La política social del Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha suscitado interrogantes sobre el acceso de los jóvenes a esta prestación económica. El IMV es una ayuda no contributiva diseñada para garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas en situación de vulnerabilidad económica.
Aprobado en mayo de 2020 en pleno contexto de la pandemia, el IMV está destinado a ciudadanos entre 23 y 65 años y, en ciertos casos, a personas de tan solo 18 años que tengan menores a su cargo. Según la normativa, las personas de al menos 23 años pueden ser beneficiarios del IMV incluso si comparten vivienda con familiares, siempre que cumplan con ciertos requisitos, como no estar casados o no formar parte de otra unidad de convivencia.
Para que un joven pueda solicitar esta ayuda, es necesario que haya residido de forma legal en España y vivido de manera independiente durante al menos los dos años previos a la solicitud. Las personas mayores de 30 años que apliquen deben demostrar que no han cohabitado con sus padres en el último año, salvo en caso de fallecimiento de los progenitores.
Con el incremento del número de beneficiarios del IMV, que alcanzó cerca de 3,4 millones desde su implementación, la comunidad joven representa un porcentaje significativo. La edad media de los beneficiarios es de 28,4 años, lo que refleja la creciente dependencia de los subsidios por parte de los jóvenes en el contexto socioeconómico actual. Sin embargo, muchos jóvenes han expresado que prefieren oportunidades de empleo reales en lugar de depender de prestaciones sociales.
Recientemente, la revalorización del IMV y las pensiones no contributivas ha sido aprobada con un incremento del 11,4 % para el año 2026, lo cual se espera que impacte en la situación económica de muchos hogares.