El informe de la UDEF contiene varias líneas de investigación sobre las actividades de Zapatero.
Los agentes sostienen que los contactos mantenidos con autoridades bolivianas y los pagos recibidos presentan elementos compatibles con una dinámica de intermediación e influencias.
El informe llegó incluso a plantear la existencia de indicios de una posible “organización criminal” alrededor de determinadas actividades de intermediación, aunque esta es una valoración contenida en un documento policial y no equivale a una condena ni a una declaración judicial de culpabilidad.
La defensa del expresidente rechaza esa interpretación y sostiene que sus actividades profesionales en Bolivia correspondían a trabajos legítimos de consultoría.
La versión de Zapatero: consultoría legal
El entorno del expresidente ha defendido que los 200 000 euros correspondían a una actividad profesional de consultoría.
Fuentes próximas a Zapatero han rechazado que existiera una actividad ilícita de intermediación y han calificado de “inaceptable” una investigación prospectiva sobre su actividad profesional.
La defensa también sostiene que el hecho de que Zapatero mantuviera contactos con autoridades bolivianas no demuestra por sí mismo la existencia de un delito.
La cuestión deberá determinarse dentro del procedimiento judicial y no únicamente a partir de las conclusiones policiales o de las acusaciones de las partes.
La investigación entra en una fase especialmente delicada
La decisión que adopte la Audiencia Nacional tendrá importancia porque determinará qué información puede continuar dentro de la causa.
Si el tribunal mantiene el informe, las pesquisas sobre los pagos y las gestiones de Bolivia seguirán formando parte del procedimiento.
Si, por el contrario, considera que la información fue obtenida o utilizada fuera de los límites legales de la investigación, podría excluir determinados elementos probatorios.
La discusión sobre la validez del informe de la UDEF es, por tanto, tan importante como el contenido del propio documento.
Un expresidente bajo investigación por tráfico de influencias
Zapatero está investigado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de tráfico de influencias dentro del denominado caso Plus Ultra.
La investigación original estaba centrada en las circunstancias que rodearon el rescate público de la aerolínea durante la pandemia.
El informe sobre Bolivia ha ampliado el foco de las pesquisas y ha llevado a examinar operaciones realizadas por el expresidente fuera de España.
La Fiscalía considera que ambas líneas pueden investigarse conjuntamente porque existe una conexión suficiente entre ellas.
La defensa, por el contrario, intenta limitar el procedimiento al objeto inicial de la investigación y evitar que el caso se convierta en una revisión general de la actividad profesional de Zapatero.
Qué está probado y qué sigue siendo una hipótesis
En una investigación de estas características es fundamental distinguir entre los hechos documentados y las conclusiones todavía sometidas a examen judicial.
Está documentado que:
- La UDEF elaboró un informe sobre las actividades de Zapatero en Bolivia.
- El informe analiza pagos por un total de 200 000 euros.
- Los pagos aparecen vinculados a Focus Social Research.
- La investigación relaciona esas operaciones con gestiones realizadas ante autoridades bolivianas.
- Zapatero ha solicitado que el informe sea excluido de la causa.
- El juez Calama rechazó inicialmente esa petición.
- La Fiscalía se ha opuesto ahora al recurso presentado ante la Audiencia Nacional.
Sigue siendo objeto de investigación y debate judicial si esos pagos constituyeron una contraprestación por tráfico de influencias, si las gestiones realizadas tuvieron carácter ilícito y si la obtención y utilización de la información bancaria se ajustó a las garantías procesales.
Esa distinción será determinante para el futuro del procedimiento.
La decisión queda ahora en manos de la Audiencia Nacional
La Fiscalía ya ha fijado su posición: el informe de la UDEF debe permanecer en la causa porque, a su juicio, existe una conexión suficiente entre las actividades investigadas en Bolivia y el resto de las pesquisas.
Zapatero sostiene lo contrario y reclama que esa parte del procedimiento sea anulada.
La última palabra sobre esta disputa procesal corresponderá a la Audiencia Nacional.
Mientras tanto, el caso mantiene abierto un interrogante sobre la actividad profesional del expresidente y sobre el alcance que puede tener una investigación judicial cuando, durante el análisis de una causa, aparecen indicios relacionados con otras operaciones.
El dato central permanece sobre la mesa: la UDEF investiga 200 000 euros recibidos por Zapatero y los vincula a gestiones realizadas ante autoridades de Bolivia en beneficio de un grupo empresarial peruano. La Fiscalía considera que esos hechos están conectados con la investigación por tráfico de influencias; la defensa sostiene que se trata de una ampliación ilegítima de las pesquisas.
Será la Justicia la que determine qué valor tienen esos indicios y si la investigación policial se realizó dentro de los límites legales.
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