La UCO investiga el origen del dinero con el que Andrea de la Torre compró un inmueble en Vallecas después de que Ábalos buscara financiación para ella.
La investigación sobre el entorno de José Luis Ábalos vuelve a poner el foco sobre una operación inmobiliaria de 125 000 euros en el Ensanche de Vallecas. La Audiencia Nacional trata de determinar si el inmueble adquirido por su pareja, Andrea de la Torre, pudo financiarse con dinero procedente de presuntas comisiones ilícitas vinculadas al caso Koldo.
La operación policial desarrollada este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del juez Ismael Moreno y con participación de la Fiscalía Anticorrupción, ha abierto una nueva pieza secreta relacionada con presuntas irregularidades en contratos de obra pública y posibles operaciones de blanqueo de capitales.
Entre los detenidos se encontraba De la Torre, además de Cristian Corvillo, antiguo chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017, y su hermano Rubén. Los seis arrestados quedaron en libertad después de practicarse las diligencias, aunque la investigación judicial continúa.
El piso de Vallecas, en el centro de las pesquisas
La operación inmobiliaria que ahora examinan los investigadores se remonta al 19 de abril de 2024. Ese día, Andrea de la Torre adquirió un loft de uso industrial y una plaza de garaje en el Ensanche de Vallecas, concretamente en la calle Cerro del Murmullo, por un importe total de 125 000 euros.
La compra se realizó después de que la trama Koldo ya hubiera salido a la luz y se hubieran producido las primeras detenciones relacionadas con la investigación.
Según la información incorporada a las pesquisas, la operación se abonó mediante 7 500 euros entregados previamente en concepto de arras y un cheque bancario de 117 500 euros.
Precisamente el origen de ese dinero es uno de los elementos que los investigadores pretenden esclarecer.
La cuestión no es únicamente quién aparece formalmente como comprador. La UCO analiza de dónde procedieron los fondos, quién pudo intervenir en la obtención del dinero y si existió alguna relación entre esa adquisición y las presuntas comisiones que se investigan alrededor de Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.
Ábalos buscó financiación para Andrea meses antes
Uno de los elementos que ha llamado la atención de los investigadores se encuentra varios meses antes de la compra.
En noviembre de 2023, José Luis Ábalos pidió a Koldo García que realizara gestiones para conseguir una financiación de aproximadamente 130 000 euros para Andrea. Según los informes de la UCO, el entonces exministro se ofreció a actuar como interlocutor con una entidad bancaria.
La financiación finalmente no salió adelante.
La operación terminó cerrándose sin hipoteca y con el pago mediante el cheque bancario de 117 500 euros, además de las arras abonadas anteriormente. La procedencia de los fondos empleados para completar la adquisición forma ahora parte de las diligencias.
Este punto resulta especialmente relevante porque establece una secuencia temporal concreta:
- Noviembre de 2023: Ábalos pide a Koldo ayuda para conseguir unos 130 000 euros destinados a Andrea.
- Abril de 2024: De la Torre compra el inmueble por 125 000 euros.
- La adquisición se completa sin la hipoteca inicialmente buscada.
- La UCO analiza posteriormente el origen del dinero utilizado para pagar la operación.
La secuencia, por sí sola, no demuestra que el dinero procediera de una actividad delictiva. Precisamente eso es lo que la investigación judicial pretende determinar.
La versión de Andrea de la Torre
Andrea de la Torre ha rechazado públicamente que Koldo García interviniera en la compra del inmueble y ha defendido que la adquisición contó con ayuda familiar.
Esa explicación queda ahora bajo el escrutinio de los investigadores, que deberán determinar documentalmente el origen de los fondos y reconstruir el recorrido del dinero utilizado en la operación.
La diferencia entre una explicación familiar legítima y una eventual utilización de fondos procedentes de actividades ilícitas dependerá de la documentación bancaria, patrimonial y fiscal que pueda obtener la investigación.
Por el momento, la existencia de una investigación por presunto blanqueo no equivale a una condena ni acredita por sí misma el origen ilícito del dinero.
Una conversación de 2022 adquiere ahora especial relevancia
La operación inmobiliaria también ha cobrado interés por unas conversaciones de septiembre de 2022 conocidas a través de la investigación de la UCO.
Según El Español, Andrea de la Torre discutió entonces con Ábalos y le reclamó que no la expulsara de la vivienda que compartían hasta que dispusiera de un piso. En uno de los mensajes llegó a advertirle de que podría denunciarle. Las conversaciones fueron posteriormente remitidas por Ábalos a Koldo García y aparecieron entre los dispositivos incautados al antiguo asesor.
La referencia a la necesidad de disponer de una vivienda se produjo aproximadamente un año y medio antes de la compra del inmueble de Vallecas.
Los investigadores deberán determinar si existe alguna conexión jurídica o económica entre aquellas conversaciones y la adquisición posterior.
Conviene, no obstante, evitar convertir esa coincidencia temporal en una conclusión. Una conversación de pareja y una compra inmobiliaria posterior no prueban por sí mismas una operación de blanqueo. La conexión que pueda existir debe establecerse mediante pruebas económicas y documentales.
La operación de la UCO se extiende a varios puntos de España
La investigación dirigida por el juez Ismael Moreno no se limita al inmueble.
La operación policial desplegada este jueves afectó a Madrid, Valencia, Sevilla y Córdoba y se centró en una pieza que permanece bajo secreto judicial.
La UCO también ha solicitado documentación relacionada con adjudicaciones de ADIF Alta Velocidad y con la constructora Azvi, dentro de las pesquisas sobre posibles irregularidades en contratos de obra pública.
El alcance de las diligencias apunta, por tanto, a una investigación más amplia que una operación patrimonial aislada.
El objetivo es determinar si existió una estructura capaz de canalizar dinero procedente de presuntas comisiones ilegales y, posteriormente, introducir esos fondos en operaciones aparentemente legales.
Ahí es donde aparece el posible delito de blanqueo de capitales que se atribuye provisionalmente a la investigación sobre De la Torre.
El exchofer de Pedro Sánchez también aparece entre los detenidos
La operación ha incorporado además a una figura vinculada al entorno socialista: Cristian Corvillo, antiguo chófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017.
Corvillo aparece mencionado en informes de la UCO relacionados con el caso Koldo y con otras investigaciones, entre ellas la denominada trama de hidrocarburos.
También se le atribuyen, según la información publicada por Libertad Digital, funciones de intermediación con distintas empresas y personas vinculadas a la trama.
El pasado 3 de septiembre, Corvillo declaró como testigo junto a su hermano Rubén ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional dentro del caso de hidrocarburos.
Su presencia en la nueva operación refuerza el interés de los investigadores por reconstruir las conexiones personales y empresariales que rodeaban a determinados protagonistas de las diferentes piezas judiciales.
¿Qué investiga realmente el juez Moreno?
La clave de la investigación puede resumirse en varias preguntas:
- Cuál fue el origen de los 117 500 euros abonados mediante cheque bancario.
- Quién aportó realmente los fondos utilizados para completar la compra.
- Si existe alguna relación entre esos fondos y las presuntas comisiones investigadas en el caso Koldo.
- Qué papel desempeñó Ábalos en la búsqueda inicial de financiación.
- Si Koldo García o alguna persona relacionada con la trama intervino directa o indirectamente en la operación.
- Y si la compra del inmueble tuvo alguna finalidad de ocultar o transformar el origen de fondos presuntamente ilícitos.
Estas preguntas explican por qué una compraventa inmobiliaria que, sobre el papel, podría parecer una operación privada ha terminado incorporada a una investigación de la Audiencia Nacional.
Un nuevo frente para el caso Koldo
El caso Koldo ha dejado de ser una investigación limitada a determinados contratos relacionados con la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
Las pesquisas han ido ampliándose hacia presuntas comisiones, intermediaciones empresariales, operaciones patrimoniales y movimientos de dinero relacionados con personas del entorno político y empresarial de Ábalos.
La nueva pieza dirigida por Moreno introduce ahora el posible componente de obra pública y blanqueo de capitales.
La importancia de esta línea de investigación dependerá de si los agentes consiguen establecer una conexión documental entre los contratos investigados, las supuestas comisiones y las operaciones patrimoniales posteriores.
En ese contexto, el piso de Vallecas representa una pieza concreta que puede permitir a los investigadores reconstruir el recorrido de determinados fondos.
La incógnita decisiva: el origen del dinero
La compraventa tiene varios elementos objetivamente documentados: el precio de 125 000 euros, las arras de 7 500 euros, el posterior cheque bancario de 117 500 euros y las gestiones realizadas meses antes para intentar obtener una financiación cercana a los 130 000 euros.
Pero todavía queda por demostrar el elemento fundamental: el origen ilícito de ese dinero.
La investigación deberá determinar si los fondos procedieron realmente del patrimonio familiar alegado por De la Torre, de recursos propios de la compradora o de una tercera fuente.
Solo si las pesquisas encuentran una conexión probada con dinero procedente de delitos podría sostenerse jurídicamente una acusación por blanqueo vinculada a esta operación.
Por ahora, lo que existe es una investigación judicial abierta y una serie de indicios que la Guardia Civil trata de verificar.
Una investigación que vuelve a situar a Ábalos bajo el foco
El nombre de José Luis Ábalos vuelve así al centro de una investigación de la Audiencia Nacional.
El interés de los investigadores no se limita a la situación patrimonial de su antigua pareja. También se centra en las gestiones que el exministro realizó para conseguir financiación, sus vínculos con Koldo García y las posibles conexiones entre esas actuaciones y las operaciones económicas posteriores.
La investigación tendrá que establecer si se trató simplemente de la ayuda de una pareja para conseguir una vivienda o si, por el contrario, existió una operación destinada a canalizar fondos de procedencia ilícita.
La diferencia es sustancial.
Porque si la primera hipótesis se confirma, estaríamos ante una operación privada con circunstancias llamativas. Si prospera la segunda, el inmueble de Vallecas podría convertirse en una pieza más de un entramado destinado a convertir presuntas comisiones ilegales en patrimonio aparentemente legítimo.
Y esa es precisamente la cuestión que ahora debe resolver el juez Moreno.
Por el momento, ninguna de estas sospechas equivale a una condena. La última palabra corresponderá a la investigación judicial y, en su caso, a los tribunales.
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